AVC Noticias - Pemex Negligencia S.A. y sus zonas de muerte

Aspectos del ejido Mequetla, al norte de Veracruz. Fotos: Aldo Santiago.

La cuenca petrolera Tampico Misantla -donde se ubica Mequetla- destaca como una región con gran potencial para la expansión de extracción de hidrocarburos en el país. Ahí se concentran 60% de las reservas prospectivas de México, estimadas en 38.9 mil millones de barriles de crudo en “yacimientos de geología compleja”, de acuerdo con el Plan Estratégico 2025-2035, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con Pemex, el pasado 5 de agosto, y cuya extracción necesita del uso de fracking.

Pero en estas mismas tierras, la industria petrolera viene acompañada de un peligro constante, los derrames de hidrocarburos que afectan cuerpos de agua y comunidades.

Doña Gertrudis^* comparte a Avispa Mídia que, a pesar de la ocurrencia de un derrame de aceite crudo en marzo de este año en el ejido Mequetla, fue hasta el mes de julio, casi cuatro meses después, que realizaron las labores de limpieza, presenciadas por el equipo de este reportaje, en las inmediaciones de un cuerpo de agua que corre por el sureste del ejido y se junta al arroyo Miquetla, un afluente que se une más al norte al río Tuxpan y desemboca en el Golfo de México.

Tras recibir indicaciones, conducimos a través de un camino de terracería, escoltado por plantaciones de naranjos, hacia el área sur del ejido donde yace el pozo Miquetla-1, perforado en el año 1948, donde hubo, en sus inmediaciones, la ruptura mencionada por Doña Gertrudis de un oleoducto – oleoducto Miquetla-Jiliapa - empleado para llevar los hidrocarburos del campo para fuera de la comunidad.

Al llegar al lugar, encontramos el pozo escondido entre arbustos, mientras en la cercanía escuchamos el estruendo de una retroexcavadora usada para la limpieza del suelo contaminado, entremezclado con voces de trabajadores y el pitido de una sirena que advierte sobre labores riesgosas.

Una cuadrilla de trabajadores de Grumexsa S.A. de C.V. - subcontratada por Pemex mediante el Contrato 645014812, valuado en más de 231 millones de pesos - realizaba la limpieza del derrame mencionado por Doña Gertrudis.

En el sitio atestiguamos que los trabajadores manipulaban los lodos sin protección adecuada al realizar el saneamiento de una zona acordonada de unos 200 metros cuadrados, apenas con palas, cubetas y una retroexcavadora.

Labores de saneamiento acontecen meses después del derrame en el ejido Mequetla. Fotos: Aldo Santiago.

A menos de 50 metros del local, una familia descansaba bajo el techo de lámina de su hogar, cuyo patio alberga vehículos y maquinaria, generadores de energía, tanques y equipos para las operaciones en el campo petrolero. Entre ellos destaca un par de presas metálicas para gestionar residuos peligrosos resultado de las operaciones petroleras, que son usadas para contener elementos como el ácido sulfhídrico (H2S), un gas incoloro, inflamable y potencialmente mortal.

Maquinaria y vehículos propiedad de Diavaz se encuentran en las inmediaciones de un hogar edificado al costado del pozo Miquetla-1. Fotos: Aldo Santiago

Tímidamente, una persona de la familia confirmó que, a pesar de la ocurrencia de un derrame en marzo, los trabajos de limpieza apenas se iniciaron en el mes de julio. “El año pasado también estaban por aquí”, fue lo último que compartió antes de cortar la conversación y regresar al interior de su vivienda, situada a pocos metros del oleoducto donde se registró el derrame.

Los propios trabajadores de Grumexsa confirmaron para Avispa Mídia sobre el largo tiempo transcurrido entre la emergencia y el saneamiento.

