Xalapa, Ver.- (AVC/Ana Mozo)  Cuando Sofía llegó al Ministerio Público de Las Choapas en septiembre de 2013 tenía 13 años y ya había dado a luz.

Antes de denunciar que su padre abusaba sexualmente de ella, la niña había pasado por consultas prenatales en una clínica de su comunidad y por un hospital regional, donde fue sometida a una cesárea debido a complicaciones obstétricas. Su embarazo fue atendido por el sistema de salud, pero la investigación penal no comenzó desde ahí.

Fue su madre quien finalmente acudió ante las autoridades.

Nueve años después, en otro punto de Veracruz, una historia semejante volvió a repetirse. 

“Elena”, una adolescente del distrito judicial de Huatusco, sufría violencia sexual sistemática por parte de la pareja de su madre. Acudió a una consulta médica por distintos malestares y ahí descubrió que estaba embarazada. Para entonces, además de la NOM-046, ya estaba en funcionamiento la Ruta NAME ( Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas menores de 15 años), ambas creadas para coordinar la intervención de salud, justicia y protección ante embarazos en niñas.

 Sus casos ocurrieron en municipios distintos y bajo marcos institucionales que habían cambiado con el paso de los años. Sin embargo, sus expedientes muestran una misma falla: el embarazo llegó al sistema de salud antes que la protección integral de las víctimas.

Una investigación de AVC Noticias basada en sentencias judiciales, bases de datos oficiales y solicitudes de transparencia encontró que esa falla no se limita a estos dos casos.

Entre 2022 y junio de 2026, Veracruz registró 2 mil 697 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años.  Solo en lo que va de este año, el sistema de salud ha reportado 200 casos de niñas obligadas a ser madres. 

Frente a esa dimensión, el sector salud reportó 229 notificaciones a la Fiscalía por abusos. La investigación encontró además otra brecha: el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) 

Una obligación que el personal del sector salud tiene que informar a las niñas y su familias como parte del protocolo cuando llegan los casos. 

Entre 2022 y 2026, las instituciones de salud reportaron 52  IVE practicadas a niñas de 10 a 14 años en casos relacionados con violencia sexual, frente a los miles de embarazos que llegaron a consulta y los 2 mil 697 nacimientos registrados en ese grupo de edad.

Las cifras no corresponden exactamente al mismo universo y no permiten sostener que cada nacimiento represente una denuncia omitida o una IVE negada. Pero sí muestran que, mientras miles de embarazos infantiles avanzaron hasta el parto, las notificaciones realizadas por el propio sector salud y los procedimientos de interrupción registrados por violencia sexual fueron considerablemente menores.

Las historias de Sofía y Elena permiten seguir qué ocurre dentro de esa brecha.

En el caso de Sofía, la violencia había dejado señales en distintos espacios antes de que su madre denunciara. La niña dejó de asistir a la escuela, permanecía la mayor parte del tiempo dentro de su vivienda y vecinos declararon posteriormente que en la comunidad circulaban versiones sobre los abusos cometidos por su padre.

También había pasado por al menos dos servicios médicos. Aun así, ninguna de esas señales había derivado en una intervención integral antes de que la familia acudiera al Ministerio Público.

Cuando ocurrió su embarazo ya estaba vigente la NOM-046, que establece obligaciones para la detección, atención y notificación de casos de violencia familiar y sexual.

El caso de Elena ocurrió en un escenario institucional todavía más robusto. Para entonces ya existía la Ruta NAME, creada en 2020 para articular las acciones de salud, justicia, educación y protección infantil.

Sin embargo, su embarazo también avanzó antes de que funcionaran todos los mecanismos previstos para protegerla.

Las dos historias, separadas por casi una década, permiten observar la pregunta central de esta investigación: ¿qué ocurre después de que una niña embarazada llega a un institución de gobierno?. 

AVC siguió esa ruta a través de los registros públicos y encontró fallas en distintos momentos. El sector salud reporta miles de consultas, pero pocas notificaciones a la Fiscalía; las IVE vinculadas con violencia sexual son reducidas frente a la magnitud de los embarazos infantiles; las escuelas registran pocos casos; y las procuradurías encargadas de restituir derechos acreditan un número mínimo de planes formales de protección.

