Xalapa, Ver.- (AVC) El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) pidió una resolución judicial favorable para Higinio, a quien considera encarcelado por su participación en la lucha de los pueblos de la región huasteca. En un comunicado fechado en Xalapa el 12 de octubre de 2026, la organización vinculó su exigencia con la conmemoración de la resistencia indígena.

El pronunciamiento señala al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de Boca del Río, Veracruz, como la instancia cuya resolución debe reflejar, sostuvo el FNLS, la protección y garantía de los derechos humanos.

La organización identificó como integrantes del tribunal a las magistradas Zayra Cecilia Flores Reyes y Mónica Esbeydi Aguilar Alcántara, así como al magistrado Antonio Soto Martínez.

Según el comunicado, Higinio se organizó con su pueblo para enfrentar la opresión, la explotación y las prácticas de los caciques en la región huasteca. El FNLS afirmó que esa participación fue criminalizada y judicializada, y acusó al sistema judicial de prolongar su encarcelamiento.

El documento no precisa los delitos que se le imputan, el tiempo que lleva preso ni el recurso judicial pendiente de resolución. Tampoco proporciona su nombre completo.

En su posicionamiento por el 12 de octubre, el frente rechazó que la fecha se celebre como Día de la Hispanidad o de la Pluriculturalidad. Consideró que esas denominaciones ocultan la resistencia de los pueblos originarios ante la conquista española.

A 534 años de 1492, la organización sostuvo que la conquista fue un proceso violento de dominación y saqueo. Atribuyó a los crímenes de la Corona española una reducción de más del 90 por ciento de la población, cifra incluida en el comunicado sin una fuente de respaldo.

El FNLS también denunció que las comunidades indígenas enfrentan violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y constitucionales. Responsabilizó de lo que llamó “violencia de clase” a los tres niveles de gobierno, los cuerpos policiales y militares, las cámaras de Diputados y Senadores, los juzgados, los tribunales y la Suprema Corte.

Asimismo, acusó a los gobiernos de favorecer la concentración de la riqueza en grandes empresas transnacionales, principalmente de origen estadounidense, a costa de los trabajadores del campo y la ciudad.

La organización expresó su solidaridad con colectivos, organizaciones populares y organismos independientes de derechos humanos. Cerró con un llamado a mantener las luchas en defensa de los derechos de los pueblos y a recordar la resistencia indígena.