odas fueron beneficiadas durante la presidencia del mismo magistrado y tienen socios y direcciones en común. Dos de ellas fueron declaradas fantasma y tres de esos socios ya están siendo investigados en otro caso de corrupción en México. Se trata de una red de empresas a las que se les entregó millonarios contratos por parte del Poder Judicial de Veracruz, a pesar de que muchas de ellas no cumplían con los requisitos legales o ni siquiera contaban con trabajadores.

El nombre del magistrado bajo cuyo mandato ocurrieron estos negocios es Edel Álvarez Peña, quien tomó protesta como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz el 1 de diciembre del 2016. Apenas 46 días después de ese acto, entregó cuatro contratos a este sospechoso grupo de empresas. Pero solo fue el comienzo. El político, que ha transitado del PRI a simpatizante de Morena, siguió el mismo esquema los siguientes tres años de su mandato.

Una investigación de CONNECTAS, AVC Noticias y Proceso revela que, a través del Consejo de la Judicatura que él presidía, se entregaron más de 350 millones de pesos (18.8 millones de dólares) a empresas que están vinculadas entre sí por socios, apoderados legales y domicilios comunes en Quintana Roo, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México.

Las empresas fueron creadas entre 2015 y 2017 e inscritas por los mismos notarios. Dos de ellas (Faundon e Índigo) se incluyeron en el listado definitivo del Sistema de Administración Tributaria como fantasmas, es decir que no tienen empleados ni activos fijos.

Para burlar la ley de adquisiciones de Veracruz, el área administrativa del Poder Judicial, entonces encabezada por Humberto Rodríguez Losilla, fragmentó los contratos: hizo adjudicaciones directas e invitaciones restringidas desde 20 mil pesos hasta 2 millones de pesos. Así hasta pagar más de 690 facturas.

Para hacerlo, la partida de servicios generales —asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios— aumentó en 200%. El mecanismo fue dividir el dinero en pequeños contratos casi indetectables y difíciles de verificar en su cumplimiento como: impermeabilizar, verificar alumbrado, desazolvar drenaje, evaluar la estructura de los juzgados, evaluar el sistema de audio, o tareas de mantenimiento como limpiar cristales, drenaje, cisternas, entre otros.

Esta investigación constató que, a pesar que desde 2017 las auditorías de la Contraloría General del Poder Judicial y del Órgano de Fiscalización del Estado detectaron irregularidades en los contratos y los proveedores, poco se hizo para determinar responsabilidades. A la fecha no hay sanción ni investigación en curso en contra de exfuncionarios del Poder Judicial ni tampoco en contra de las empresas por estos negocios.

Además de simular contratos con el Poder Judicial, los tentáculos de estas empresas se extendieron a otras dependencias en 2018, como el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que entonces era presidido por Juan Pablo Álvarez Delong, hijo del magistrado Edel Álvarez Peña; o la Secretaría de Educación de Veracruz, a cargo entonces de Enrique Pérez Rodríguez —cercano al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares— y quien también estuvo implicado en la estafa educativa veracruzana.

La telaraña de estas empresas cruza Veracruz y otros diez estados del país, donde también obtuvieron contratos en varias dependencias de gobierno, incluso en la Secretaría de la Defensa Nacional.

En la Justicia veracruzana, las licitaciones y adjudicaciones eran controladas por el director administrativo y representante legal del Poder Judicial, Humberto Rodríguez Losilla, y por Jesús Obeso Martínez, quien era el subdirector de recursos materiales. Juntos formaban parte clave del comité de licitación.

Actualmente ambos exfuncionarios figuran como socios y apoderados legales en dos de las empresas vinculadas al exmagistrado Edel Álvarez Peña y su familia.

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Para esta investigación se buscó vía telefónica al magistrado en retiro Edel Álvarez Peña, pero no se obtuvo respuesta. También se enviaron solicitudes de entrevista y cuestionarios a ex funcionarios clave en la contratación de empresas, pero no respondieron.

La actual magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre respondió a través de su oficina de comunicación que por el momento no estaba otorgando entrevistas a medios de comunicación.

¿Quién es Edel Álvarez Peña?

Edel Álvarez Peña es un político camaleónico que ha logrado transitar por la función pública a pesar de los cambios de corriente política, saltando por varios cargos, desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta la llamada cuarta transformación del actual partido en el poder, Morena.

