Ciudad de México.- (AVC) La iniciativa de Ley General contra el Feminicidio contempla penas de hasta 70 años de prisión y nuevas obligaciones para fiscalías y servicios periciales; sin embargo, organizaciones civiles advirtieron que la propuesta carece de presupuesto específico para garantizar su aplicación.

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Balance A.C. y EQUIS Justicia para las Mujeres señalaron que el proyecto privilegia el endurecimiento de las sanciones y el uso del sistema penal, pero no resuelve las deficiencias institucionales que dificultan actualmente la investigación de los feminicidios.

La iniciativa presentada por el Gobierno federal propone homologar en todo el país el delito de feminicidio, establecer penas de entre 40 y 70 años de cárcel e incorporar 21 agravantes. También plantea que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio.

Sin embargo, las organizaciones alertaron que la creación de fiscalías especializadas y las nuevas obligaciones para ministerios públicos, peritos y otras instituciones podrían quedar sin capacidad operativa al no contar con recursos suficientes.

Entre los riesgos identificados se encuentran la falta de presupuesto para fiscalías y servicios periciales, la discrecionalidad del Ministerio Público para realizar análisis de contexto y la ausencia de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de los protocolos de investigación.

Las organizaciones también cuestionaron que una política centrada en aumentar las penas no necesariamente reduce los feminicidios si persisten investigaciones deficientes, falta de evidencia, carencia de peritajes especializados y obstáculos para acceder oportunamente a medidas de protección.

La reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio fue aprobada durante abril de 2026. El objetivo es establecer un tipo penal y criterios uniformes de investigación y sanción en todo el país.

Para MUCD, Balance y EQUIS Justicia, cualquier nueva legislación deberá acompañarse de recursos suficientes, fortalecimiento institucional y mecanismos de evaluación que permitan medir no sólo el número de sentencias, sino también la prevención de la violencia feminicida y el acceso efectivo de las víctimas a la justicia.