Xalapa, Ver (AVC/Ana Mozo)  En Veracruz, uno de los tres estados del país que tiene activa una doble Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) —una por violencia feminicida y otra por agravio comparado—, las cifras de violencia persisten sin mejoría. 

A propósito del 25N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), se revela que, desde 2016 (fecha en que se declaró la alerta feminicida) hasta octubre de 2025, Veracruz ha registrado 693 feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

A nueve años de la primera alerta, este registro evidencia que las medidas implementadas no han logrado reducir la violencia que enfrenta la mujer en la entidad, señalaron en entrevista para AVC  Adriana Fuentes de Equifonía y Estela Casado del Observatorio de la Universidad Veracruzana. 

 Cifras que no mejoran 

Veracruz cuenta con dos Alertas de Violencia de Género, la primera  declarada el 23 de noviembre de 2016 por violencia feminicida, la segunda  declarada el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado, lo que coloca a la entidad como uno de los tres estados con doble alerta activa, junto con Estado de México y Guerrero.

A casi una década de la alerta feminicida, la situación para las mujeres no ha mejorado de forma sustantiva, así lo advierte Estela Casados González, académica de la Universidad Veracruzana (UV) y responsable del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres), quien señala que pese a los instrumentos legales disponibles, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente y carente de voluntad política. 

Casados subraya que, desde 2016, los datos oficiales muestran estancamiento.  

Las cifras de feminicidio 

En 2015, cuando todavía no había declaratoria de AVGM, el SESNSP tiene registro de 40 feminicidios; en 2016 la cifra aumentó a 58 (la alerta se activó en noviembre).  

En 2017 y 2018 las cifras aumentaron exponencialmente, pues Veracruz registró 100 y 101 casos, respectivamente. En 2019 se contabilizaron 98 feminicidios; en 2020, 73; en 2021, 67; y en 2022, 65. Para 2023 la cifra descendió a 45 casos, pero volvió a subir a 53 en 2024. 

 Entre enero y octubre de 2025, el Secretariado Ejecutivo ha reportado 33 feminicidios.

 Estamos en la misma situación que antes de la alerta 

“No necesariamente se han reducido los feminicidios en el estado de Veracruz a partir de la declaratoria de violencia de género. Puede haber un decremento con relación a los picos más altos de feminicidio que hubo entre 2017 y 2020, pero en realidad ahorita estamos prácticamente en la misma situación que en años previos a la declaratoria”, dice Casados quien ha estudiado las cifras desde hace varios años. 

Veracruz incluso llegó a ocupar el primer lugar nacional en feminicidios en 2017, y desde entonces se mantiene entre los primeros cinco lugares del país. Para Casados, esto evidencia que las medidas implementadas no han tenido un efecto real. 

“Las cosas sí han estado cambiando, pero han estado cambiando porque la violencia va avanzando y va atacando de distintas formas a las mujeres. No hay cambios cualitativos a partir de un buen seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género en Veracruz por el delito de feminicidio, porque no ha habido una implementación adecuada”. 

Un mecanismo rebasado y sin seguimiento claro

Adriana Fuentes de la organización civil Equifonía, advierte que, a un año del nuevo gobierno federal, no existe claridad sobre el seguimiento de las AVG, ni en la coordinación nacional ni en el trabajo de los ayuntamientos de Veracruz. Afirma que esta falta de definición ha sido una preocupación constante en los grupos de trabajo y se refleja también en la manera en que se emiten, actualizan o supervisan las medidas.

Fuentes reconoce la utilidad de las alertas en ciertos aspectos, pero subraya que el mecanismo ya fue rebasado.

“Si bien es cierto que las alertas han impulsado y visibilizado la problemática de la violencia en contra de las mujeres. Lo cierto también es que este mecanismo de emergencia, como lo hemos dicho en diferentes momentos, se ha superado”.

Señala la necesidad de evaluar su funcionamiento para que realmente se traduzca en política pública de largo plazo, con acciones más concretas y un presupuesto adecuado que permita avanzar más allá de la emergencia.

Explica que, dentro de las evaluaciones realizadas a las AVG, las medidas suelen clasificarse por temas, pero en muchos casos no existe información concentrada ni claridad sobre su cumplimiento.  

La alerta por agravio comparado con avances lentos 

En el caso de la alerta por agravio comparado, explica que la única medida plenamente concretada ha sido el cambio legislativo que permitió la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, resultado de años de insistencia y trabajo de las organizaciones feministas. Sin embargo, advierte que incluso esta medida presenta rezagos importantes en su implementación.

Fuentes subraya que, a pesar de la reforma legal, el Estado aún no garantiza plenamente a todas las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, como establece la propia alerta.

Sobre el resto de las medidas, indica que hay avances parciales, encaminados apenas hacia su cumplimiento, pero lejos de alcanzar siquiera un 100% de ejecución. 

Considera que uno de los  mayores retos es precisamente evaluar a fondo el mecanismo para poder trascenderlo y convertir sus obligaciones en políticas públicas sostenidas y verificables.