De la NOM-046 a la Ruta NAME: las obligaciones cambiaron, las fallas continuaron

Durante su embarazo, Sofía acudió a consultas prenatales en una unidad de salud de su comunidad. Cuando llegó el momento del parto, fue referida a otro hospital debido a complicaciones obstétricas y ahí fue sometida a una cesárea.

 Después, la recién nacida fue entregada a una tía paterna mediante un acuerdo firmado ante una autoridad municipal, sin que hasta ese momento ninguna de las instituciones que tuvieron contacto con la niña indagara sobre el origen de la gestación.

Ninguna autoridad le dijo ni a ella ni a su familia que su derecho era interrumpir el embarazo. 

Aún cuando para entonces la NOM-046 ya estaba vigente. La norma, aprobada en 2005, era de observancia obligatoria para las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud y establece criterios para la detección, prevención, atención médica y notificación de casos de violencia familiar y sexual. Su cumplimiento coloca al personal de salud como uno de los primeros eslabones para identificar a una víctima y activar la intervención de otras autoridades.

El caso de Sofía ocurrió, por tanto, no en ausencia de reglas, sino bajo un marco que ya establecía responsabilidades para el sector salud.

Quince años después, en 2020 se creó la Ruta NAME. El mecanismo no sustituyó las obligaciones existentes, sino que buscó articularlas y establecer una respuesta coordinada entre los sectores de salud, justicia, educación y protección de la infancia.

La Ruta NAME parte de que el embarazo de una niña menor de 15 años requiere una intervención integral. Además de la atención médica, contempla la activación de mecanismos de protección, la investigación de posibles delitos sexuales, la restitución de derechos y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo cuando corresponda.

Para Adriana Fuentes, coordinadora general de Equifonía A.C., y Karina Soto, ejecutiva de proyectos de la organización, advierten que  contar con normas y rutas de atención no garantiza que estos derechos se ejerzan en la práctica. A partir del acompañamiento a víctimas, la organización ha documentado casos en los que el propio personal médico obstaculizó o desincentivó la interrupción del embarazo.

Por ejemplo, antes de la reforma de 2021 que despenalizó el aborto en Veracruz hasta la semana 12, Equifonía acompañó a una adolescente víctima de violencia sexual que acudió a un hospital estatal para solicitar la interrupción del embarazo. El procedimiento le fue negado bajo el argumento de que había rebasado el límite de semanas establecido entonces por la legislación local, por lo que tuvo que ser trasladada a la Ciudad de México para recibir atención.

Las barreras continuaron incluso después de la reforma. En Córdoba, la organización acompañó el caso de una niña de 10 años que finalmente desistió de interrumpir su embarazo después de que un médico le asegurara que el procedimiento implicaba un riesgo similar al de continuar con la gestación.

Para Equifonía, estos casos muestran que la implementación depende en buena medida de que quienes reciben a las víctimas conozcan las obligaciones establecidas en la NOM-046 y los mecanismos de canalización previstos en la Ruta NAME. La rotación de personal y de autoridades obliga, advierte la organización, a mantener una capacitación y supervisión permanentes.

“Debe haber un seguimiento cercano para poder ver que efectivamente estén aplicando la Ruta NAME en beneficio de las víctimas de violencia sexual, hablando de niñas”, señala Fuentes.

El problema que exhiben estos casos es el mismo que aparece en los registros analizados por AVC: la existencia de una ruta institucional no garantiza que, cuando una niña llega embarazada a un servicio de salud, se active la denuncia, se le informe de todas sus opciones y pueda ejercer efectivamente su derecho a interrumpir el embarazo.

Salas de espera: las niñas llegan al sistema de salud

Los casos de Sofía en Las Choapas y Elena en Huatusco permiten observar una falla que los registros oficiales muestran a mayor escala: las niñas embarazadas sí llegan a las instituciones de salud y tienen contacto con personal médico, pero ese encuentro no necesariamente activa toda la ruta de protección prevista para una posible víctima de violencia sexual.

