Notario pide pruebas sobre presunto cártel inmobiliario en Veracruz
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2026-08-26.- Notario de Orizaba pide pruebas sobre el presunto “cártel inmobiliario” y exige que las investigaciones contra fedatarios se sustenten jurídicamente.
Orizaba, Ver.- (AVC) El Gobierno de Veracruz debe presentar con claridad los expedientes y pruebas que sustenten los señalamientos contra notarios por presuntas irregularidades, afirmó Alberto Galland Marqués, titular de la Notaría número 10 de Orizaba y delegado del Colegio de Notarios del Estado.
El notario cuestionó que se hable de un presunto “cártel inmobiliario” sin que hasta ahora se conozcan públicamente los elementos que permitan determinar quién incurrió en alguna conducta irregular y cuál fue su responsabilidad.
“Hablan de un cártel inmobiliario, pero en realidad, ¿qué pruebas tienen ustedes del cártel inmobiliario?”, cuestionó.
Galland Marqués pidió evitar que los señalamientos contra algunos fedatarios se conviertan en una condena generalizada para todo el gremio.
Explicó que desconoce los expedientes de los notarios señalados públicamente, por lo que consideró irresponsable emitir una opinión sobre sus actuaciones sin conocer la documentación que sustenta las acusaciones.
Señaló que la autoridad cuenta con facultades para investigar, supervisar y sancionar cualquier irregularidad, pero sostuvo que cada caso debe analizarse de manera individual y con base en elementos jurídicos concretos.
Revisan notarías de la región
El delegado del Colegio de Notarios informó que las revisiones anunciadas por el Gobierno del Estado ya comenzaron en la región de Orizaba.
Hasta el momento, dijo, entre siete y ocho notarías de la demarcación han sido inspeccionadas, incluida la que él encabeza y otra a cargo del licenciado Cordero.
Aseguró que hasta ahora no les han comunicado observaciones derivadas de dichas revisiones.
Explicó que los inspectores de la Dirección de Notarías pueden seleccionar de manera aleatoria los libros y legajos que consideren necesarios para verificar el trabajo de los fedatarios.
En su caso, indicó, fueron revisados entre 15 y 20 libros, de un acervo superior a 400 ejemplares.
“Vienen y le piden el libro que quieran y el legajo que quieran y revisan que todo esté en orden”, comentó.
Galland Marqués consideró que precisamente estas inspecciones deben permitir a las autoridades detectar posibles anomalías y establecer con claridad si existen responsabilidades y quiénes serían los responsables.
Pide no responsabilizar solo a notarios
La discusión tomó relevancia luego de que autoridades estatales han señalado públicamente a determinados notarios, entre ellos tres de Córdoba, por su presunta relación con el denominado “cártel inmobiliario”.
Galland Marqués insistió en que no conoce los expedientes de esos casos y, por ello, no puede determinar si los fedatarios actuaron de manera indebida.
“Yo no puedo hablar de si procedieron bien o procedieron mal. Ellos tendrán que defenderse, cada quien tendrá que hacerlo”, expresó.
Reconoció que una eventual actuación irregular de un notario puede afectar la percepción ciudadana sobre todo el gremio, pero rechazó que un caso particular sea suficiente para descalificar a quienes cumplen con su función conforme a la ley.
“Desgraciadamente es lo que pasa. No por uno van a calificar a todos”, sostuvo.
El notario también se refirió a las declaraciones del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quien afirmó que la revisión de las notarías es como “destapar una cloaca”.
“Yo quisiera saber exactamente a cuál cloaca se refiere”, manifestó.
Explicó que en determinadas operaciones pueden intervenir distintas personas y autoridades, por lo que una eventual irregularidad relacionada con una escritura no necesariamente puede atribuirse de manera automática al notario que la formalizó.
Incluso, planteó que podrían existir funcionarios o litigantes involucrados, dependiendo del origen de los procedimientos que dieron lugar a determinadas escrituras.
Detalló que la función notarial consiste en formalizar jurídicamente determinados actos y que, cuando una escritura tiene como antecedente un procedimiento judicial, también debe revisarse el origen de ese proceso antes de establecer responsabilidades.
Por ello, consideró que una investigación compleja no debe centrarse únicamente en el desempeño de los notarios si existen otros elementos que también deben ser revisados.
Aunque dijo respetar las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García y las atribuciones de las instituciones encargadas de supervisar a los fedatarios, Galland Marqués aclaró que su postura no significa defender a quienes eventualmente hayan incurrido en irregularidades.
Su planteamiento, explicó, es que cada caso debe sustentarse jurídicamente y que las personas señaladas deben conocer los expedientes y tener la posibilidad de defenderse.
“Yo respeto lo que diga la gobernadora porque es mi superior y ella sabrá por qué”, afirmó.
Finalmente, recordó que la vigilancia del ejercicio notarial corresponde a una estructura encabezada por el Ejecutivo estatal, seguida por la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Notarías, además de las áreas responsables de inspección y archivo.
Sostuvo que serán estas instancias las que deberán determinar, con base en los resultados de las revisiones, si existen responsabilidades y contra quiénes proceden.
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