El testimonio del habitante de la casa cercana al pozo, así como el de Doña Gertrudis, coincide con las denuncias de otros pobladores entrevistados por Avispa Mídia, quienes solicitaron el anonimato. Refieren que, en los dos años recientes, se han presentado hasta siete derrames en el ejido, ocasionados por ductos en malas condiciones, afectando parcelas donde las personas siembran sus naranjos y otros cultivos como maíz, frijol y calabaza, principales fuentes de ingresos de quienes aún viven en la región y no han sucumbido a la migración hacia los Estados Unidos (EEUU), frecuente en esta comunidad

Un miembro de las autoridades ejidales de Mequetla, consultado para este reportaje, quien también solicitó el anonimato, asevera que muchas personas han sido afectadas por los derrames que han dañado huertos y parcelas. Al momento de nuestra visita, algunas personas llevaban más de nueve meses esperando el pago de indemnizaciones. La autoridad aseguró que los derrames no se limitan a su comunidad, sino que, en el poblado cercano, Tincontlán, también se registran rupturas de los ductos.

Pemex confirmó, en respuesta a solicitud de acceso a información, la ocurrencia del derrame el 19 de marzo del 2025, el cual registró una pérdida de 900 litros agua-aceite en un área inicial de 120 metros cuadrados.

Sobre las acciones implementadas ante el derrame, la paraestatal especifica que, mientras la Operadora de Campos DWF suspendió el bombeo de hidrocarburos, Pemex solicitó a su personal de mantenimiento la realización de “trabajos de excavación, reparación provisional [del oleoducto para que se pudiera retomar el flujo de hidrocarburo] y saneamiento del área impregnada de aceite”. Sin embargo, como constató este reportaje, la limpieza fue realizada cuatro meses después.

Además, la paraestatal confirmó las denuncias de pobladores en Mequetla, al señalar que, sólo en 2024, ocurrieron siete fugas de hidrocarburos, entre mayo y octubre, sumando 2,450 litros de agua-aceite y 400 litros de crudo derramados en el ejido. Para todos los casos dijo que ordenó las mismas acciones de reparación provisional del ducto y la limpieza del local. Sin embargo, los habitantes de Mequetla han aseverado que la limpieza no ha sido inmediata y los derrames han causado contaminación de agua y suelos.

Este reportaje también cuestionó a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), responsable por regular y supervisar las actividades de la industria petrolera. La agencia confirmó que sí hay registros de derrames en el ejido y que existen procedimientos administrativos abiertos, pero sostuvo que los detalles fueron reservados por cinco años. Su argumento fue que “constituye información que, en caso de ser otorgada al solicitante, obstruiría las actividades de verificación e inspección”.

Responsables

La extracción de hirocarburos en el campo Miquetla se realiza en yacimientos tanto convencionales como no convencionales. Foto: Aldo Santiago

A lo largo y ancho del pueblo de Mequetla, tanto en el área rural como en el casco urbano, se han perforado 137 pozos para la extracción de hidrocarburos, aunque actualmente sólo operan 49 de ellos, según datos de la Secretaría de Energía (Sener), actualizados al año 2025.

La explotación petrolera en este campo se realiza bajo el Contrato de Exploración y Extracción CNH-M5-MIQUETLA/2018, un acuerdo entre la paraestatal Pemex, la Operadora de Campos DWF y la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), órgano autónomo que era responsable por gestionar los contratos petroleros en México hasta marzo del 2025, cuyas funciones ahora ejerce una dependencia desconcentrada de la Sener, la Comisión Nacional de Energía.

Dicho contrato permite la extracción en yacimientos, convencionales y no convencionales, en un área de 139.7 km², y establece a DWF como la operadora principal en el campo Miquetla. Las cláusulas del contrato sobre las actividades de producción, seguridad operativa e industrial y protección al ambiente responsabilizan a esta empresa en todos los pozos, ductos e instalaciones dentro del campo. También es responsable de reparar de inmediato cualquier daño ambiental en el área que comprende el proceso de exploración y explotación.

