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Congreso local destituye a Síndica de Tlilapan por retener firma fiscal y causar daño patrimonial

Jovita Cortés no entregó a tiempo la firma electrónica y por tanto la administración municipal incumplió sus obligaciones fiscales ante el SAT, lo que generó recargos, actualizaciones y un daño al patrimonio.
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Por haber retenido la firma fiscal del ayuntamiento local de Tlilapan lo que causó perjuicio económico a la Hacienda municipal, la Comisión Permanente Instructora del congreso local aprobó la remoción de la síndica única Jovita Cortés Guzmán. Cabe mencionar que en diciembre del 2024, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado determinó la inhabilitación de Jovita Cortés Guzmán, para que surtiera efecto a parte del 3 de septiembre 2025. De acuerdo al marco jurídico, para que una servidora pública municipal en este caso Jovita Cortés pudiera ser inhabilitada, era necesario que primero el Congreso local sesionara y aprobar la separación del cargo de Síndica. Este miércoles 3 de diciembre después de dos meses, la LXVII legislatura local determinó revocar el cargo de Síndica con base en el dictamen del Tribunal de Justicia Administrativa el cual señala Jovita Cortés al no entregar a tiempo la firma electrónica, género que la administración municipal incumpliera sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo que generó recargos, actualizaciones y un daño al patrimonio. La resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado señala que la ciudadana de Tlilalpan en mención estará impedida por 10 años en ocupar un cargo público. La Comisión Permanente Instructora aprobó que al remover a Jovita Cortés de la Sindicatura Única del ayuntamiento de Tlilalpan, se debe llamar a la suplente, Elizabeth Salomé Ruiz Rosas, para que rinda protesta en su lugar. Lo anterior será publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Cabe mencionar que los diputados consideraron que la actuación de la Síndica configura una causa grave prevista en el artículo 125, fracción IV, de la Ley Orgánica del Municipio Libre. El antecedente jurídico proviene del expediente PRA/01/2023/SRC-IX, en el que el Tribunal impuso a Jovita Cortés una inhabilitación de diez años y el pago de 202 mil 997 pesos a la Hacienda municipal. La Contraloría General registró la sanción en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados.