Xalapa, Ver.– (AVC/Verónica Huerta) A puerta cerrada, el alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, compareció este jueves ante la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz para presentar pruebas y alegatos como parte del proceso de desafuero promovido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La audiencia inició alrededor de las 10:00 horas en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, donde el edil de Movimiento Ciudadano acudió acompañado de su equipo de abogados para ejercer su derecho de defensa y presentar los medios de prueba en respuesta a la solicitud de declaración de procedencia presentada por la FGE, con la que busca retirarle el fuero constitucional.

En la diligencia participaron los diputados integrantes de la Comisión Instructora: Facundo Fernández de la Cruz, presidente; Ramón Díaz Ávila, secretario; y Felipe Pineda Barradas, vocal.

La Fiscalía investiga a Bertín Bravo Montero por su presunta vinculación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo, cuando se dirigían a una propiedad del alcalde ubicada en Barra de Chachalacas, en el municipio de Úrsulo Galván.

También habrá audiencia para alcalde de Ixhuatlán del Sureste

Para las 16:00 horas de este jueves está programada la audiencia de pruebas y alegatos del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, quien también enfrenta un proceso de desafuero.

El presidente de la Comisión Instructora, Facundo Fernández de la Cruz, aseguró que ambos procedimientos se desarrollan con apego a la legalidad y sin motivaciones políticas.

"La Comisión Instructora está actuando como debe ser. Es un tema importante y delicado, pero nos corresponde ser imparciales; no es un tema político", declaró.

El legislador explicó que el resultado de las audiencias dependerá de las pruebas que presenten tanto las defensas como la Fiscalía.

Asimismo, indicó que aún no existe una fecha definida para la emisión de los dictámenes, aunque adelantó que será durante agosto cuando la Comisión determine si los casos son turnados al Pleno del Congreso.

Fernández de la Cruz enfatizó que la Comisión Instructora no determina la responsabilidad penal de los alcaldes, sino únicamente analiza si existen elementos para retirarles el fuero y permitir que enfrenten el proceso judicial correspondiente.

Respecto a los señalamientos de Movimiento Ciudadano, que calificó las solicitudes de desafuero como una presunta persecución política, el diputado reiteró que en ambos casos prevalece la presunción de inocencia para los ediles y para cualquier servidor público o ciudadano.