Entre 2022 y mediados de 2026, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) y el OPD IMSS-Bienestar registraron 9 mil 906 consultas relacionadas con embarazos de niñas menores de 15 años, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA). El municipio de Veracruz concentró el mayor número de atenciones, con 462.

Los registros muestran una disminución respecto de 2022, cuando se contabilizaron 2 mil 808 consultas, la cifra más alta del periodo. Sin embargo, la atención de embarazos infantiles continúa formando parte de la actividad cotidiana de los servicios públicos de salud: tan solo durante los primeros meses de 2026 se habían acumulado, de manera preliminar, otras 710 consultas.

 Los propios registros sanitarios documentan, además, la violencia sexual que afecta a niñas dentro de esas mismas edades. Según el Informe General de Avance (IGA), entre 2022 y octubre de 2025 la Secretaría de Salud otorgó 835 atenciones por violación sexual a pacientes de cero a 14 años, con la mayor concentración en el grupo de 10 a 14 años.

Para Adriana Fuentes y Karina Soto, de Equifonía A.C., los casos que la organización ha acompañado muestran que los agresores se encuentran con frecuencia dentro del entorno inmediato de las víctimas: padres biológicos, padrastros o parejas de las madres. Cuando la familia no denuncia o incluso protege al agresor, explican, en algunos casos han sido vecinos quienes alertan a las autoridades para intentar proteger a las niñas e impulsar una investigación penal.

Los datos colocan así a las unidades médicas como uno de los principales puntos en los que el Estado puede identificar estos casos. La llegada de una niña embarazada a consulta no representa únicamente una necesidad de atención obstétrica: también abre una oportunidad para detectar violencia, informar sobre el acceso a la IVE y activar los mecanismos de justicia y protección.

Ausentismo escolar: otro punto ciego de la protección

Antes de que Sofía llegara al Ministerio Público, otra institución había dejado de verla. Después de quedar embarazada, la niña abandonó la escuela y permaneció prácticamente recluida en su casa. Su ausencia de las aulas fue una señal más que no derivó en una intervención de las autoridades.

Más de una década después, los registros de la Secretaría de Educación de Veracruz muestran una capacidad limitada para identificar estos casos. Entre 2022 y 2025, la dependencia informó haber registrado solo a 43 alumnas menores de 15 años embarazadas en secundarias generales y estatales.

La cifra no puede compararse de manera directa con las casi 10 mil consultas médicas, porque una misma niña puede generar múltiples atenciones de salud y los universos institucionales son distintos. Sin embargo, sí evidencia la reducida cantidad de casos de embarazo infantil que aparecen en los registros del sistema educativo frente a la presencia sostenida del fenómeno documentada por las instituciones sanitarias.

Para Karina Soto y Adriana Fuentes, el abandono escolar forma parte de las características que se repiten entre muchas de las víctimas que han acompañado. Se trata principalmente, señalan, de niñas que viven en contextos de pobreza o marginación y que después del embarazo enfrentan mayores dificultades para permanecer o regresar a la escuela.

La salida de las aulas puede convertirse así en otra oportunidad perdida para detectar la violencia. Equifonía advierte que muchas agresiones permanecen ocultas durante meses y únicamente se hacen visibles cuando las niñas llegan a una unidad médica para iniciar el control prenatal o, en los casos más extremos, cuando ingresan a un hospital para dar a luz.

Las historias de Sofía y Elena muestran precisamente ese recorrido: antes de que la violencia llegara al sistema de justicia, el embarazo ya había dejado señales en otros espacios institucionales. El problema es que esas señales no siempre se conectaron entre sí para activar una respuesta de protección.

Maternidad en la infancia: más de 2 mil 600 nacimientos

Cuando la violencia no se detecta a tiempo en la escuela, la comunidad o los organismos de protección, y cuando las niñas no reciben información y acceso efectivo a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una parte de esos embarazos continúa hasta el parto.

Datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) muestran que entre 2022 y junio de 2026 se registraron en Veracruz 2 mil 697 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años. El mayor número se concentró en 2022, con 749 casos, y aunque la cifra disminuyó en los años posteriores, los registros confirman que el fenómeno persiste: tan solo entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 202 nacimientos en este grupo de edad.

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La distribución territorial muestra además que los casos se concentran de manera recurrente en determinados municipios. San Andrés Tuxtla aparece de forma constante entre los primeros lugares y encabeza los registros desde 2024, mientras que Veracruz, Papantla, Coatzacoalcos, Perote, Coscomatepec y La Perla también se ubicaron, en distintos años, entre los municipios con mayor número de nacimientos en niñas de 10 a 14 años.

Los nacimientos permiten dimensionar el resultado final de embarazos que avanzaron durante meses dentro de un sistema que, al menos en una parte de los casos, tuvo oportunidades para intervenir. El siguiente cruce realizado por AVC Noticias muestra qué ocurrió con una de esas obligaciones: notificar a las autoridades encargadas de investigar posibles delitos sexuales.

Donde las niñas dan a luz y las alertas no llegan a la Fiscalía

Lo ocurrido con Sofía en 2013 antecedió a la creación de la Ruta NAME, pero la brecha entre los embarazos que conoce el sistema de salud y los avisos remitidos a la Fiscalía continúa apareciendo en los registros más recientes.

Frente a los 2 mil 697 nacimientos registrados entre 2022 y junio de 2026, la Secretaría de Salud de Veracruz informó haber realizado 162 notificaciones a la Fiscalía durante 2022 y 2023, mientras que el OPD IMSS-Bienestar reportó 67 avisos entre enero de 2023 y mayo de 2026.

Los periodos no son idénticos y las cifras no permiten concluir que cada nacimiento sin un aviso del sector salud corresponda automáticamente a un delito no denunciado, ya que una investigación también puede iniciarse por otras vías. Sin embargo, el cruce evidencia una disparidad entre la cantidad de embarazos infantiles que llegan al sistema sanitario y las alertas que las propias instituciones reconocen haber enviado a la autoridad ministerial.

La brecha se vuelve más visible al revisar los datos por municipio. San Andrés Tuxtla, que se mantiene entre los territorios con mayor número de nacimientos en niñas y encabeza los registros desde 2024, aparece con un solo aviso a la Fiscalía en cuatro años, emitido en 2023.

Papantla, Coatzacoalcos, Coscomatepec y La Perla, que también se encuentran entre los municipios con mayores registros de nacimientos infantiles en distintos años, no aparecen entre las notificaciones proporcionadas por las instituciones de salud para esta investigación.

Los avisos se concentran, en cambio, en Xalapa y Veracruz. En 2022, SESVER reportó 82 notificaciones en toda la entidad; 42 procedieron de Xalapa y 15 del puerto de Veracruz, por lo que ambas ciudades reunieron alrededor del 70 por ciento de los avisos de ese año. En 2023, de las 80 notificaciones reportadas, 33 volvieron a concentrarse en estas dos ciudades.

La incorporación de los servicios estatales al OPD IMSS-Bienestar no corrigió esa disparidad. En 2024 la institución reportó 50 avisos en todo Veracruz; para 2025 la cifra cayó a 15, de los cuales 12 correspondieron a Xalapa. Entre enero y mayo de 2026, IMSS-Bienestar informó haber notificado únicamente dos embarazos infantiles a la Fiscalía en toda la entidad.

Esto frente a 200 embarazos en niñas de 10 a 14 años documentados.