En el contrato, la corresponsabilidad alcanza también a la extinta Pemex Exploración y Producción (PEP) cuyas facultades actualmente asume Pemex desde el 19 de marzo del 2025, mismo día del derrame en Miquetla, mediante la Dirección de Exploración y Extracción.

En entrevista para Avispa Mídia, el abogado Francisco Xavier Martínez, integrante de la organización Territorios diversos para la vida, ratifica la responsabilidad ambiental de ambas empresas, en partes iguales, debido a su participación en sociedad para la extracción del petróleo, tal y como lo establece el contrato.

Grupo Diavaz es un conglomerado mexicano con presencia en toda la cadena productiva de hidrocarburos. Sus subsidiarias operan desde la instalación y mantenimiento de ductos y plataformas en aguas profundas; la extracción en campos terrestres; el suministro de equipos y tecnología para la recuperación mejorada en campos maduros; así como con la comercialización de gas en ciudades como Nuevo León, al norte de México e importación de insumos para las perforaciones desde Estados Unidos.

El otro socio clave es la trasnacional Weatherford, reconocida en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos como una de las empresas proveedoras de equipos y servicios de fractura hidráulica para la explotación del llamado gas de lutitas o “shale”, mejor conocida por la implementación de la técnica de fractura hidráulica (fracking). Su experiencia en la aplicación del fracking fue transferida a México a partir del año 2009, cuando colaboró con Pemex en el proyecto “Aceite Terciario del Golfo” (ATG), también ubicado en la Cuenca Tampico-Misantla, para la perforación de más 800 pozos.

El contrato de explotación de hidrocarburos, así como la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto (MIA-R),establece que los derrames exigen “atención inmediata” en el terreno, cosa que no pasó en el derrame en las inmediaciones del pozo Miquetla-1, en marzo de 2025.

Los vecinos de Mequetla indicaron que las lluvias arrastraron parte del aceite que permaneció desatendido en el lugar del derrame durante meses, extendiendo el hidrocarburo a suelos y cuerpos de agua cercanos. En la misma zona, a unos 500 metros, el equipo de este reportaje atestiguó otra cuadrilla de trabajadores que atendían la contaminación expandida.

Debido a que el crudo derramado permaneció desatendido, las lluvias trasladaron la contaminación hacia cuerpos de agua cercanos al pozo Miquetla-14.

La autoridad ejidal de Mequetla también lo confirma. “Toda el agua ya la contaminaron, porque todo se va a los escurrideros”, aseveró.

La corta distancia entre el sitio del accidente y los arroyos vulnera las cuencas locales, un riesgo que la MIA-R ya advertía, reconociendo que el campo Miquetla “se encuentra dentro de sitios con importantes cuerpos de agua dulce”, tales como lagos, ríos y arroyos, “de alta importancia ecológica y enfrentan riesgos de deterioro”, con una “duración del impacto permanente” en caso de ocurrencia de derrames.

Con la información y georreferencias recabadas por el equipo de Avispa Mídia, en julio de 2025, se confirmó que la contaminación del derrame ocurrido en marzo todavía alcanzaba suelos y cuerpos de agua hasta en un margen de 500 metros de donde se suscitó la ruptura del oleoducto.

El equipo de este reportaje recorrió las inmediaciones de la ruptura del oleoducto ocurrida en marzo del 2025, donde testimonios recogidos señalan la expansión de la contaminación y afectaciones en cuerpos de agua producto de derrames anteriores.

Red de ductos deteriorada

Mientras un trabajador de Grumexsa confirma que los derrames ocurren con frecuencia, señala las reparaciones improvisadas sobre el oleoducto, justo donde atestiguamos los rastros del derrame de marzo de 2025.

