Veracruz acumula 96 investigaciones por corrupción y 11 sanciones
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2026-08-28.- Veracruz reportó 96 investigaciones por faltas administrativas graves, pero solo 9 informes con sentencia definitiva y 11 sanciones, según Transparencia Mexicana.
Xalapa, Ver.- (AVC) Veracruz registró 96 investigaciones por probables responsabilidades administrativas vinculadas con hechos de corrupción, pero el balance reporta únicamente 9 informes con sentencia definitiva y 11 sanciones, de acuerdo con un estudio difundido este 27 de agosto por Transparencia Mexicana.
Los datos colocan el foco en lo que ocurre después de que los órganos fiscalizadores detectan posibles faltas graves: la investigación no necesariamente termina en una consecuencia administrativa.
Para el caso de Veracruz, la organización reportó 96 probables responsabilidades administrativas investigadas por el órgano de fiscalización superior estatal. Del lado de la justicia administrativa aparecen 9 informes con sentencia definitiva y 11 sanciones totales.
Las cifras provienen de información entregada tanto por los órganos de fiscalización superior como por los tribunales de justicia administrativa, por lo que no deben interpretarse como si las 11 sanciones correspondieran necesariamente, caso por caso, a las 96 investigaciones iniciadas.
En Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) cuenta con facultades para investigar responsabilidades administrativas derivadas de la revisión de las cuentas públicas, mientras que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) tiene atribuciones para imponer sanciones por faltas administrativas graves a servidores públicos y particulares.
El problema no es exclusivo de Veracruz. A nivel nacional, Transparencia Mexicana identificó 5 mil 100 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa iniciados por los órganos fiscalizadores; 898 llegaron a sentencia definitiva y se impusieron 363 sanciones.
Esto significa que solo 7.1 de cada 100 asuntos considerados suficientemente graves por una autoridad fiscalizadora terminaron con algún tipo de sanción administrativa en el país.
La organización explicó que el indicador no mide el total de actos de corrupción cometidos, sino la capacidad del sistema para generar consecuencias una vez que una posible falta grave ya fue detectada e investigada.
Además, señaló que seis de cada 10 sanciones impuestas en el país correspondieron a inhabilitaciones temporales, mientras que la destitución del cargo representó apenas uno por ciento.
El estudio fue elaborado con información de los órganos de fiscalización superior y tribunales administrativos del país. Transparencia Mexicana anunció que los resultados serán entregados al Congreso de la Unión ante la discusión de posibles modificaciones al sistema de fiscalización y combate a la corrupción.
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