Los registros no permiten conocer públicamente cuántos de los demás casos fueron denunciados por las familias, las procuradurías de protección, las escuelas u otras autoridades. Esa ausencia de trazabilidad es parte del problema: el Estado registra el embarazo y el nacimiento, pero sus bases no permiten seguir de manera sistemática qué ocurrió después con cada niña, si se abrió una investigación penal y si se activaron las medidas de protección correspondientes

La brecha de la IVE

Aunque Equifonía reconoce avances normativos y la creación del Programa de Aborto Seguro, advierte que el principal problema continúa siendo la implementación. Los datos revisados por AVC Noticias muestran que, pese a que existen mecanismos para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en casos de violencia sexual, entre 2022 y 2026 solo se reportaron 52 procedimientos en niñas de 10 a 14 años en Veracruz.

La mayor cantidad se concentró en 2025, con 20 casos, y en 2023, con 16. A nivel municipal, Xalapa encabezó los registros con 20 procedimientos, seguida de Veracruz, con siete, y Martínez de la Torre, con cinco. SESVER informó que estas pacientes fueron atendidas mediante la denominada “ventana de salud”, mecanismo previsto para activar la respuesta médica y coordinar la intervención con las instituciones encargadas de la protección de niñas y adolescentes.

El dato adquiere otra dimensión frente a los 2 mil 697 nacimientos registrados en niñas de 10 a 14 años entre 2022 y junio de 2026. Ambos registros no corresponden exactamente al mismo universo y no permiten afirmar que cada nacimiento represente una IVE negada; sin embargo, sí muestran que miles de embarazos infantiles avanzaron hasta el parto mientras el acceso documentado a la interrupción por violencia sexual se mantuvo reducido.

De manera paralela, SESVER e IMSS-Bienestar registraron 272 abortos en menores de 15 años entre 2022 y 2026, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), cuyos datos para 2025 y 2026 son preliminares. El mayor número se presentó en 2023, con 76 registros, mientras que a junio de 2026 se contabilizaban 21. Xalapa concentró 42 casos; Río Blanco, 34; Veracruz, 26, y Córdoba, 21.

Las cifras miden fenómenos distintos. Las 52 IVE corresponden específicamente a procedimientos reportados en el contexto de violencia sexual, mientras que los 272 abortos incluyen interrupciones y pérdidas gestacionales por distintas causas. La información disponible tampoco permite conocer cuántas niñas solicitaron una IVE, cuántas desistieron, cuántas encontraron obstáculos institucionales o cuántas llegaron a los servicios de salud cuando el embarazo ya estaba avanzado.

Planes de restitución: la protección que pocas veces queda formalizada

La Ruta NAME establece que la intervención institucional no concluye con la atención médica, la denuncia, la interrupción del embarazo o el parto. Una vez identificada una víctima, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deben coordinar medidas destinadas a restituir los derechos vulnerados.

Una de las principales herramientas es el Plan Integral de Restitución de Derechos, elaborado a partir de un diagnóstico multidisciplinario que identifica las afectaciones sufridas por la víctima y establece las acciones que deben realizar las distintas instituciones. Su objetivo es que la atención no quede reducida a una consulta médica o psicológica, sino que incluya medidas para garantizar derechos como la educación, la salud sexual y reproductiva, el acceso a la justicia y una vida libre de violencia.

Para conocer hasta qué punto este mecanismo se aplica en Veracruz, AVC Noticias solicitó vía transparencia a los 212 municipios información sobre los planes elaborados entre 2022 y 2026 para casos relacionados con embarazo infantil o adolescente.

Hasta el cierre de esta investigación habían respondido 49 ayuntamientos y solo 18 proporcionaron información detallada. Únicamente seis municipios acreditaron contar con planes elaborados o activos, que en conjunto sumaron 31.

La Antigua reportó 12; Yecuatla, ocho; Yanga, siete, aunque ninguno estuvo relacionado con embarazo infantil o pederastia; San Andrés Tuxtla acreditó dos; Zozocolco de Hidalgo informó de uno correspondiente a la violación de una niña de 12 años, y Tenochtitlán reportó otro.

Las respuestas de los municipios muestran que la aplicación de la Ruta NAME depende de estructuras locales con capacidades y criterios muy distintos. En Espinal reconocieron no contar con formatos para elaborar los planes, mientras que en Sayula de Alemán la administración municipal informó que el gobierno anterior no había dejado archivos. Otatitlán, Paso de Ovejas y Tehuipango reportaron haber brindado atenciones o acompañamientos a audiencias, pero sin formalizar un Plan Integral de Restitución.

