Xalapa, Ver. (AVC).- Veracruz cuenta con 18 servicios públicos de aborto seguro, pero el acceso efectivo todavía enfrenta obstáculos relacionados con la centralización de la atención, horarios limitados, falta de insumos, medicamentos y personal, de acuerdo con el estudio Voces por el derecho a decidir, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

El documento señala que en México existen 405 Servicios de Aborto Seguro, distribuidos entre instituciones como IMSS-Bienestar, ISSSTE, IMSS ordinario, secretarías estatales de Salud y Pemex.

En Veracruz se registran 18 unidades: siete del IMSS-Bienestar, cuatro del IMSS ordinario, cinco del ISSSTE y dos de Pemex. Con esa cifra, el estado se encuentra entre las entidades con mayor número de servicios disponibles.

La Ciudad de México encabeza la lista nacional con 43 servicios, seguida de Hidalgo con 24, San Luis Potosí con 19, mientras que Veracruz y Tabasco reportan 18 cada uno.

Veracruz despenalizó el aborto voluntario en 2021 y además cuenta con lineamientos locales para la atención de estos procedimientos, de acuerdo con el estudio.

Sin embargo, Fundar advierte que la existencia de servicios no necesariamente garantiza el acceso oportuno.

A nivel nacional, 60 por ciento de los servicios opera únicamente de lunes a viernes y sólo 35 por ciento brinda atención todos los días. En cuanto a horarios, 35 por ciento funciona únicamente durante el turno matutino y sólo 22 por ciento ofrece atención las 24 horas.

Servicios concentrados en zonas urbanas

Uno de los principales problemas identificados por la investigación es la centralización de los servicios en capitales, zonas metropolitanas o municipios con mayor población.

Esto obliga a mujeres y personas gestantes que viven en comunidades rurales o zonas periféricas a trasladarse largas distancias para recibir atención.

El estudio también identifica como barreras la falta de medicamentos como misoprostol y mifepristona, la escasez de insumos para procedimientos médicos, la insuficiencia de personal no objetor de conciencia y la limitada difusión de información sobre los servicios disponibles.

Fundar señala que estas condiciones pueden provocar que las usuarias deban regresar en distintas ocasiones, pagar traslados, hospedaje o incluso comprar medicamentos que deberían ser proporcionados por el sistema público.

Desconfianza hacia servicios públicos

El estudio recoge entrevistas realizadas a 43 mujeres, principalmente habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, sobre sus experiencias y percepciones respecto al acceso al aborto seguro.

De ellas, sólo tres señalaron que elegirían un servicio público para realizarse un aborto.

La mayoría afirmó que preferiría hacerlo en casa con medicamentos y acompañamiento, mientras que los servicios privados fueron la segunda opción más mencionada.

El informe aclara que los testimonios no corresponden específicamente a mujeres de Veracruz, pero son utilizados para analizar las barreras que persisten en la política nacional de aborto seguro.

Entre las principales razones de desconfianza hacia el sistema público, las entrevistadas mencionaron malos tratos, estigmatización, falta de información, personal insuficiente y temor a que se les niegue la atención.

Veracruz, entre estados con mortalidad materna

El documento también hace referencia a Veracruz al abordar la mortalidad materna.

Según datos retomados por Fundar, Veracruz y Chiapas se encuentran entre las cinco entidades que concentraron, en conjunto con otros tres estados, 39 por ciento de las defunciones maternas registradas en México durante 2025.

La organización advierte que las desigualdades en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva afectan principalmente a mujeres que viven en comunidades rurales, indígenas, afromexicanas, en condición de pobreza o alejadas de los centros urbanos.

Fundar propone ampliar la red de servicios de aborto seguro, descentralizar la atención, extender días y horarios, garantizar medicamentos e insumos y asegurar la presencia de personal no objetor de conciencia en todas las unidades.

También plantea aumentar los recursos destinados a salud sexual y reproductiva y mejorar la transparencia sobre el presupuesto que cada institución pública destina a estos servicios.