Xalapa, Ver.- (AVC) El corazón de Alejandra Ordaz latía con fuerza mientras se preparaba para hablar públicamente sobre el asesinato de su madre, la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, ocurrido 15 años atrás.

Durante años, explicó, esa aceleración fue una señal de miedo y el inicio de crisis de ansiedad. Esta vez la interpretó de otra manera: como una señal de vida y como parte del proceso de reconstrucción de una familia atravesada por un crimen que permanece impune.

“Creo que es la primera vez que abordo el tema con mucho más detalle”, reconoció durante la presentación del informe Prohibido investigar. La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz, elaborado por la organización civil Propuesta Cívica.

El documento reconstruye el contexto de violencia contra la prensa registrado en Veracruz entre 2004 y 2016, durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa. En el sexenio de Duarte fueron asesinados 18 periodistas: un crimen aproximadamente cada tres meses.

Sin embargo, el objetivo del informe no fue solamente contabilizar víctimas ni determinar quién ejecutó cada ataque. Su propósito fue explicar por qué las investigaciones no avanzaron hacia los autores intelectuales y las redes políticas, criminales y económicas que pudieron estar detrás de los asesinatos.

Catorce fallas, un mismo resultado

Omar Gómez Trejo, exfiscal especial del caso Ayotzinapa y responsable del análisis jurídico del informe, revisó tres expedientes que reúnen ocho víctimas mortales. Los casos corresponden a los ataques contra Miguel Ángel López Velasco, conocido como Milo Vela; Yolanda Ordaz de la Cruz, y Gabriel Huge Córdova.

Al cruzar las investigaciones, Gómez Trejo identificó 14 fallas idénticas cometidas en expedientes integrados en momentos distintos, por autoridades diferentes y bajo gobiernos con configuraciones políticas diversas.

“Es la repetición exacta del mismo conjunto de omisiones”, señaló.

Para el exfiscal, esa reiteración descarta que se tratara únicamente de errores, negligencias individuales o falta de preparación de determinados funcionarios.

“Esto no es una negligencia individual o una omisión por parte de una autoridad, sino que forma parte de un factor, desgraciadamente, institucional”, advirtió.

Entre las fallas detectadas se encuentran la fragmentación de los expedientes, la falta de análisis de contexto, la contaminación o manipulación de escenas del crimen, la ausencia de cadenas de custodia, las contradicciones en los informes policiales, la desactivación de cámaras de videovigilancia, la falta de revisión de comunicaciones y la omisión de una perspectiva de género.

El patrón más relevante fue que las investigaciones se detuvieron en los posibles autores materiales, generalmente identificados como integrantes de grupos delictivos. Las fiscalías sostuvieron la hipótesis de un ajuste de cuentas y dejaron fuera las posibles responsabilidades de servidores públicos, mandos policiacos, autoridades estatales y actores políticos.

“Al tener una hipótesis muy clara de que fue el crimen organizado, no se mueve más, no investiga más, no va hacia el Estado”, expuso Gómez Trejo.

Las investigaciones quedaron encerradas, dijo, dentro de una “caja de cristal”: podían realizarse diligencias dentro de los límites establecidos por las autoridades, pero no se permitía romper esos límites para examinar las conexiones con el poder.

La apariencia de investigar

El informe encontró expedientes voluminosos, con peritajes, comparecencias, declaraciones y acumulación de documentos. Esa actividad, sin embargo, no se tradujo en esclarecimiento.

Gómez Trejo sostuvo que dentro de las fiscalías se desarrolló una práctica en la que se cumplían formalmente los procedimientos, pero los resultados no llegaban o, cuando aparecían datos relevantes, no eran analizados.

“No es que el Estado deje de hacer. El Estado va eslabonando, va fabricando de manera regular y esto se sostiene y se reproduce con el poder político”, afirmó.

Para el exfiscal, la impunidad debe ser entendida como una decisión político-criminal y no como una carencia de facultades. Las autoridades contaban con herramientas legales para relacionar expedientes, investigar estructuras criminales, romper pactos de silencio y seguir el flujo del dinero, pero no las utilizaron para llegar a los niveles superiores de las redes.

El informe también advierte sobre una forma de “gobernanza criminal” en la que convergen delincuencia organizada, autoridades e intereses económicos. Bajo ese esquema, el control territorial no se limita a las armas o a las actividades ilícitas: también comprende instituciones públicas, policías, negocios, medios de comunicación y circulación de información.

Gómez Trejo señaló que en Veracruz existieron presiones directas sobre medios, control mediante publicidad oficial, intervención sobre contenidos y campañas de desprestigio contra periodistas. El resultado fue la creación de zonas de silencio, donde investigar la corrupción o los vínculos entre autoridades y grupos criminales podía costar la vida.

Regina Martínez: fragmentación y manipulación

Jorge Carrasco, director de la revista Proceso, sostuvo que el asesinato de la corresponsal Regina Martínez, ocurrido en abril de 2012, reproduce varias de las prácticas documentadas en Prohibido investigar.

Carrasco participó como representante de Proceso ante las autoridades locales durante las investigaciones. Desde esa posición observó la fragmentación de la información, la manipulación de la escena del crimen, la descoordinación con las autoridades federales y la negativa de la Fiscalía de Veracruz a investigar el homicidio como un posible ataque relacionado con el trabajo periodístico de Martínez.

