Coatepec, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Dos abogados fueron detenidos este martes en Pacho Viejo, municipio de Coatepec, señalados por su presunta participación en el delito de fraude procesal.

Se trata de Miguel Isaac N y Pedro Damián N, quienes fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial y trasladados al Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, donde quedaron a disposición de un juez de control.

Los abogados llegaron a las instalaciones alrededor de las 16:30 horas del martes 8 de septiembre de 2026, para participar en una audiencia relacionada con la investigación por el presunto fraude procesal.

Tras conocer las detenciones, alrededor de 30 personas que se identifican como presuntas víctimas de despojo de propiedades acudieron a la sala de juicios orales de Pacho Viejo para exigir que se investiguen los casos que, aseguran, han denunciado durante años.

A nombre de los afectados, Antonio Selem señaló al abogado Roly Domínguez como presunta cabeza de lo que denominaron un “cártel inmobiliario” y mencionó como supuestos integrantes o aliados a diversos litigantes, entre ellos Rigoberto Peña, Getse Ramírez, Pedro Atilano, Joel García, Miguel Isaac y Pedro Damián, estos dos últimos detenidos este martes.

También señaló que son investigadas Wendy, pareja del litigante Miguel Isaac, así como integrantes de la familia Contreras Salazar, de la localidad de Paso La Milpa, municipio de Actopan.

Los manifestantes afirmaron que en la presunta red participarían más de 150 personas, entre ellas abogados, actuarios, peritos, prestanombres y personas contratadas para desalojar a propietarios de sus inmuebles.

Asimismo, acusaron a seis jueces del Poder Judicial del Estado de Veracruz de estar presuntamente relacionados con procedimientos que, según los afectados, comenzarían con documentación falsa y terminarían en despojos o desalojos.

“Son al menos seis jueces que tendrán que ser investigados y revisados sus procesos porque todo se inicia con documentos falsos y todo termina con un despojo, desalojo o robo”, señalaron.

Piden auditar a los 260 notarios de Veracruz

Las víctimas exigieron al Gobierno de Veracruz la contratación de un despacho especializado para revisar los folios relacionados con propiedades que, aseguran, fueron utilizados en procedimientos irregulares.

Pidieron que se investigue a notarios públicos, abogados y demás personas involucradas, además de realizar una revisión “folio por folio” de las operaciones registrales.

Los afectados cuestionaron que un mismo notario pueda participar en procedimientos que posteriormente sean revisados en el Registro Público.

También solicitaron que sean auditados los 260 notarios públicos de Veracruz, con el objetivo de detectar posibles irregularidades y evitar nuevos casos de fraude procesal y despojo inmobiliario.

De acuerdo con los manifestantes, los casos relacionados con esta presunta red se remontan a seis años atrás y han sido identificados en municipios como Xalapa, Coatepec, Alto Lucero, Actopan, Córdoba y Tlalnelhuayocan, entre otros.

Aseguraron que entre las propiedades presuntamente afectadas hay ranchos, viviendas, negocios, bodegas y departamentos.

Adulto de 90 años denuncia despojo de inmueble

Entre las personas que acudieron a Pacho Viejo estuvo Luis Castillo Aburto, de 90 años, quien llegó acompañado de familiares para exigir justicia por un inmueble que, afirmó, pertenece a su familia desde hace ocho décadas.

Su hijo, Manuel Ezequiel Castillo, explicó que se trata de una propiedad ubicada en la avenida 20 de Noviembre número 50, con una superficie superior a los mil metros cuadrados.

Aseguró que el inmueble fue desalojado el 28 de agosto de 2024, mediante documentos y firmas que, según su denuncia, habrían sido falsificados.

“Este inmueble es de nuestra familia desde hace 80 años; el 28 de agosto del 2024 nos lo quitaron, nos desalojaron con documentos y firmas falsificadas apoyados por la autoridad”, afirmó.

Los familiares señalaron que en el procedimiento presuntamente participaron notarios, abogados, jueces y actuarios, por lo que durante los últimos dos años han emprendido denuncias y acciones legales para recuperar la propiedad.

Para las víctimas, la detención de Miguel Isaac N y Pedro Damián N representa un avance en las investigaciones y una esperanza de que los responsables sean llevados ante la justicia y que los propietarios afectados puedan recuperar sus bienes.

Los manifestantes también reconocieron la atención de la gobernadora Rocío Nahle García, así como del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General del Estado, ante los reclamos que han presentado.

“Agradecemos su apoyo. Aún hay muchos casos y hay personas que, por falta de dinero para pagar sus abogados, se han quedado en el olvido”, manifestó Manuel Ezequiel Castillo.