En Ixmatlahuacan y Puente Nacional las propias autoridades admitieron que no elaboraron estos instrumentos porque “no cuentan con los protocolos”.

Otros municipios entregaron respuestas que exhiben problemas de interpretación sobre las obligaciones de protección. En Coxquihui señalaron desconocer casos de embarazo infantil y explicaron que algunas familias consideran las relaciones de las menores como parte de sus “usos y costumbres”. En Ángel R. Cabada informaron de cero canalizaciones para IVE bajo el argumento de que requerían autorización previa de la Fiscalía, mientras que en San Juan Evangelista reportaron un caso cuya denuncia se presentó hasta un año después del parto.

Uno de los contrastes más evidentes aparece nuevamente en San Andrés Tuxtla. Aunque el municipio se encuentra entre los que concentran más nacimientos en niñas menores de 15 años y encabeza los registros estatales desde 2024, su Procuraduría Municipal acreditó únicamente dos Planes de Restitución en cuatro años y no reportó canalizaciones para la interrupción del embarazo dentro de la información entregada para este reportaje.

En Actopan, la Procuraduría Municipal informó de cero canalizaciones para IVE entre enero y julio de 2026. Entre sus registros aparecen adolescentes de 15 y 17 años cuyos casos fueron considerados “concluidos” después de haber dado a luz; la atención reportada se limitó a consultas por complicaciones del puerperio u orientación sobre lactancia.

Las respuestas obtenidas por AVC muestran así una segunda fractura dentro de la ruta institucional. Incluso después de que una niña o adolescente entra en contacto con las autoridades, la restitución de sus derechos depende de procuradurías municipales que, en numerosos casos, carecen de protocolos, formatos o criterios comunes para aplicar las medidas previstas por la Ruta NAME.

DIF Estatal: 1,211 acompañamientos y solo ocho planes de restitución

La debilidad de los mecanismos de restitución no se limita a las procuradurías municipales. A nivel estatal, la distancia entre las atenciones reportadas y los planes formalmente elaborados vuelve a aparecer en los registros oficiales.

La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Veracruz informó haber brindado 1,211 acompañamientos psicológicos y representaciones coadyuvantes a menores de 15 años embarazadas o madres en Xalapa y Banderilla entre 2022 y 2025. El mayor número se registró en 2025, con 429 atenciones.

Sin embargo, entre 2022 y mediados de 2026, la misma Procuraduría reconoció haber elaborado y cumplido únicamente ocho Planes Integrales de Restitución de Derechos.

Los registros no permiten establecer que cada acompañamiento debiera corresponder necesariamente a un plan distinto, pues una misma víctima puede recibir varias atenciones. No obstante, el contraste muestra que, frente al volumen de intervenciones reportadas, son pocos los casos en los que la autoridad estatal acredita la aplicación de la herramienta formal prevista para coordinar la restitución integral de los derechos vulnerados.

La Procuraduría Estatal atribuyó parte de esta fragmentación al modelo con el que opera el sistema de protección. Explicó que cada ayuntamiento cuenta con su propia Procuraduría Municipal y precisó que sus titulares “son servidores públicos que no están subordinados jerárquicamente a este Sistema Estatal”, por lo que actúan de manera autónoma y solicitan el acompañamiento de la instancia estatal únicamente “cuando lo consideran necesario”.

En la práctica, la protección de las niñas queda distribuida entre estructuras municipales con capacidades y criterios distintos, como muestran las respuestas obtenidas por AVC Noticias: algunas procuradurías admitieron no contar con protocolos o formatos, otras reportaron atenciones sin elaborar planes de restitución y algunas mostraron desconocimiento sobre los mecanismos de canalización para acceder a la IVE.