Presupuesto de la alerta de violencia feminicida es poco y opaca 

El Presupuesto de Veracruz asignado a la AVGM para 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre de 2024, fue de 7.5 millones de pesos, distribuidos entre dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) (que concentra la mayor parte con más de 4 millones), seguido del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), con 1.7 millones, la Secretaría de Educación (SEV), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Comisión de Víctimas y otras dependencias.

Estela Casados subraya que, desde la declaratoria, en realidad no se sabe de un presupuesto constante, suficiente y ministrado a tiempo para que se lleven acciones contundentes para frenar la violencia en el estado. Tampoco hay información que detalle las estrategias financiadas ni sus resultados.

Advierte que, además, no se cuenta con un cuerpo de especialistas que conozca a profundidad la realidad veracruzana y que pueda poner en marcha de manera efectiva, las acciones derivadas de las declaratorias de alerta de género. Esta ausencia, señala, se refleja en la falta de medidas sólidas y sostenidas de prevención.

 Un ejemplo de ello es la difusión esporádica de algunos spots en Radio Más, la emisora gubernamental, que carecen de continuidad y de una evaluación que permita medir su impacto.

“Son totalmente desarticulados, no tienen continuidad, no se mide seguramente su impacto y no podemos llamarlos propiamente medidas de prevención”, apunta.

También recuerda que, año tras año, se repiten capacitaciones dirigidas al funcionariado, pero sin evidencia de beneficios concretos o cambios cualitativos en la atención que reciben las mujeres. A ello se suma la persistencia de hechos asociados a los feminicidios que muestran que estas acciones no están modificando la respuesta institucional.

“Se necesita voluntad política, se necesita realmente voltear a ver de manera inteligente el problema. Se necesita un trabajo experto. Eso es lo que necesita y siempre se ha dicho. Los instrumentos ya están”.

Otras formas de violencia y falta de voluntad política

Aunque los feminicidios no han alcanzado los picos de 2017-2020, Estela Casados advierte que la violencia se transforma. En 2021 se triplicaron las desapariciones de mujeres en el estado. También se han incrementado los homicidios culposos y persisten dudas sobre cuántas carpetas iniciadas por homicidio deberían ser reclasificadas como feminicidios. 

Subraya que las violencias contra las mujeres no pueden entenderse únicamente a partir de los feminicidios, sino como un entramado de agresiones que se fortalecen entre sí y que, de manera simultánea, van deteriorando la vida de las veracruzanas. 

“La violencia es un animal vivo que se transforma”, señala. “No siempre mata de inmediato, pero mina la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres, hasta llegar al punto más extremo”.

Aunque Veracruz ha enfrentado múltiples llamados para fortalecer los mecanismos de búsqueda, Casados asegura que no se ha observado una política pública contundente para prevenirlas.

“La desaparición de mujeres no se está atendiendo de forma estructural. Hay esfuerzos aislados, pero la perspectiva de género sigue sin transversalizarse en todas las instituciones”, señala.

De acuerdo con el informe de resultados Conavim, de septiembre de 2023 a junio de 2024, de 2019 hasta 2024 se tenía un total de 48 dictámenes de seguimiento a la implementación de las medidas de las declaratorias de AVGM.  

A nivel nacional, las entidades con alerta concentran 377 municipios identificados con contextos de violencia feminicida.

La Conavim incluyó a Veracruz entre los estados con proyectos orientados al fortalecimiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), ante la necesidad de mejorar el registro, seguimiento y análisis de casos. 

“Las declaratorias ahí están. El problema es que no hay voluntad política para implementarlas”, afirma. Señala que las dependencias estratégicas están a cargo de funcionariado sin preparación suficiente ni interés real en la agenda de género. 

Además, asegura que no existe una estrategia diferenciada para las poblaciones indígenas. 

 “No sabemos qué está pasando en las diferentes poblaciones indígenas cuando las mujeres son víctimas de una violencia brutal, a quién acuden, adónde van, cuántas horas tienen que caminar. Ellas no tienen un celular muchas veces, a veces son monolingües, tienen condiciones contextuales muy determinadas de orden totalmente diferente a una mujer que puede vivir en una gran ciudad”.

 Añade que, al final lo que se necesita es un trabajo verdaderamente especializado, sostenido con presupuesto y respaldado por una voluntad política real. No esa que se queda en declaraciones, sino la que se demuestra con acciones.

Las alertas no son decorativas

A casi diez años de la primera AVGM en Veracruz, el 25 de noviembre llega con el recordatorio de que las alertas no son un reconocimiento simbólico. Representan una declaratoria formal de que el Estado ha fallado en proteger la vida y la integridad de niñas y mujeres.

“Las alertas deberían reflejar transformaciones reales, no solo informes y reuniones. Mientras no exista una política pública integral, con presupuesto suficiente y continuidad, seguiremos hablando de lo mismo cada 25 de noviembre”, dice Casados.