Dueño de varios medios de comunicación en el sureste de Veracruz, su pasado priísta lo llevó a ser presidente municipal de su natal Coatzacoalcos, y después, presidente estatal del partido.

Con el exgobernador del PRI, Fidel Herrera fue director del registro público de la propiedad y del archivo general de notarías.

El exgobernador Javier Duarte —ahora preso por delincuencia organizada— lo nombró magistrado por un periodo de diez años. Primero fue visitador y luego titular de la tercera sala.

Su nombramiento como presidente del máximo tribunal de justicia de Veracruz coincidió con la llegada de uno de sus viejos amigos al poder, el ahora panista, el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

A su llegada, Alvarez Peña centró su plan de trabajo en la remodelación y rehabilitación de juzgados, la construcción de ciudades judiciales y la digitalización de la Justicia.

En sus informes oficiales presumió la creación de 36 juzgados y siete centros de convivencia familiar (Cecofam), además de los primeros juzgados digitales. Pero varios de esos juzgados serían desmantelados dos años después para salvar la crisis económica del Poder Judicial.

En 2017, cuando el Poder Judicial parecía estar en plena bonanza y modernización anunció la construcción de 21 ciudades judiciales para mejorar los servicios en los juzgados, evitar el arrendamiento de espacios y brindar un entorno más digno y eficiente para la procuración de justicia.

El contrato por 5 mil 916 millones de pesos para la construcción de estos espacios se entregó a un consorcio de empresas encabezado por la familia Ruíz Anitúa, quienes entre 2008 y 2014 crearon al menos siete empresas offshore en Panamá en paraísos fiscales a través del polémico despacho Mossack Fonseca, el centro de los Panamá Papers.

Las auditorías de la Contraloría General revelarían irregularidades en los contratos de terrenos, falta de expedientes técnicos, fallas en los registros contables y opacidad en los estados financieros.

Solo se alcanzaron a construir diez ciudades, las restantes fueron canceladas por el grave déficit financiero.

En 2019, a la llegada de la Cuarta Transformación (4T) adoptó el discurso de austeridad y emitió un decreto para recortar el gasto administrativo y una disminución del 20% en salarios de magistrados y consejeros.

En el caso del Poder Judicial de Veracruz el plan falló: los ahorros fueron mínimos y al contrario de los que se suponía ese año —el último de Edel Alvarez como presidente— entregó 98.1 millones de pesos (5.4 millones de dólares) a empresas “fantasmas”.

Aunque tenía la posibilidad de reelegirse por tres años más, declinó y cedió el paso a la magistrada Sofia Martínez por un periodo de tres años. Mujer cercana a la 4T no pudo terminar su periodo y solo ocho meses después fue destituida.

Martínez denunció entonces que su cese se debió a dos motivos: la negativa de pagar cobros irregulares a la empresa que construía las ciudades judiciales y la realización de auditorías a la administración de Edel Álvarez.

En su lugar llegó la magistrada Isabel Romero por tres años (2020-2022). Luego de concluir su periodo, fue elegida como presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien tomó protesta del cargo en diciembre del 2022.

Dos años después de la salida de Edel Alvarez, tras la pandemia del Covid, el Poder Judicial anunció que había caído en la peor crisis económica de su historia, con un déficit presupuestal de 500 millones de pesos (27 millones de dólares).

Cerró 29 juzgados, canceló la construcción de 10 de 21 ciudades judiciales y pidió una ampliación presupuestal para pagar salarios y mantener la operatividad.

La crisis se resumió en una frase de la magistra Isabel Romero dirigida a los trabajadores del Poder Judicial: “No hay dinero ni para arreglar el baño, cooperen de su sueldo”. Cientos de empleados de los juzgados fueron movidos de adscripción y otros despedidos, tras el desmantelamiento.

Pero esa crisis estaba muy lejos de la prosperidad que vivió Edel Alvarez, apenas 24 meses antes, cuando una cadena de empresas vinculadas entre sí facturaron servicios al Poder Judicial por más de 18 millones de dólares.

