El informe Fracking en el presupuesto público 2027, elaborado por Fundar, Engenera y la Alianza Mexicana contra el Fracking, identifica recursos para proyectos como Aceite Terciario del Golfo, Integral Veracruz, Integral Poza Rica, Coyula y Miquetla, en cuyos antecedentes técnicos se documenta el uso de fracturación hidráulica o se contempla la aplicación de métodos asociados con esta actividad.

Los recursos se mantienen pese a que un comité científico convocado por el Gobierno federal recomendó prohibir el aprovechamiento de gas natural no convencional en la cuenca Tampico-Misantla, una región petrolera que comprende parte del norte de Veracruz.

El estudio señala que esta recomendación, presentada en agosto de 2026, todavía no se ha traducido en un decreto, una regulación o una ley que establezca dicha prohibición.

Los cinco proyectos petroleros con presupuesto para 2027

El documento, publicado en octubre de 2026, identifica los siguientes proyectos y sus asignaciones presupuestarias

Uno de los proyectos con mayor presupuesto es Aceite Terciario del Golfo (ATG), localizado en Veracruz y Puebla, que incluye 29 campos productores de petróleo y gas asociado.

De acuerdo con el informe, desde 2010 la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) había identificado que el 76 por ciento de los pozos evaluados en este proyecto, equivalentes a 1,323, habían sido fracturados hidráulicamente.

Por su parte, el Proyecto Integral Veracruz, con 3 mil 712 millones de pesos, comprende actividades en la porción terrestre de la Cuenca de Veracruz y tiene un horizonte de planeación que se extiende hasta 2034.

Sus documentos técnicos contemplan la evaluación de hidrocarburos no convencionales y la perforación de pozos horizontales, aunque el informe no acredita que los recursos de 2027 se destinen específicamente al fracking.

En el caso de Integral Poza Rica, localizado en el norte del estado, se prevé una asignación de 2 mil 615 millones de pesos. El proyecto inició en 2002 y tiene como fecha prevista de conclusión 2032. Sus análisis consideran pozos horizontales y riesgos asociados con el fracturamiento.

El proyecto Coyula, cuyo polígono abarca 787.9 kilómetros cuadrados entre Hidalgo, Puebla y Veracruz, recibirá 223 millones de pesos. Sus documentos técnicos incluyen recomendaciones para continuar con programas de fracturamiento hidráulico.

Finalmente, CEE Miquetla tiene previstos 91 millones de pesos. El informe señala que un plan de exploración aprobado en 2019 contemplaba entre 17 y 20 etapas de fracturamiento en un pozo.

Recomiendan prohibir extracción no convencional en Tampico-Misantla

El informe destaca que, en agosto de 2026, el comité de científicos convocado por la presidenta Claudia Sheinbaumrecomendó considerar la prohibición del aprovechamiento de gas natural no convencional en la cuenca Tampico-Misantla, por criterios de protección social, biodiversidad y densidad de población.

Los especialistas plantearon que la evaluación de nuevos desarrollos de gas no convencional se concentrara en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y Burgos, en Tamaulipas, bajo condiciones relacionadas con el uso del agua, los impactos ambientales y la participación comunitaria.

Sin embargo, las organizaciones advierten que no existe todavía una disposición legal que garantice la exclusión de Tampico-Misantla de este tipo de actividades.

Organizaciones piden transparentar recursos de Pemex

El análisis señala que el programa de inversión K025, Infraestructura Económica de Hidrocarburos, concentra 250 mil 784 millones de pesos para 2027, distribuidos entre 162 proyectos de Petróleos Mexicanos.

De estos, las organizaciones identificaron cinco relacionados con antecedentes o posibilidades de uso de fracturación hidráulica.

Fundar, Engenera y la Alianza Mexicana contra el Fracking solicitaron a la Cámara de Diputados exigir a Pemex información detallada sobre los recursos destinados a proyectos que incluyen esta técnica.

También plantearon que el dinero podría destinarse a la transición energética, la reducción de emisiones de metano, la protección de áreas naturales y la atención de comunidades afectadas por el cambio climático.

El documento concluye que la permanencia de estos proyectos en el presupuesto de 2027 genera incertidumbre para las comunidades que han solicitado frenar el fracking, particularmente en territorios donde existen antecedentes de explotación petrolera mediante fracturación hidráulica.