Mientras estas brechas persisten, la Secretaría de Salud de Veracruz informó que cuenta con 819 promotores y brigadistas juveniles voluntarios para impartir acciones de educación sexual. En hospitales de segundo nivel también reportó el reforzamiento de la Estrategia de Anticoncepción Postevento Obstétrico (APEO), enfocada en prevenir nuevos embarazos después de que niñas y adolescentes han atravesado un evento obstétrico.

Una cadena de omisiones y datos que no se conectan

Para Adriana Fuentes y Karina Soto, de Equifonía A.C., las cifras de embarazos y nacimientos en niñas no pueden analizarse únicamente como un problema de salud pública. Detrás de ellas, sostienen, existe violencia sexual que durante años fue normalizada y una cadena de responsabilidades que puede involucrar a las familias, las comunidades y las instituciones encargadas de detectar y proteger a las víctimas.

Fuentes advierte que la intervención debería comenzar desde el primer momento en que existe conocimiento de un posible delito. El problema es que los registros revisados para esta investigación muestran que las distintas instituciones documentan fragmentos de la historia de una niña, pero no existe información pública que permita reconstruir de principio a fin qué ocurrió con ella.

El sector salud registra consultas, embarazos y nacimientos; la Fiscalía contabiliza investigaciones; las procuradurías documentan atenciones y medidas de protección, y las escuelas llevan sus propios registros. Sin embargo, las bases públicas no están vinculadas de manera que permitan saber si una niña que llegó embarazada a un hospital fue posteriormente canalizada para una IVE, si su caso fue notificado a la Fiscalía, si recibió un Plan de Restitución de Derechos o si existió seguimiento después del parto.

Para Soto, esa falta de trazabilidad impide conocer en qué momento se rompe la ruta de protección y cuántas víctimas quedan fuera de ella. Equifonía también ha identificado modificaciones en registros estadísticos oficiales durante el monitoreo realizado en la última década, lo que dificulta construir series históricas consistentes y dar seguimiento al fenómeno.

La información disponible tampoco permite conocer de manera sistemática qué ocurrió con las niñas después de dar a luz: si continuaron viviendo con el agresor, si regresaron a la escuela, si recibieron atención psicológica, si se abrió una carpeta de investigación o si alguna institución dio seguimiento a la restitución de sus derechos.

Para Equifonía, parte del problema radica en que el embarazo infantil apenas comienza a ser reconocido institucionalmente como una posible consecuencia de la violencia sexual y no como una situación normalizada dentro de las familias o comunidades.

“Es reciente la postura de la presidenta a nivel federal de decir que esto es un delito que se debe denunciar. Es muy reciente”, señala Fuentes.

La organización considera por ello indispensable capacitar de manera permanente al personal de salud, educación, fiscalías y procuradurías de protección, pues de su actuación depende que una niña no reciba únicamente atención obstétrica, sino que pueda acceder también a la protección, a la IVE cuando corresponda, a la investigación del delito y a la restitución de sus derechos.

Una nueva estrategia frente a fallas que continúan

En julio de 2025, la gobernadora Rocío Nahle anunció una estrategia estatal para atender el embarazo infantil en coordinación con IMSS-Bienestar y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). La mandataria señaló que el plan involucraría a los sectores de salud, justicia y educación para fortalecer la prevención y atención de estos casos.

El anuncio ocurrió después de que se difundieran a nivel nacional casos de niñas que habían quedado embarazadas tras sufrir violencia sexual por parte de hombres adultos. Nahle sostuvo entonces que los embarazos en niñas debían ser abordados desde una perspectiva de protección a las víctimas.

“Hay una estrategia, sí tenemos una estrategia, yo creo que vamos a echarla a andar junto con el IMSS-Bienestar y la Fiscalía”, declaró.

Sin embargo, los datos correspondientes al periodo posterior muestran que las brechas documentadas por AVC continúan. Entre enero y mayo de 2026, IMSS-Bienestar reportó únicamente dos notificaciones de embarazos infantiles a la Fiscalía en todo Veracruz, mientras que las respuestas de las procuradurías municipales muestran ausencia de planes, criterios distintos de atención y desconocimiento de algunos de los mecanismos previstos en la Ruta NAME.