De las 20 empresas revisadas en esta investigación, 13 fueron creadas mientras Álvarez Peña era magistrado. La mitad fueron disueltas después de hacer contratos con el Poder Judicial. En 2019 algunas fueron liquidadas o cerradas por cambios de domicilio, según consta en las actas del registro público de comercio.

Las empresas creadas mientras Edel ya era magistrado fueron: Proveedora OX, Maracaibo, Aquacaribe, Unimontaño, Itzaes, Gran Groma, Globaltec, Garanuk, Praka Pacifico, todas de 2017; y en 2018, Eiram, Lemre de la costa, RJ diseño y People Lear Word.

A esta red se suman: Faundón, Indigo Asistence, Prime Latino, Diamante Innovadora, Operadora de comercio, Golfo LTD y Balamku, creadas anteriormente.

AVC Noticias visitó los domicilios que estas empresas registraron en el padrón de proveedores del Poder Judicial en Jalisco y Quintana Roo, pero dar con ellas es como entrar en un laberinto.

Actualmente ninguna se encuentra en el domicilio que registraron. En algunos casos este no existía, en otros casos nunca operaron ahí o las oficinas fueron desmanteladas.

Las primeras transferencias del Poder Judicial al grupo de empresas fueron el 27 de enero del 2017 (Edel Alvarez asumió el 1 de diciembre del 2016). Ese día se traspasaron 3.8 millones de pesos a Indigo, Balamku y Diamante Innovadora de México.

Las transferencias —según consta en las facturas emitidas— avalaron contratos para implementar un sistema de red interna eléctrica, una inspección en los sistemas eléctricos de los edificios del Poder Judicial y una consultoría de organización en recursos humanos.

En los siguientes meses, los pagos a esas mismas empresas y otras relacionadas se multiplicaron, pero ahora por una diversidad de servicios sin relación entre sí.

En tres años, el Poder Judicial pagó más de 100 facturas por 44 millones de pesos a la empresa Indigo Asistence y Faundón.

No hay pruebas de la ejecución de los trabajos en ninguno de los servicios pagados, según determinó una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los reportes de 2019 y 2020 de ese mismo organismo revelan que ambas empresas son simuladores de operaciones, no tienen activos fijos, empleados o domicilio oficial.

Aunque Faundón era una empresa sin activos ni empleados, el magistrado Edel Alvarez la había contratado un año antes, en 2018, para realizar una auditoría financiera a los recursos del Poder Judicial. Por ello pagó 754 mil pesos, según consta en una factura.

Indigo Asistence y Faundón fueron creadas en mayo del 2015 en Isla Mujeres, en Quintana Roo, por socios que iban de paso y sus domicilios físicos se ubican en el estado de Jalisco. Están conectadas a través de 16 apoderados legales comunes.

Son un eslabón de una cadena de complicidades.

Por ejemplo: Además de compartir socios, Indigo Asistence registró el mismo domicilio fiscal de Maracaibo y Balamku (otras empresas acreedoras de contratos con el Poder Judicial veracruzano que cobraron 50.1 millones de pesos, unos 2.7 millones de dólares), en un edificio en la ciudad de México. Pero en ese edificio no ubican su existencia en el directorio.

Faundón comparte socios con el resto de las 19 empresas investigadas en este reportaje. Una llamativa práctica en esta red es que cada dos meses estas empresas hacían revocación de socios y nuevos nombramientos, cambios de domicilio según el contrato en turno, y cambios en el objeto de la sociedad. Así, los miembros rotaban entre las sociedades.

Además algunas de estas compañías fueron creadas el mismo día. En sus actas constitutivas enumeran cientos de actividades comerciales que van desde siembra hasta exportación, sector inmobiliario y créditos, entre otros, pero ninguna especializada en los servicios que prestó al Poder Judicial.

Las empresas fueron creadas en los municipios de Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo; Jalisco en Guadalajara, y el estado de Nayarit, por un grupo de seis notarios.

Siete de ellas (Operadora Aquacaribe, Balamkú Comercio, Diamante Innovadora de México, Prime Latino y Faundón) fueron constituidas en Isla Mujeres por el notario Gerardo Robigue Herrera Sansores, pero sus direcciones físicas están en Acapulco, Guerrero y Guadalajara.

Algunas de las características de los socios y apoderados es que son personas de menos de 40 años que registraron domicilios en colonias populares.

