Xalapa, Ver. (AVC/Sofía Quiñones) – En el marco del Día Internacional contra la Fractura Hidráulica, organizaciones ambientales advirtieron que Veracruz es uno de los estados más expuestos al fracking, una técnica que implica la inyección de agua y químicos a alta presión para extraer gas y petróleo de yacimientos no convencionales.

La Alianza Mexicana contra el Fracking explicó que la entidad forma parte de la Cuenca Tampico-Misantla, que abarca también regiones de Tamaulipas, Puebla y San Luis Potosí, donde operan pozos que utilizan esta técnica desde hace más de una década.

La integrante de la Alianza, Alejandra Jiménez, detalló que el fracking provoca contaminación de acuíferos, suelos y aire, además de un consumo excesivo de agua, pues una sola perforación puede requerir hasta 29 millones de litros.
“En Veracruz, Puebla y Tamaulipas es donde más se ha desarrollado esta técnica, por las características geológicas de la cuenca”, indicó.

 Jiménez Ramírez  es defensora del territorio integrante de la Alianza Mexicana contra el fracking y de Corason (Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca Totonacapan), desde hace más de 20 años acompaña a comunidades campesinas e indígenas en la defensa de sus derechos.

En entrrevista para AVC Noticias, advirtió que en Veracruz los pozos se ubican cerca de zonas habitacionales e indígenas, donde los mecheros que queman gas no procesado ponen en riesgo la salud y la seguridad de las comunidades.
Entre los impactos más graves destacan la pérdida de agua, contaminación de cultivos y aire, y una alta incidencia de enfermedades como cáncer en zonas cercanas a los campos petroleros.

Resistencia comunitaria y avances legislativos

Pese a la continuidad de esta práctica, las comunidades veracruzanas y organizaciones civiles han impulsado actas de cabildo y asambleas comunitarias que declaran sus territorios libres de megaproyectos y de fracking.

Desde 2014, la Alianza ha promovido iniciativas legislativas para prohibir esta técnica. En 2025, legisladores del PT y Morena presentaron una reforma constitucional que busca su prohibición definitiva.
“El fracking no tiene licencia social en México. Las comunidades tienen claro que no lo quieren”, enfatizó Jiménez.


Pueblos originarios, los más afectados

La Alianza Mexicana contra el Fracking documentó afectaciones directas a pueblos náhuatl y totonacas de Veracruz, donde se han vulnerado derechos como la consulta previa y la autodeterminación.
Además de los impactos ambientales, el fracking ha provocado ruptura del tejido social, desplazamientos y la presencia de actividades ilícitas vinculadas al control del territorio.


Un discurso contradictorio

Aunque el gobierno federal mantiene un discurso de rechazo al fracking, la técnica no está prohibida por ley.
El Plan Estratégico de Pemex 2025–2035 contempla proyectos en “yacimientos de geología compleja” que, según la Alianza, requieren esta técnica.
“El discurso es de rechazo, pero las acciones apuntan a su continuidad”, señaló Jiménez, tras recordar que Pemex ha sostenido conversaciones con empresas privadas para ampliar la producción de hidrocarburos no convencionales.