El oleoducto expuesto – en esta zona debería transcurrir bajo tierra - demuestra corrosión avanzada, tramos envueltos en nylon y varias grapas metálicas que contienen temporalmente la fuga para restablecer el flujo del hidrocarburo hacia la ciudad de Poza Rica, desde donde es bombeado a su destino final: la refinería de Salamanca, en Guanajuato, para producir gasolinas y otros petrolíferos.

La MIA-R establece que el mantenimiento de los ductos debe apegarse a la Norma NRF-030-PEMEX-2009, la cual distingue entre reparaciones provisionales, como el uso de grapas de fábrica, o improvisadas para contener daños, además de reparaciones definitivas, que implican reemplazar el tramo que está fuera de norma.

La normativa es clara al ordenar que, aún cuando se realice una reparación con carácter provisional, “se debe programar la reparación permanente o definitiva en el menor tiempo posible”.

Lo que pudimos constatar en el sitio del derrame, meses después de la ruptura de la línea, es que el tramo del oleoducto en malas condiciones se encontraba operando aún con avanzada corrosión y dos parches provisionales.

Mientras en Miquetla se opera exclusivamente con una red de ductos construida por Pemex en la década de 1960, la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó a DWF aplazar inversiones en la construcción de nueva infraestructura. La empresa es la responsable contractual para invertir en nuevas obras.

En febrero del 2024, la resolución CNH.05.01/2024, emitida por la Comisión, avaló modificar la cantidad de ductos de recolección a ser construida por DWF. Desde el año 2021, la empresa tenía el compromiso para edificar 506 ductos. Sin embargo, la CNH aprobó la reducción a 406 ductos, aceptando el argumento de la privada de “optimización” de infraestructura mediante el uso de macroperas - instalaciones que permiten conectar múltiples pozos a un único ducto, disminuyendo costos y evitando instalar líneas individuales por pozos, lo que conferiría más seguridad al proceso. Entre 2021 y 2023, la empresa no construyó ningún ducto. Tiene el plazo hasta 2048 para construir paulatinamente la nueva infraestructura.

En entrevista para este reportaje, Manuel Llano, director de CartoCrítica, enfatiza que la infraestructura de ductos en México no cumple con calidades óptimas para su operación. Explica que existe un desfase entre las condiciones que deberían presentar, acorde a las normas, y su mantenimiento real.

Trabajadores de Grumexsa refirieron que laborarían sin parar un mes adicional tras nuestra visita, si las lluvias lo permitían, para poder avanzar con la limpieza de la zona afectada por el derrame.

Los derrames en la Huasteca Veracruzana reflejan la precariedad de la red de ductos de Pemex a nivel nacional, alimentada por una política que privilegia la extracción sobre el mantenimiento. Para 2025, Pemex destinó 68.4% de su presupuesto anual a actividades relacionadas a la extracción y apenas 14.3% a Logística y Salvaguarda Estratégica, clave para el mantenimiento de ductos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que, en 2021, por ejemplo, se realizaron 3,110 mantenimientosde ductos en nivel nacional, menos de la mitad de lo requerido.

Llano lamenta que no existe información pública actualizada sobre la ubicación de los oleoductos, el año de inicio de operación, ni volúmenes transportados, lo que evita conocer el estado en que operan. Además, resalta que la extracciónse realiza mayormente en campos viejos, como en Mequetla, provocando que se extraiga una mayor cantidad de impurezas que desgastan y reducen la vida útil de los ductos.

Acorde a datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) - quien fiscalizaba los derrames antes de que esta facultad se trasladara a la ASEA en 2015 -, tanto Pemex como sus subsidiarias registraron a nivel nacional, entre 1999 y 2017, alrededor de 10,700 derrames de hidrocarburos.

Más comunidades afectadas

La extracción en el ejido Mequetla también afecta a otros territorios cercanos. El hidrocarburo extraído es transportado mediante el oleoducto Miquetla-Jiliapa hacia afuera del campo petrolero, atravesando otras comunidades en una extensión de 12 kilómetros, hasta llegar a la deteriorada batería de separación Jiliapa I, ubicada en la comunidad nahua de Ignacio Zaragoza, municipio Castillo de Teayo.

