Ciudad de México.- (AVC) La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso de la Unión una iniciativa para crear una Ley General que permita investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio bajo los mismos criterios en las 32 entidades del país, con penas de entre 50 y 70 años de prisión y el objetivo de garantizar cero impunidad.

La propuesta busca terminar con las diferencias entre estados para tipificar, investigar y sancionar este delito, que hasta ahora han generado deficiencias procesales, pérdida de indicios y casos clasificados inicialmente como homicidios o suicidios.

La iniciativa deriva de la reforma constitucional publicada el pasado 6 de mayo, mediante la cual se facultó al Congreso de la Unión para emitir una legislación general en materia de feminicidio.

Un solo tipo penal para todo México

De aprobarse durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que inicia en septiembre, la nueva legislación establecerá una definición única de feminicidio para todo México.

La propuesta señala que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y establece 10 circunstancias para determinar su existencia.

Entre ellas se encuentran los signos de violencia sexual, los antecedentes de violencia contra la víctima, la existencia de una relación de asimetría de poder y los actos motivados por estereotipos o prejuicios de género.

Penas de 50 a 70 años y 19 agravantes

La iniciativa propone una pena homologada de entre 50 y 70 años de prisión por feminicidio en todo el país.

Además, contempla 19 agravantes que podrían incrementar las sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.

También se considerarán circunstancias agravantes cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública o mediante ácido u otras sustancias inflamables.

La tentativa de feminicidio será castigada con una pena equivalente a entre la mitad y las dos terceras partes de la sanción prevista para el delito consumado.

Feminicidio será imprescriptible y sin beneficios legales

El proyecto establece que el feminicidio, su sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles.
Las personas responsables tampoco podrán acceder a excusas absolutorias, atenuantes, criterios de oportunidad, conmutación de penas, libertad condicionada ni beneficios derivados de una amnistía.

Además de la prisión, las personas sentenciadas perderán derechos sucesorios, patria potestad, tutela, guarda y custodia. Cuando el responsable sea servidor público, se contempla su destitución e inhabilitación.

Fiscalías deberán investigar con protocolos homologados

La propuesta obliga a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a contar con fiscalías o unidades especializadas para investigar feminicidios.

Los casos deberán atenderse mediante protocolos homologados, con debida diligencia reforzada y perspectiva de género, además de un análisis del contexto de violencia que enfrentaba la víctima.

El Ministerio Público que inicie la investigación deberá intervenir de manera continua durante todas las etapas del procedimiento penal.

Protección para víctimas y menores en orfandad

La iniciativa también garantiza a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño, así como atención médica, psicológica y jurídica gratuita.

Para las poblaciones indígenas se contempla el acceso a intérpretes, mientras que las autoridades deberán garantizar la restitución y entrega digna del cuerpo de las víctimas.

La propuesta reconoce expresamente como víctimas indirectas a las niñas, niños y adolescentes que queden en orfandad a causa de un feminicidio.

Para su protección, plantea crear el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, con el objetivo de brindarles certeza jurídica y evitar que queden desamparados.

También establece protocolos de atención inmediata desde los primeros momentos posteriores al crimen, con protección y acompañamiento psicoemocional bajo la coordinación de las fiscalías y el Sistema Nacional DIF.

La iniciativa deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión antes de convertirse en ley.