Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval).- El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) acumula 361 denuncias por irregularidades detectadas en el uso de recursos públicos; sin embargo, únicamente 10 procedimientos han sido judicializados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los casos llevados ante un juez representan apenas 2.8 por ciento del total de denuncias. Además, alrededor de 72 asuntos fueron cerrados después de que la FGE determinó el no ejercicio de la acción penal, cifra equivalente al 19.9 por ciento.

De las 361 denuncias presentadas históricamente por el Orfis, un total de 183 corresponde a la gestión de la actual auditora general, Delia González Cobos, lo que representa 50.7 por ciento.

“Quiero decirles que presentamos 361 denuncias. Tenemos en general presentadas por el Orfis 361. En mi caso, habíamos presentado 181; recientemente presentamos otras dos, entonces tenemos 183 aproximadamente”, explicó.

La auditora señaló que no todas las denuncias necesariamente terminan en una acción penal, ya que el Orfis puede presentar una querella cuando todavía se encuentra abierto el procedimiento administrativo.

Durante ese proceso, los entes fiscalizados pueden entregar documentación o aclaraciones que permitan solventar las observaciones detectadas.

De acuerdo con González Cobos, la Fiscalía cerró aproximadamente 72 asuntos con base en la información obtenida durante las revisiones, por lo que determinó no ejercer acción penal.

“En el caso de los que sí atienden y que ya están en la Fiscalía, obviamente la Fiscalía los concluye también. Y por esa razón ya no ejerce acción penal. Hay 72 asuntos aproximadamente que la Fiscalía ya cerró con base en el trabajo hecho”, declaró.

Las denuncias involucran a servidores públicos estatales y municipales, aunque la mayoría corresponde a autoridades de los ayuntamientos, indicó la titular del organismo fiscalizador.

Orfis pide reducir plazo de siete años para resolver casos

González Cobos consideró necesario modificar la legislación para reducir los tiempos establecidos para concluir las investigaciones derivadas de la fiscalización.

Actualmente pueden transcurrir hasta siete años antes de determinar si existió una responsabilidad administrativa relacionada con el manejo de recursos públicos.

La propuesta fue abordada durante un foro realizado en Pachuca, Hidalgo, y requeriría primero modificaciones federales para después armonizar la legislación de Veracruz.

“Es necesario hacer modificaciones a la ley y estas modificaciones, obviamente, tienen que ver desde el Congreso federal y luego se armonizan con la ley estatal”, explicó.

La auditora advirtió que el plazo vigente prolonga el seguimiento de las observaciones y la definición de posibles responsabilidades.

“Tenemos siete años para concluir, para que los trabajos de fiscalización y las investigaciones que deriven de esos trabajos puedan tener un cierre en el que nosotros podamos determinar si la responsabilidad administrativa se dio o no”, agregó.

Durante ese periodo, el Orfis solicita información y aclaraciones a los entes fiscalizables y servidores públicos involucrados para determinar si las observaciones fueron atendidas o si procede continuar con los procedimientos.

En estos casos también puede intervenir el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.

Cuenta Pública 2025 será entregada en septiembre

La revisión de la Cuenta Pública 2025 será entregada antes de que González Cobos concluya su periodo como auditora general del Orfis.

La fiscalización comprende el último año de las administraciones municipales salientes y el primero del Gobierno estatal encabezado por Rocío Nahle García.

El periodo de González Cobos termina el 26 de septiembre de 2026, mientras que la legislación establece como fecha límite el primer día de octubre para entregar al Congreso del Estado los informes individuales y el Informe General Ejecutivo.

Debido al relevo en el organismo, la documentación será entregada de manera anticipada durante septiembre.

La auditora indicó que el Orfis se encuentra en la etapa final de la revisión. Todavía deberán analizarse las respuestas de los entes fiscalizados antes de determinar si existen observaciones por probable daño patrimonial.

“Todo este resultado lo vamos a dar a conocer en unos días, en septiembre. Estamos en los últimos detalles para entregar los pliegos de observaciones y vamos a ver la respuesta que nos den las autoridades”, señaló.

Será hasta que se valore la solventación presentada por las dependencias, ayuntamientos y demás entes cuando se conozca el resultado definitivo de la fiscalización de 2025.

“Dependiendo de la valoración que se haga de estas respuestas, de esta solventación, es que voy a poder decirles a ciencia cierta qué fue lo que encontramos”, concluyó.