“Lo que vimos fue exactamente lo que define el informe”, afirmó.

La autoridad sabía que Regina Martínez era una periodista reconocida por investigar las relaciones entre los poderes políticos, económicos y criminales en Veracruz. Pese a ello, la línea vinculada con su trabajo fue relegada.

Carrasco recordó que el medio solicitó la intervención de las autoridades federales, pero enfrentó la negativa de la Fiscalía estatal para compartir información y colaborar plenamente con la investigación.

El director de Proceso también cuestionó la eficacia actual de los mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Consideró que, aunque pueden dar respuestas inmediatas ante algunas amenazas, se han convertido en estructuras rutinarias que no resuelven el problema central.

“El punto está en las investigaciones, está en los ministerios públicos. Hay una decisión de no esclarecer realmente lo que pasa”, sostuvo.

Veracruz continúa como el estado más letal

Maia Campbell, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que Veracruz ha sido, en la historia reciente, la entidad más letal para quienes ejercen el periodismo.

La ONU-DH ha documentado otros 15 asesinatos de periodistas en posible relación con su trabajo informativo en Veracruz desde 2016. Tres de esos crímenes ocurrieron durante 2026.

Campbell explicó que los ataques letales rara vez suceden sin advertencias previas. En la mayoría de los casos existen amenazas, hostigamientos u otros incidentes de seguridad que no son atendidos de manera oportuna.

Esas señales, indicó, deberían activar análisis de riesgo, mecanismos de protección y acciones coordinadas entre autoridades antes de que ocurra una agresión.

“Existen todavía desafíos importantes para identificar esas alertas de riesgo de manera temprana y actuar antes de que ocurra un ataque letal”, señaló.

La representante de la ONU-DH recordó que el Estado mexicano está obligado a respetar la libertad de expresión, prevenir ataques, brindar protección adecuada e investigar y sancionar los delitos cometidos contra periodistas.

Las investigaciones, añadió, deben incorporar desde el inicio la posibilidad de que el ataque esté relacionado con la actividad periodística. También deben analizar el contexto y evitar que los expedientes sean tratados como hechos aislados.

“Es importante identificar patrones, estructuras criminales, posibles vínculos entre casos y las responsabilidades de quienes ordenan, facilitan y ejecutan esos delitos”, dijo.

Las familias, más allá de los expedientes

Las consecuencias de la impunidad no terminan en las carpetas de investigación. Se extienden durante años sobre las familias, que enfrentan desplazamientos, amenazas, procesos judiciales inconclusos y la exposición pública de su vida privada.

Alejandra Ordaz recordó que tenía 14 años cuando asesinaron a su madre. En ese momento, los protocolos de protección y acompañamiento eran inexistentes o apenas comenzaban a desarrollarse.

Las familias, explicó, atravesaron el duelo en medio de acercamientos fríos por parte de policías, autoridades y algunos medios de comunicación. Además, la información sobre los crímenes estaba politizada y las víctimas no tenían posibilidades reales de responder públicamente.

“No podemos medir los casos con la misma vara. El dolor de cada familiar es diferente y lo vivimos desde circunstancias distintas”, dijo.

Con los años, enfrentó otro problema: la dificultad de reconstruir una identidad propia. Aunque se convirtió en asesora de imagen pública y desarrolló proyectos profesionales, las entrevistas y conversaciones regresaban constantemente al asesinato de su madre.

“Todas las familias somos mucho más que lo que nos pasó”, expresó.

La memoria como resistencia

Yazmín López, hija del periodista Miguel Ángel López Velasco, Milo Vela, reclamó que la impunidad deje de ser la respuesta oficial ante el asesinato y la desaparición de periodistas.

“A las autoridades les decimos que la impunidad no puede seguir siendo la respuesta oficial ante el silenciamiento de un periodista”, afirmó.

Las familias exigen investigaciones serias, profundas y exhaustivas que no descarten el trabajo periodístico como móvil y que alcancen tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron los ataques.

“No aceptamos simulaciones ni carpetas de investigación archivadas en el olvido”, señaló López.

Como integrante del Colectivo Fénix, explicó que las familias han encontrado en la organización comunitaria una forma de enfrentar el duelo, preservar los nombres de las víctimas y combatir el desgaste institucional.

“Cuando las autoridades apuestan al desgaste y al silencio, nosotros transformamos el dolor en memoria activa”, afirmó.

Para las familias, recordar no significa únicamente regresar a la tragedia, sino reconocer la vocación de quienes fueron asesinados, mantener sus nombres en el espacio público y continuar exigiendo verdad y justicia.

“La deuda de justicia no es sólo una cifra o una estadística. Es la vida destruida de las familias y un atentado contra el derecho de toda la sociedad a estar informada”, advirtió.

Mientras no se investiguen las conexiones políticas y económicas, se rompan los pactos de silencio y se sancione a quienes ordenaron y facilitaron los asesinatos, sostuvo, la democracia seguirá incompleta.

“Intentaron apagar sus voces, pero hoy retumban con más fuerza en la voz de cada familia que sigue de pie”.