La Batería de Separación Jiliapa I, en mal estado, conecta con el flujo de hidrocarburos bombeado desde la Batería de Separación Miquetla I, ubicada en el ejido de Mequetla. Ambas infraestructuras, propiedad de Pemex, son claves para la industria pues es ahí donde se separa el crudo del gas, agua y sólidos para su acondicionamiento, transporte y comercialización. Las baterías son conectadas por el oleoducto Miquetla-Jiliapa. Fotos: Aldo Santiago

Los habitantes de Ignacio Zaragoza y de la comunidad vecina tutunaka de Jiliapa I, ambas afectadas por los derrames, denuncian como negligente la operación de la infraestructura de Pemex que ha devastado tierras, agua, biodiversidad y ha afectado la agricultura, su principal fuente de ingresos.

Derrames vinculados con la operación negligente del oleoducto Miquetla-Jiliapa datan de hace más de una década. Las fugas continúan ocurriendo, agravando la contaminación en la región.

Tras cada fuga, relatan los pobladores, trabajadores de Pemex parchan el oleoducto Miquetla-Jiliapa para restablecer el flujo, pero la contaminación queda sin atender durante meses. Esto lo ilustra el caso ocurrido en Jiliapa I donde, para julio del 2025, dos derrames ocurridos en septiembre y diciembre del 2024 aún mostraban rastros de contaminación en el arroyo que atraviesa la comunidad. El campesino Don Germán recuerda con tristeza que, hace 30 años, ahí existían camarones, acamayas y tortugas, pero hoy han desaparecido debido a los altos niveles de contaminación.

En uno de los derrames en el oleoducto Miquetla-Jiliapa, ocurrido en marzo de 2024, habitantes de Ignacio Zaragoza denunciaron a Pemex ante la ASEA por falta de mantenimiento en ductos. Aunque entregaron la queja en mayo para abrir el expediente ASEA/UAJ/DGCT/2C.16/025/2024, como respuesta solo recibieron un oficio en que la paraestatal prometía acudir a la población para dialogar, lo cual, al cierre de esta edición aún no se ha concretado.

También denuncian que han recibido amenazas para disuadirlos de hacer denuncias públicas. Don Emiliano recuerda que, una vez reportado el incidente de marzo del 2024, trabajadores de Pemex que arribaron para reparar el oleoducto, llegaron acompañados de abogados, quienes intimidaron a los pobladores sugiriéndoles “evitarse problemas” al no denunciar la contaminación.

Esta situación ha generado temor e incertidumbre sobre las consecuencias legales de manifestarse. “Queremos protestar, pero tenemos miedo”, expresan, aludiendo a presiones como las vividas en el ejido Mequetla, donde testimonios anónimos aseguran que, tras el bloqueo de la población a los pozos, durante octubre del 2024, Pemex ha emprendido una serie de amenazas y persecución contra quienes participaron en las manifestaciones que detuvieron las operaciones de la industria.

A pesar de las denuncias y las protestas, los derrames no se detuvieron. Apenas en la segunda semana de septiembre del 2025, habitantes de ejidos en los municipios de Castillo de Teayo y Tihuatlán denunciaron un nuevo derrame que contaminó un arroyo de la región.

El 12 de septiembre pasado, habitantes de Jiliapa I, en el municipio de Tihuatlán, denunciaron un nuevo derrame que afecta el arroyo de la comunidad. La contaminación deriva, una vez más, al mal funcionamiento de la infraestructura de Pemex.

Además del oleoducto, dos gasoductos de Pemex pasan por dentro de la comunidad de Ignacio de Zaragoza y sus habitantes también alertan por el riesgo que representan. En la comunidad de Jiliapa I atraviesan otros dos gasoductos privados, propiedad de Gasomex y TransCanada, lo que incrementa el peligro en caso de fugas u otros incidentes. Acorde a datos de Pemex, entregados vía transparencia, sólo en abril del 2025 se registraron cinco fugas en un gasoducto en las inmediaciones de estas localidades.

