Luis Alberto Romero

 

En el marco de las acciones emprendidas en Veracruz contra la corrupción y la impunidad del pasado reciente, la gobernadora Rocío Nahle parece decidida a desenredar la madeja de corrupción heredada del sexenio anterior.

Luego de ventilarse el caso de Jorge Sisniega, exdirector administrativo de los Servicios de Salud que habría encabezado una red de corrupción en SESVER, ahora otro nombre ha comenzado a resonar con fuerza en los círculos gubernamentales y sindicales: el de Francisco Enrique Pérez, exdirector del Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV).

Fuentes cercanas a la administración veracruzana han revelado que la mandataria solicitó a la Contraloría General del Estado los expedientes y carpetas relacionadas con la actuación de Pérez Carreón al frente del SSTEEV.

El ex funcionario habría incurrido en una serie de actos de corrupción durante la pasada administración.

El descontento en las altas esferas de Palacio de Gobierno no es casual: líderes sindicales del sector educativo han señalado reiteradamente al exfuncionario por un desvío sistemático de recursos públicos.

Durante su gestión, se habrían autorizado viáticos excesivos, gastos de representación injustificados  y operaciones financieras que apuntan a un manejo discrecional de los fondos del organismo.

Para agravar aún más la situación, trascendió que al cierre de la administración de Cuitláhuac García, Pérez Carreón se autoliquidó con una suma cercana a los dos millones de pesos, argumentando una supuesta “labor extraordinaria” al frente de la institución.

Estas revelaciones refuerzan el mensaje que ha querido transmitir la actual gobernadora: en Veracruz, la corrupción ya no será tolerada ni encubierta.

El SSTEEV ha sido señalado desde hace años por malos manejos financieros; en la pasada administración, exfuncionarios vinculados al duartismo fueron acusados de desviar cuotas sindicales. Paradójicamente, quien entonces denunciaba un millonario desfalco desde el gobierno de Javier Duarte, hoy enfrenta señalamientos similares.

Lo fundamental es que la administración de Rocío Nahle ha dejado claro que no habrá espacio para la impunidad, sin importar el cargo, el parentesco o la afiliación política. La limpieza institucional ya no es una promesa, sino una política activa. Los responsables de malversar recursos públicos tendrán que rendir cuentas ante la justicia.

Veracruz ha comenzado una etapa de escrutinio y rendición de cuentas. Casos como el de Sisniega o Pérez Carreón son apenas el inicio. La ciudadanía exige justicia, y el gobierno actual parece dispuesto a cumplir. El mensaje es contundente: el tiempo de la corrupción intocable ha terminado.

@luisromero85