Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) El Ayuntamiento morenista de Córdoba enfrenta un presunto daño patrimonial por nueve millones de pesos en el uso de recursos provenientes de participaciones federales del ejercicio 2022, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El desfalcó está dividido en tres observaciones, la más grave es por un daño patrimonial por 6.9 millones de pesos en la adquisición de luminarias tipo led para alumbrado público a instalarse en Córdoba La auditoría federal señaló que el ayuntamiento convocó a una licitación pública simplificada donde invitó a dos empresas que simularon ser competencia, pero tienen a un mismo socio en común, con lo que se violenta la normatividad de la ley de adquisiciones y arrendamientos. La ASF emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los servidores públicos que hicieron una deficiente revisión en el procedimiento de licitación. En marzo del 2022, Juan Bernardo Zamora Sandoval y Rodrigo Hernández, jefe y director de adquisiciones, respectivamente, realizaron invitaciones restringidas para participar en la licitación de luminarias a las empresas: Le Mirad S de RL de CV, Blarma Construcciones S de RL de CV y a Luisa Fernanda Cortes Castillo. La licitación por 6.9 millones de pesos la ganó la empresa Blarma Construcciones quien firmó el contrato el 10 de marzo del 2022. La ASF observó que la empresa Blarmar Construcciones creada en agosto del 2021 tiene un socio en común con la empresa Le Mirad creada en octubre del 2018, se trata de Blanca Eloisa Aguilar Huerta. En el acta constitutiva de la empresa Blarmar Construcciones también aparece como socio principal el priísta Marco Antonio Aguilar Yunes, ex diputado federal y ex secretario del trabajo en la administración de Javier Duarte y ex procurador de justicia de la zona centro.
Blanca Eloisa se casó con el ex priísta Marco Antonio Aguilar en 2009.
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La ley de adquisiciones advierte que las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar contratos en los casos en que las empresas que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común.
“ Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas”, dice la normativa. La misma ley advierte que en tales casos, se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste deriven, por existir actos contrarios a las disposiciones de la ley de adquisiciones. En este contrato número 003/2022/LS/03/ARBITRIOS/2022300440303/01, se detectó que el ayuntamiento no presentó documento comprobatorio que acredite la entrada al almacén de los bienes adquiridos, ya que la factura no garantiza que la entrega se hizo en tiempo y forma.
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Otras observaciones
Otra parte de la auditoría señala observaciones al contrato AD-01A/ARBITRIOS/2022/01 que se refiere a la Contratación de servicios profesionales de asesoría mensual al sistema DIF del H. Ayuntamiento de Córdoba. La ASF, señala que el Ayuntamiento no presentó evidencia de la comprobación del gasto, consistente en los entregables del servicio tales como un informe de objetivos de la asesoría, manuales de asesoría, listado de personal beneficiado por un monto de 1.1 millones de pesos. También se observó el contrato AD-08-A/PARTICIPACIONES/2022, que es sobre la contratación de servicios profesionales de asesoría en la elaboración del proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos del municipio, donde no presentó evidencia de la comprobación de gasto, consistente en listas de asistencia o proyecto firmado comprobatorio del objeto del contrato, por un monto de 928 mil pesos.
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