Para Alejandra Jiménez, integrante de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonocapan (CORASON), quien atestiguó los derrames que ocurrieron en Tihuatlán y Castillo de Teayo, estos revelan cómo decisiones tomadas desde los escritorios de Pemex y Sener se materializan en graves impactos en los territorios indígenas.

La activista destaca la ausencia de servicios de salud por parte del Estado mexicano, así como el incumplimiento de promesas de empleo por parte de la industria petrolera. En situaciones de derrame las mismas comunidades terminan cubriendo los daños a su salud y al ambiente.

Pese a la solicitud de información requerida a la ASEA para verificar el avance de las denuncias populares, tanto de la colonia Ignacio Zaragoza como de Jiliapa I, la respuesta de la agencia fue reservar la información al argumentar que forman parte de expedientes todavía abiertos.

Aunque la dependencia asegura que las denuncias continúan su trámite, no especificó cuáles han sido los avances en las labores de inspección, ni tampoco si han realizado labores de remediación ni si han aplicado sanciones a los responsables.

Derrame en Jiliapa

Sin responsabilidad

Pese a que el oleoducto Mequetla-Jiliapa es fundamental para el transporte del hidrocarburo extraído en Mequetla, los riesgos ambientales vinculados a este oleoducto no fueron incluidos en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.

Una parte del oleoducto corre dentro del campo Miquetla, pero otra parte sale del polígono rumbo a Poza Rica, donde también impacta diversas comunidades, como pudimos constatar en julio del 2025. “Su trazo completo debió evaluarse como infraestructura asociada a la extracción en Miquetla. Al no hacerlo se omite su responsabilidad en la generación de impactos acumulativos derivados de los derrames”, sostiene el abogado Martínez, especialista en derecho ambiental, quien señala que ésta es una irregularidad recurrente en la industria para invisibilizar riesgos.

Acorde al litigante, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente obliga que, cuando se evalúe un proyecto, se tienen que considerar todos y cada uno de los elementos que lo constituyen para, con ello, medir el impacto y riesgo ambiental verdadero. “Cuando tú no haces eso, estás ocultando información para que tu proyecto pueda pasar y puedas decir que tiene pocos riesgos”, afirma.

Beneficios contractuales

Fue en diciembre del 2012 cuando Pemex Exploración y Producción (PEP) lanzó licitaciones internacionales para la adjudicación de seis contratos de servicios en el Paleocanal de Chicontepec, un campo petrolero de 3,800 km²localizado en Veracruz. Allí, las áreas de Amatitlán, Soledad, Humapa, Miahuapan, Pitepec y Miquetla fueron puestas a concurso con la participación de grandes trasnacionales, entre ellas Halliburton y Baker Hughes.

En julio de 2013, el fallo de la licitación otorgó a Operadora de Campos DWF el Contrato Integral de Exploración y Producción (CIEP) para realizar servicios para PEP en el área Miquetla. Este contrato estableció como objetivo primordial la “ejecución de todas las actividades necesarias para la producción de Hidrocarburos”, mientras que afirmaba que la explotación petrolera en el campo Miquetla sería en todo momento propiedad de PEP.

Bajo ese esquema de servicios, PEP conservó el control y poder de decisión sobre la exploración, desarrollo, producción y abandono de los pozos, así como la comercialización del hidrocarburo y la fiscalización de presupuestos presentados por DWF.

En la práctica, PEP seguía siendo la responsable del campo y contrataba servicios a la privada, quien entre los años 2013 y 2018 también se enfocó en actividades de exploración mediante el uso del fracking. En ese periodo, CartoCrítica documentó - con datos de CNH y Sener - 387 fracturas hidráulicas en 66 pozos del campo Miquetla.