Muy lejos del azul turquesa del mar caribe de Cancún y de los lujosos complejos hoteleros e inmobiliarios de la ciudad, se encuentra una franja de colonias donde se ubican los domicilios de Javier de Jesús Cetina Luna y Heidi Adriana Guadalupe Colli Xool, socios apoderados legales de 15 empresas que facturaron 252 millones de pesos (13.8 millones de dólares) al Poder Judicial en Veracruz.

Javier de Jesús parece ser un prodigio de los negocios. Apenas cumplió 31 años y entre 2015 y 2018, se convirtió en socio apoderado legal de varias empresas, no solo en Cancún, sino también en Jalisco.

El domicilio que registró en las actas constitutivas dista mucho de la bonanza de sus contratos. Es una pequeña lavandería en la avenida Rancho Viejo registrada con el nombre de “Agua Azul”. Al lado está la casa familiar. La empleada dice conocer a Javier, pero solo llega los sábados a visitar a su madre: no sabe dónde trabaja ni vive.

Heidi Adriana Guadalupe Colli Xool es socia de Javier en dos empresas. Para llegar a su casa hay que atravesar varios kilómetros del fraccionamiento Villas Otoch, una hilera de miles de casas habitación en una de las zonas más inseguras del próspero Cancún.

En la calle Tules, los vecinos reconocen a Heidi quien ahora está desempleada y aparece como militante en el padrón del PRI de Quintana Roo. Su casa que tiene al frente techo de lámina, luce descuidada. Tampoco parece ser la socia de dos empresas que facturaron más de 60 millones de pesos (3.3 millones de dólares) al Poder Judicial de Veracruz.

En el recorrido para verificar el domicilio de las empresas, se encontró que siete de ellas comparten dirección, pero en el lugar no las conocen. Otras se encuentran en casas particulares donde tampoco han oído hablar de ellas, o en centros de negocios de empresas virtuales. Otras solo fueron desmanteladas y algunas empresas registraron domicilios fiscales diversos.

Por ejemplo Proveedora del Comercio OX y Diamante Innovadora registraron la misma dirección en Cancún, en un fraccionamiento donde la dirección no concuerda con la plasmada en el padrón de proveedores. Cuando se pregunta en un domicilio, un ciudadano americano que ahora vive ahí cuenta que a su vivienda llegan varias notificaciones de empresas que desconoce.

Globaltec Ingenio y People Leaders Worlds también registraron la misma dirección en la colonia Vallarta Norte en Guadalajara, Jalisco. Pero en ese lugar se encuentra un centro de negocios que renta oficinas con mobiliario y no tienen notificada la existencia de estas empresas.

El domicilio que Lemre notificó al poder judicial es una tienda de cervezas, pero en otros contratos su dirección es la misma que Globaltec y de People, un consorcio de oficinas virtuales.

La empresa Golfo LTD, que facturó 8.3 millones de pesos al Poder Judicial en 2017, está representada por Rodrigo Iván Nadal López, un empleado quien es titular del departamento de estadística del Poder Judicial de Quintana Roo.

Aunque nueve de estas sociedades ya no tienen actividad porque se disolvieron o cambiaron de domicilio, algunas otras como Lemre realizaron un cambio de apoderados en abril del 2022. En julio de ese año recibió un contrato del gobierno de Guerrero por 560 mil pesos para la renta de equipos multifuncionales para apoyo de supervisión de obra pública de fondos federales.

Los recovecos de la ley

Para saltarse la ley de adquisiciones de Veracruz, el área administrativa del Poder Judicial entregó el dinero a las empresas a través de contratos por montos que no requerían una licitación pública.

Los recursos se pagaron con el capítulo 3000 de la partida de servicios generales, un ítem que en 2016, antes de la llegada de Álvarez Peña, apenas alcanzaba un presupuesto de 100 millones de pesos y que creció hasta 600 millones de pesos al cierre de su administración.

También se usó una excepción en la ley orgánica del Poder Judicial que señala que se podrá adjudicar de forma directa un contrato cuando se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes.

Empresas a 900 kilómetros para cortar el césped

La ley orgánica del Poder Judicial prevé que los proveedores con domicilio fiscal en Veracruz tendrán preferencia en las adjudicaciones, pero contrario a esto, se entregaron decenas de contratos a empresas ubicadas a 900 kilómetros para hacer tareas tan simples como sacar la basura o cortar el césped.

