Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) La Fiscalía General del Estado (FGE) promovió ante el Congreso de Veracruz dos solicitudes de declaración de procedencia contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos electos por Movimiento Ciudadano.

Aunque el Poder Legislativo confirmó la existencia de los procedimientos, mantiene bajo reserva oficial los nombres y señalamientos contenidos en los expedientes mientras la Comisión Instructora desarrolla las primeras etapas del proceso.

De acuerdo con medios estatales, ambos ediles ya fueron notificados y cuentan con siete días para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora.

Caso de Ixhuatlán estaría ligado a Roxana Guzmán

La solicitud contra el alcalde de Ixhuatlán del Sureste estaría relacionada con la investigación por la privación de la libertad y el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán.

Según información publicada por Diario del Istmo, el expediente incluiría la declaración de un testigo que presuntamente escuchó al edil comunicarse con un supuesto dirigente criminal de la región.

El testimonio refiere que Raúl González Martínez habría solicitado que la comunicadora fuera privada de la libertad porque presuntamente tenía una fotografía en la que el funcionario aparecía portando un arma larga.

No obstante, este señalamiento forma parte de una investigación ministerial y deberá ser evaluado por la Comisión Instructora. Hasta el momento no existe una resolución que determine responsabilidad penal del alcalde, quien mantiene su derecho a la presunción de inocencia.

Por el caso de Roxana Guzmán, ocho personas han sido vinculadas a proceso, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, mientras las autoridades mantienen abiertas otras líneas de investigación.

Segundo expediente corresponde a Úrsulo Galván

La segunda solicitud de declaración de procedencia habría sido presentada contra el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, también emanado de Movimiento Ciudadano.

Hasta ahora, no se han dado a conocer públicamente los hechos, delitos o elementos ministeriales que motivaron el procedimiento en su contra.

Congreso concede siete días para responder

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Naomi Edith Gómez Santos, informó que la Comisión Instructora recibió los dos expedientes promovidos por la FGE y que los servidores públicos involucrados ya fueron notificados.

“Entiendo que ya se les notificó; tienen ahora una temporalidad de siete días para que respondan lo que a derecho corresponde, y una vez que se cumpla ese plazo, la Instructora determinará los días para la audiencia”, explicó.

La legisladora señaló que los nombres permanecerán bajo reserva oficial hasta que concluya esta etapa, con el fin de proteger los derechos procesales de los funcionarios señalados.

Posteriormente, la Comisión Instructora deberá fijar una audiencia para recibir pruebas, defensas y alegatos de las partes. Con esos elementos elaborará un dictamen por cada expediente, que será presentado ante el Pleno del Congreso.

La Comisión Instructora está integrada por el diputado de Morena Facundo Fernández de la Cruz, como presidente; Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo, como secretario; y Felipe Pineda Barradas, de Morena, como vocal.

¿Qué es la declaración de procedencia?

La declaración de procedencia, conocida comúnmente como desafuero, es el procedimiento mediante el cual el Congreso determina si retira la inmunidad procesal de un servidor público para que pueda enfrentar una investigación o proceso penal.

La decisión no establece culpabilidad ni sustituye las investigaciones de la Fiscalía o las resoluciones de los jueces.

Para aprobar el retiro del fuero se requiere el voto favorable de las dos terceras partes del total de integrantes del Congreso de Veracruz.

Si no se alcanza esa mayoría, el procedimiento penal permanecerá suspendido mientras el servidor público conserve la protección constitucional. Si el Congreso aprueba la declaración de procedencia, la Fiscalía podrá continuar las actuaciones correspondientes ante las autoridades judiciales.