Actualmente se desconoce cuántos pozos han utilizado la técnica del fracking en Miquetla, debido a la opacidad del gobierno. Mientras tanto, los dictámenes técnicos de la CNH para aprobar sus planes de desarrollo —desde el primero de 2019 y sus modificaciones en los años 2021 y 2024— confirman que Operadora de Campos DWF cuenta con autorización para aplicar fracturamiento hidráulico y técnicas asociadas en yacimientos no convencionales dentro del campo Miquetla.

Con la promulgación de la reforma energética del ex presidente priísta Enrique Peña Nieto, ocurrida al final del año 2013, se creó la figura del Contrato para la Exploración y Extracción (CEE). Esta nueva modalidad promueve una flexibilidad contractual que se materializa con una mayor autonomía en la administración de inversiones y comercialización de hidrocarburos por las privadas, función antes exclusiva de Pemex.

En 2017, PEP y Operadora de Campos DWF solicitaron a la Secretaría de Energía (Sener) el cambio de régimen para la nueva modalidad de contrato.

El 16 de noviembre del 2018, Pemex Exploración y Producción (PEP) y Operadora de Campos DWF firmaron un convenio de terminación anticipada del CIEP para luego, cinco días después, el 21 de noviembre, consolidar el nuevo contrato.

El nuevo régimen transformó el papel de la privada, que hasta entonces solamente prestaba servicios a PEP. Con el nuevo acuerdo se le otorgó el 51% de participación contractual a Operadora de Campos DWF -equivalente a 160.4 millones de dólares- y el 49% restante para PEP.

Pero la mayoría accionaria de DWF se conformó principalmente por compensaciones de adeudos que la paraestataltenía con la empresa, en el período que había sido su prestadora de servicios, entre 2013 y 2018.

Acorde a una auditoría de la ASF emitida en febrero del 2025, los montos que componen la mayoría de la participación son: 10.6 millones de dólares por adeudos acumulados de PEP en 2018; 99.8 millones por gastos que la contratista aseguró haber hecho entre 2013 y 2017 y que no habían sido reembolsados por Pemex; el restante, 50 millones de dólares, corresponde a un pago que DWF debería cubrir a Pemex.

En los hechos, la paraestatal transfirió a la privada la mayoría del proyecto para saldar deudas, cediendo así más de la mitad de la participación en el campo petrolero.

La auditoría de la ASF alertó irregularidades en el proceso de cambio de contrato, porque “no se acreditó cómo se determinó el valor total del proyecto ‘CEE Miquetla’, que fue la base para establecer el porcentaje de participación del 51% de la contratista”.

El 13 de noviembre del 2018, durante la sesión de la CNH -quien tenía la función de gestionar los términos del cambio de contrato y autorizarlo-, el comisionado Héctor Alberto Acosta Félix hizo énfasis en que la Comisión no tuvo nada que ver con el contenido del nuevo contrato, señalando que las condiciones fueron negociadas por la Sener, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Pemex, dejando a la CNH solamente el trámite administrativo de aprobar el contrato. “Lo único que nosotros hacemos es firmar (…) el contrato en los términos que ellos lo dictan”.

Para la especialista en regulación energética en México, doctora Miriam Grunstein Dickter, esto representa un caso grave de falta de transparencia en un proyecto financiado con recursos públicos. El propio reporte de la ASF detectó irregularidades en las cuentas de PEP vinculadas al contrato Miquetla que representan un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 75.9 millones de pesos.

Para este reportaje se solicitó a la ASF acceso a la documentación de la auditoria 254, en la cual se identifican las irregularidades en el contrato Miquetla. Sin embargo, la respuesta del órgano fue reservar, por cinco años, los datos requeridos. Su argumento es que actualmente existe un proceso abierto para fincar responsabilidades administrativas contra funcionarios de Pemex bajo el expediente 2025/PEP/DE19.

