Xalapa, Ver.- (AVC) La exjueza Angélica Sánchez Hernández quedó fuera del proceso penal iniciado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, luego de que un juez de control dictara un auto de no vinculación a proceso.

La resolución fue emitida durante una audiencia celebrada el miércoles 22 de julio, en cumplimiento de un amparo definitivo concedido por la justicia federal. El fallo concluye el procedimiento que permanecía abierto por el presunto delito contra la fe pública.

La defensa de Sánchez Hernández había obtenido previamente una resolución que dejó sin efecto la imputación por tráfico de influencias. Posteriormente, una jueza federal determinó que tampoco existían elementos para sostener la acusación contra la fe pública.

La Fiscalía de Veracruz impugnó ese amparo, pero el Segundo Tribunal Colegiado confirmó la determinación. Con ello, el juez local ordenó la no vinculación y cerró el proceso penal.

El caso comenzó en junio de 2023, cuando Angélica Sánchez se desempeñaba como jueza de control y atendió el proceso contra Itiel “N”, alias “Compa Playa”, señalado por el homicidio de dos personas en el municipio de Playa Vicente.

La juzgadora determinó no vincularlo a proceso después de que un tribunal federal ordenara reponer la audiencia por irregularidades detectadas en la investigación. De acuerdo con una comunicación de la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Sánchez sostuvo que resolvió conforme a los lineamientos del amparo y a los datos existentes en la carpeta.

Tras emitir esa resolución, la entonces jueza afirmó que recibió una llamada de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien presuntamente le reprochó no haber consultado el sentido de su fallo y le advirtió que se atuviera a las consecuencias. El señalamiento fue documentado en la investigación “Persecución judicial en Veracruz”, publicada por CONNECTAS y AVC Noticias.

El 5 de junio de 2023, Sánchez fue interceptada cuando se dirigía a una reunión en las instalaciones del Poder Judicial estatal. Fue acusada inicialmente de delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública, pero la Fiscalía terminó por determinar el no ejercicio de la acción penal. Otra investigación federal por la presunta portación de un arma tampoco prosperó.

Días después fue detenida nuevamente en la Ciudad de México y trasladada a Veracruz, donde fue vinculada a proceso por tráfico de influencias y contra la fe pública. Permaneció en prisión y posteriormente bajo resguardo domiciliario mientras su defensa promovía diversos juicios de amparo.

Durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, el mandatario acusó públicamente a la juzgadora de presuntas irregularidades y solicitó investigar un supuesto soborno relacionado con la resolución favorable a Itiel “N”. Sánchez negó haber recibido dinero y sostuvo que su detención fue una represalia por acatar el fallo federal.

El caso provocó el pronunciamiento de Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, quien expresó preocupación por posibles violaciones al debido proceso y por el “efecto amedrentador” que la detención podría generar entre otros integrantes del Poder Judicial.

La resolución emitida esta semana deja sin efectos la última imputación pendiente y pone fin al proceso penal promovido contra la exjueza desde 2023.

Con información y antecedentes de la investigación “Persecución judicial en Veracruz”, publicada por CONNECTAS.