Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval). América del Carmen Gómez Ortiz —madre de Xóchitl Nayeli, una de las bailarinas fallecidas en el ataque al bar Caballo Blanco— presentó una impugnación contra la decisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de no aceptar la Recomendación 30/2025 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que acreditó violaciones graves a la dignidad y a los derechos de víctimas y familiares tras la masacre ocurrida en Coatzacoalcos en 2019.

El ataque al bar Caballo Blanco ocurrió la noche del 27 de agosto de 2019 en Coatzacoalcos, cuando personas armadas rociaron gasolina, arrojaron artefactos incendiarios e impidieron la salida de quienes estaban en el lugar. En el sitio se reportó inicialmente la muerte de 30 personas (20 hombres y 10 mujeres) y 11 heridos. Con el transcurso de los días, el saldo se actualizó en distintas fuentes a al menos 34 personas fallecidas.

En el escrito presentado America, sostiene que las conclusiones de la Fiscalía “son ajenas a la realidad” y perpetúan la revictimización. El documento hace referencia al expediente de queja CEDHV/1VG/0480/2019 y a la recomendación 30/2025, desestimada por la institución encabezada por Verónica Hernández Giadans. 

“Queremos manifestar nuestra total inconformidad ante tal pronunciamiento, que no solo es alejado de la realidad, sino que es indignante saber y enterarse de cómo se conducen nuestras autoridades, en este caso las encargadas de no solo realizar las investigaciones correspondientes para ubicar a los responsables de las muertes de nuestros queridos familiares, sino también de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, que se encargaron de hacer los levantamientos de los cuerpos totalmente fuera de todo protocolo y respeto de los derechos humanos de las personas fallecidas, así como de la entrega de los mismos a nosotros”, señaló.

Agregó que los familiares vieron cómo eran trasladados desde el lugar de los hechos en el establecimiento Caballo Blanco y fueron revictimizados en el momento en que acudieron al Servicio Médico Forense de Cosoleacaque.

 “Observar cómo estaban dispuestos nuestros familiares ya fallecidos, el acomodo indebido de los mismos, la falta de medidas para dar la preservación requerida de sus cuerpos y todas aquellas acciones que constan en las actuaciones que integran el expediente de queja”, indicó. Advirtió que resulta ofensivo que la Fiscalía argumente que hubo respeto a los derechos humanos, situación que, afirmó, “carece de lógica y veracidad”.

“Queda más que claro que la autoridad que señalamos como responsable de violentar derechos humanos de nuestras víctimas directas y de nosotros, víctimas indirectas, quiere evitar asumir y reconocer su responsabilidad únicamente argumentando que rinde oficios y documentos en donde da su explicación, con la intención de justificar su indebida acción, trato y proceso en los hechos”. 

Lo que acreditó la CEDH y lo que rechazó la Fiscalía

La Recomendación 30/2025 documentó un patrón de trato indigno, negligencia en la preservación de evidencias y deficiencias en la identificación y entrega de cuerpos. Entre los testimonios recabados se registraron escenas de humillación y abandono institucional

“Mi hijo fue entregado en una bolsa de basura, y me pidieron que lo cargara yo misma… la bolsa tenía sangre escurriendo”.

“Me percaté del uso inhumano que utilizan estos servidores públicos, ya que tenían varios cuerpos tirados en la tierra y expuestos al vivo sol”.

“Ella tenía muchos golpes y el ojo izquierdo lo tenía de fuera y ya presentaba fétido olor”.

El cuerpo “se encontraba completamente desnudo y sucio, en donde le llegaba directamente los rayos del sol” y otros “estaban uno sobre otro”.

La CEDH concluyó que la FGE vulneró derechos de las personas fallecidas y de sus familias durante el levantamiento, identificación y entrega de restos. También señaló falta de contención emocional y contradicciones en los procesos forenses.

Entre las medidas recomendadas se incluyeron: reconocer públicamente la responsabilidad institucional, brindar atención psicológica a familiares, sancionar a funcionarios involucrados y aplicar protocolos forenses con enfoque de derechos humanos.

Pese a ello, la FGE rechazó las recomendaciones, lo que motivó la impugnación presentada el 4 de agosto.

“Aquí no hay apoyos, no hay nada”: queja por la insuficiencia de la CEAV

Además de exigir verdad y justicia, las familias reclamaron la insuficiencia de los apoyos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

América del Carmen explicó que el monto mensual no alcanza para cubrir educación, alimentación y gastos básicos de hijas e hijos que quedaron en orfandad. 

“Aquí no hay apoyos, no hay nada. Mi hijo pasó a tercer semestre de prepa y otro a tercer año de secundaria y tengo a la niña de cuarto año de primaria. La señora Columba también tiene en preparatoria, dos en primaria y una niña que ingresará a kinder y otros tienen alumnos en la universidad”, dijo.

Comentó que la CEAV les otorga 5 mil 600 pesos mensuales para todos los gastos, lo cual resulta insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

“Ni pedirle al Gobierno porque dicen que para nosotros no hay nada”, lamentó.

Tampoco de la instancia municipal han recibido apoyo. América relató que en una reunión con la CEDH y autoridades del ayuntamiento de Coatzacoalcos se comprometieron a brindar ayuda a través del DIF, pero nunca ocurrió.

“Nos lo negaron, dijeron que había programas de ayuda de despensa y láminas. Pedí láminas porque tengo una casita de 4 x 4 que se llueve, y dijo el director del DIF que para nosotros ‘Caballo Blanco’ no había nada”, expresó.

El ataque y las cifras

El ataque al bar Caballo Blanco ocurrió la noche del 27 de agosto de 2019 en Coatzacoalcos, cuando personas armadas rociaron gasolina, arrojaron artefactos incendiarios e impidieron la salida de quienes estaban en el lugar.

En el sitio se reportó inicialmente la muerte de 30 personas (20 hombres y 10 mujeres) y 11 heridos. Con el transcurso de los días, el saldo se actualizó en distintas fuentes a al menos 34 personas fallecidas.

Las y los deudos exigen que la FGE acate la Recomendación 30/2025, reconozca la responsabilidad institucional, corrija procedimientos forenses y de atención a víctimas, y garantice una reparación integral que no se limite a apoyos simbólicos o temporales.

 También demandan el esclarecimiento pleno de los hechos y sanciones a quienes participaron en la cadena de omisiones documentadas por la CEDH.

Mientras la impugnación sigue su curso, familias como la de América del Carmen insisten en que el dolor no prescribe y que el Estado mantiene una deuda con las víctimas directas e indirectas del Caballo Blanco: verdad, justicia y garantías de no repetición, acompañadas de apoyos reales y suficientes.