Aunque la Contraloría interna del Poder Judicial detectó desde el 2017 irregularidades en la entrega de documentación de las empresas al inscribirse como proveedoras, no consideró que hubiera un daño patrimonial.

Por ejemplo, ese año una auditoría reportó que las empresas Golfo LTD, Balamkú y Primer Latino compartían 11 socios con la empresa Faundón SA de CV —declarada fantasma por la SAT en 2020—, pero además todas incumplieron con los requisitos al inscribirse en el padrón de proveedores del Poder Judicial —un requisito indispensable para obtener contratos—.

En 2018, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado también detectó que las empresas habían incumplido con varios requisitos al recibir contratos, pero tampoco investigó más a fondo.

En 2019, otra auditoría interna del Poder Judicial detectó un incremento exponencial en el rubro de servicios generales y se generó una alerta por la forma en que se adjudicaron algunos contratos a estas empresas.

Ahí se señaló que, mientras que el presupuesto aprobado por el Congreso Local fue de 391 millones de pesos, el gasto del Poder Judicial real sumó 663 millones de pesos, es decir, 100% más.

En la auditoría de la cual se tiene copia, se informó que no había actas de pleno del Consejo de Judicatura con la aprobación de contratos y en otros casos faltaban firmas de los integrantes, había discordancia entre las proposiciones y los fallos de los ganadores, y no se había supervisado el cumplimiento del contrato de servicios.

En 2020, tres meses después de que el magistrado Edel Alvarez dejara la presidencia, el Poder Judicial realizó una auditoría especial al servicio de asistencia técnica para soporte en las videograbaciones de las salas de juicios orales y asistencia técnica para el apoyo de la Subdirección de Tecnologías del Poder Judicial y el Servicio de Asistentes Generales en el Tribunal Superior de Justicia. Los resultados fueron una alerta para la nueva administración cuando se detectó que cinco empresas —Unimontaño, Praka Pacifico, Eiram Blanc, Itzaes Industria—, quienes recibieron contratos por 20.1 millones de pesos (1.5 mdp), tenían los mismos socios legales.

Lo más grave que señala la auditoría es que no se encontró evidencia de que los proveedores hubieran proporcionado los servicios y se presumía la práctica de operaciones inexistentes y/o simuladas.

Los auditores advirtieron la comisión de actos ilícitos por parte de los ex servidores públicos y señalaron un daño patrimonial por el desvío de más de 18 millones de pesos (un millón de dólares), sin embargo no hubo denuncias en contra de los ex funcionarios, no hay abiertas investigaciones sobre el tema, ni se investigaron otros contratos.

La magistrada Sofia Martínez (quien falleció en febrero de 2022) denunció públicamente el 3 de diciembre del 2020 que unas horas después de ser elegida en el cargo fue llamada a la oficina del gobernador, Cuitláhuac García, quien se encontraba con el secretario de gobierno Eric Cisneros. Según la magistrada, García le dijo lo siguiente: “Es importante que tenga conocimiento de que el Secretario de Gobierno tuvo que realizar acuerdos con el anterior presidente (Edel Álvarez) y dentro de estos acuerdos quedamos en que no se haría una cacería de brujas, por lo cual todo aquello que tenga que ver con la anterior administración, lo tendrá que ver con el ingeniero Cisneros”. Martínez había sido destituida solo 8 meses después de asumir.

En su momento el Secretario de Gobierno negó estas acusaciones. “No tenemos ninguna injerencia en las decisiones del Poder Judicial”, dijo.

Una fuente del Poder Judicial que prefirió no revelar su nombre, aseguró que el acuerdo fue no avanzar en las investigaciones a la administración de Edel y dejar las auditorías en el olvido, pero durante la revisión detectaron que varias empresas de las contratadas, con domicilio en Cancún, no tenían domicilios reales: “Mandamos oficios a las empresas, no contestaron, nos dimos cuenta que algunas estaban en lotes baldíos”.

El Poder Judicial informó vía transparencia para esta investigación que ninguno de los funcionarios que presidieron las comisiones de contratación y licitación fue investigado por la adjudicación de estos contratos. Tampoco hay investigaciones en curso a las empresas y sus socios.