Más privilegios

La CNH aprobó modificaciones en los planes de desarrollo del campo de Miquetla que favorecieron a DWF. Estos planes son instrumentos obligatorios y su incumplimiento deriva en multas o incluso la terminación del contrato, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos.

En este sentido, la CNH hizo una autorización “provisional”, otorgada a finales del 2018, para que la empresa utilizaralas Baterías de Separación Miquetla I y II, edificadas por Pemex en los años sesenta, con capacidad de almacenamiento limitada. Pese a que el permiso debía ser temporal, inicialmente dos años, la CNH permitió que la empresa utilizara porcasi siete años, hasta julio de 2025, sin ampliarlas, de manera que la DWF operó sin invertir en instalaciones propias, abaratando costos. Las nuevas inversiones, consistentes en la ampliación de esta infraestructura deben ocurrir solamente a partir de 2028.

Además, en los años 2021 y 2024, la extinta comisión autorizó modificaciones que redujeron las inversiones generales del proyecto, previstas para 30 años, en casi un 22% (de 1,870 millones a 1,464 millones de dólares) y desplomaron las metas de la producción, que pasó de 102.7 a 54.5 millones de barriles de crudo y de 212.7 a 128.4 mil millones de pies cúbicos de gas.

Expansión del fracking

Durante el proceso que le dio a DWF el 51% de participación contractual en la explotación del campo Miquetla, en 2018, la extinta CNH detalló que en el área Miquetla confluyen otros cuatro campos petroleros bajo control de Pemex, que en conjunto suman 643.6 km². En este momento, la comisión respaldó la recomendación de la Sener para permitir la futura unificación de estos campos bajo la administración de Operadora de Campos DWF, mediante un proceso administrativo, sin pasar por un nuevo proceso de licitación.

Área contractual Miquetla y los cuatro campos que podrían unificarse bajo el mismo operador. Fuente: CNH.

La estrategia presentada por Pemex, el 5 de agosto de 2025, habla que la cuenca petrolera Tampico-Misantla, donde está el campo Miquetla, está integrada por “yacimientos de geología compleja”, sin citar que éstos requieren la técnica de fracking para su explotación.

Sin embargo, organizaciones anti fracking alertan que sí requieren esta técnica. Para Alejandra Jiménez, el Plan Estratégico evita nombrar al fracking pero lo habilita, trasladando los costos ambientales y sacrificando a pueblos indígenas bajo la justificación de resolver las finanzas de la paraestatal, la petrolera más endeudada del mundo.

El uso de esta técnica se contrapone a lo prometido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su campaña presidencial, en el año 2024. En su documento titulado los 100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación afirma que “no se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”.

“México no puede limitarse en sus opciones de desarrollo. Si necesitamos ese gas, lo vamos a sacar”,sentenció Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, el 5 de agosto, durante la difusión de la estrategia para la próxima década.

Entre los mayores riesgos, organizaciones ambientalistas aglutinadas en la Alianza Mexicana contra el Fracking señalan el despilfarro del agua. Ejemplifican lo que ocurre actualmente en Texas, donde un solo pozo puede consumir entre 60 y 151 millones de litros. Eso convierte estas perforaciones en “fracturas monstruosas” capaces de transformar regiones enteras en zonas de sacrificio, un horizonte que amenaza con agravar la realidad de los territorios en la Huasteca Veracruzana.

El equipo de este reportaje solicitó entrevistas a Sener, Diavaz, la trasnacional Weatherford y la Operadora de Campos DWF, pero no fueron atendidas hasta el cierre de esta edición.

^{*Algunos nombres han sido modificados por cuestiones de seguridad}

Reportaje: Aldo Santiago

Edición y acompañamiento editorial: Renata Bessi

Mapas e infografías: Santiago Navarro F

Diseño y programación: Pablo Angel Osorio

Video y gráficas: Aldo Santiago