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Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Más de 10 mil solicitudes de amparo promovidas por trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han sido desechadas en el país, luego de que recurrieron a esta vía legal para inconformarse contra la reforma constitucional que estableció un tope a las pensiones, informó Víctor Rojas Huidobro, integrante de la Alianza Nacional de Jubilados. En Veracruz, alrededor de 600 extrabajadores se encuentran entre los afectados por la modificación. Este viernes, un grupo de jubilados se manifestó de manera pacífica en instalaciones de la CFE, en el marco del 89 aniversario de la empresa. Rojas Huidobro señaló que, tras el desechamiento de los amparos, los inconformes preparan una nueva etapa de la defensa jurídica, ahora mediante demandas laborales que deberán presentar individualmente ante los tribunales correspondientes en cada entidad. “A nivel nacional van más de 10.000 amparos que han sido desechados. De todos los trabajadores de la República mexicana. Seguimos en la lucha legal ahorita viene la demanda laboral que a cada uno de nosotros va a ser en forma independiente y si no hay respuesta aquí en México, estamos preparados para irnos a la comisión interamericana y posteriormente a la corte interamericana”. Explicó que las protestas de este viernes se realizaron simultáneamente en 39 puntos del país, luego de que Morelos se sumó a las movilizaciones. El representante de los jubilados sostuvo que la inconformidad no se limita al monto establecido como límite para las pensiones, sino que se centra en la defensa de derechos que consideran adquiridos y en su rechazo a la aplicación retroactiva de la reforma. “Nosotros formamos parte tanto mujeres y hombres que estamos jubilados, somos parte de esa historia y no se puede borrar con un plumazo ni con una reforma, ni con un transitorio, que es el que nos está afectando la retroactividad”. Indicó que actualmente existe un nuevo tope de 134 mil pesos y que algunos jubilados quedaron fuera de ese límite; sin embargo, aseguró que el movimiento continuará porque consideran que permanece el riesgo de afectación. “Seguimos afectados, aunque hay un nuevo tope, seguimos afectados. Hay gente que ya la libró, hay gente que ya no está en ese tope quedó abajo, pero definitivamente en cualquier momento pueden echar para atrás ese escrito de la consejería jurídica que hizo el 9 de julio. El nuevo tope es de 134.000. Sí, pero bueno, aquí no estamos hablando de cantidades, estamos hablando de derechos adquiridos y estados de derecho”. Rojas Huidobro agregó que el siguiente paso será que cada jubilado interponga su demanda de manera individual ante las instancias laborales de su estado. Por su parte, Esmeralda Ahuante señaló que en Veracruz son alrededor de 600 jubilados los que forman parte del movimiento nacional y explicó que la protesta coincidió con el aniversario de la creación de la CFE. Durante la concentración se recabaron cartas dirigidas a la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, el Congreso de la Unión, los congresos estatales y la opinión pública para reiterar la exigencia de respeto a sus derechos adquiridos y al principio de no retroactividad. “Nosotros tenemos como exigencia en este momento el respeto a los derechos adquiridos, a la no retroactividad y todo esto derivado de la modificación al artículo 125 de la Constitución”. Ahuante explicó que las cartas fueron firmadas tanto por jubilados como por personas que se acercaron a respaldar la protesta y serán canalizadas a la Presidencia de la República. Añadió que las acciones no se limitaron a Veracruz, sino que se replicaron en distintas entidades del país y contaron también con el respaldo de trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos. “Esta acción que ellos están viendo el día de hoy aquí no es una acción de Xalapa o del Estado de Veracruz, es una acción que se está replicando en los 32 estados del país y en diferentes puntos en cada uno de los estados”. Los jubilados aprovecharon la conmemoración de los 89 años de la CFE para reivindicar su participación en la historia de la empresa y mantener públicamente su rechazo a la reforma que consideran afecta las condiciones bajo las cuales obtuvieron su jubilación.
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