Más que la ausencia de instituciones o normas, los datos de esta investigación muestra una estructura que funciona de manera fragmentada: una dependencia registra el embarazo, otra puede conocer la violencia, otra debe investigar el delito y otra tiene la responsabilidad de restituir los derechos, pero no existe un seguimiento público que permita comprobar que todas esas piezas se activaron para cada niña.

AVC solicitó entrevistas y se enviaron cuestionarios a la Secretaría de Salud y la Fiscalía del estado, quienes informaron que enviarán respuestas, aunque al cierre de este reportaje estaban pendientes de recibir. 

La justicia llegó después: sentencias y reparaciones

Para Sofía, la respuesta penal llegó seis años después de haber declarado ante el Ministerio Público que su padre abusaba sexualmente de ella. Durante el proceso, el acusado negó los señalamientos y sostuvo que mantenía un comportamiento ejemplar, pero en 2019 un juez lo declaró responsable de pederastia agravada y lo condenó a 19 años de prisión, además de imponerle una multa de 80 mil 950 pesos.

La sentencia fijó también una reparación del daño de 10 mil pesos para la valoración y atención psicológica de Sofía. Para entonces habían pasado años desde aquel embarazo que fue atendido primero en una unidad de salud y después en un hospital, sin que la intervención de esas instituciones hubiera detonado la investigación penal.

El caso de Elena también terminó en una sentencia, aunque mediante un procedimiento abreviado. El acusado aceptó su responsabilidad por los hechos y recibió una condena de 12 años de prisión, una multa de 96 pesos y el pago de una reparación equivalente al costo de 16 sesiones de tratamiento psicológico.

Los dos expedientes muestran que la activación de la vía penal tampoco significó una respuesta inmediata. En ambos casos, la justicia llegó después de que las niñas habían atravesado el embarazo y después de que distintas instituciones tuvieron oportunidades para detectar la violencia y activar los mecanismos de protección.

Para Adriana Fuentes y Karina Soto, de Equifonía A.C., las sentencias también abren una discusión sobre la capacidad del sistema de justicia para reparar las consecuencias de la violencia sexual. La organización cuestiona tanto las penas alcanzadas en algunos procesos como las reparaciones económicas o psicológicas que, considera, no corresponden con la dimensión de las afectaciones sufridas por las víctimas.

Equifonía identifica además otros problemas en la ruta penal, entre ellos carpetas de investigación que permanecen sin avanzar y procesos que se prolongan durante años. Para la organización, cuando las instituciones no investigan oportunamente y las reparaciones resultan insuficientes, se debilita el efecto que debería tener la justicia frente a quienes cometen delitos sexuales contra niñas.

Soto y Fuentes consideran que la respuesta no puede limitarse a conseguir una sentencia. Entre los pendientes señalan la capacitación permanente del personal de salud, el seguimiento de las víctimas después del embarazo o el parto, el fortalecimiento de fiscalías y procuradurías y, particularmente, la existencia de información pública que permita conocer cuántos casos derivaron en investigaciones, sentencias y medidas efectivas de restitución.

Para Equifonía, que estas fallas permanezcan pese a la creación de nuevos protocolos y mecanismos de atención termina por reproducir condiciones de impunidad. La organización califica algunas resoluciones y reparaciones como “de burla” cuando, a su juicio, no corresponden con el daño ocasionado a las víctimas.

Los casos de Sofía y Elena, muestran el recorrido que esta investigación encontró también en los datos oficiales: las niñas pueden ser detectadas por el sistema de salud, atravesar un embarazo o un parto y llegar posteriormente a las instituciones de protección y justicia, sin que esas intervenciones ocurran de manera articulada ni oportuna.

Más de una década después del caso de Sofía, el Estado cuenta con más normas, protocolos y mecanismos de coordinación. El desafío que revelan los expedientes y registros revisados por AVC Noticias sigue siendo el mismo: que la primera institución que vea a una niña víctima de violencia sexual active una ruta capaz de protegerla antes de que el daño continúe.