Xalapa, Ver.- (AVC) La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su administración analiza comprar el inmueble, que actualmente registra un avance cercano al 90 por ciento, con la intención de terminar los trabajos pendientes y operarlo directamente, sin recurrir al esquema de Asociación Público-Privada (APP).

Para ello, instruyó a Raquel Buenrostro y al titular de la Secretaría de Hacienda realizar una revisión de los recursos públicos destinados al proyecto y elaborar un avalúo que permita determinar cuánto costaría adquirirlo.

La propuesta contempla negociar con la empresa responsable del complejo para definir las condiciones de compra y conclusión de la obra.

Un penal de Papantla que ha pasado por cuatro sexenios

La historia del penal se remonta a 2007, cuando el proyecto fue inscrito en la cartera de inversiones federales durante el gobierno de Vicente Fox.

En 2008, durante la administración de Felipe Calderón, se colocó la primera piedra y se anunció que el complejo comenzaría a operar en 2010.

Sin embargo, los plazos no se cumplieron. Las constructoras recibieron ampliaciones de contratos y nuevas asignaciones presupuestales, mientras la inauguración se posponía.

En 2012, el Gobierno federal destinó recursos adicionales bajo el argumento de que la obra presentaba un avance del 90 por ciento, pero tampoco se concluyó.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto se destinaron otros 3 mil 521 millones 800 mil pesos, sin que el centro penitenciario entrara en operación.

Para 2017, el proyecto estaba suspendido con un avance físico reportado del 80 por ciento.

Un año después, el Gobierno federal intentó reactivarlo mediante un contrato bajo el esquema de Asociación Público-Privada, que contemplaba la conclusión de la infraestructura y la prestación de servicios auxiliares durante 20 años.

Más de 10 mil millones de pesos y observaciones de la ASF

En marzo de 2024, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que se habían invertido más de 10 mil millones de pesos en el penal de Papantla, pese a que continuaba sin funcionar.

Durante una conferencia presidencial realizada en Coatzacoalcos, señaló que el proyecto había sido inaugurado en dos ocasiones sin concluirse y que existían controversias legales con empresas involucradas en su construcción.

También sostuvo que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se habían realizado pagos a empresas por la construcción del complejo, a pesar de que existían recursos presupuestados para ese fin.

En ese momento, Rodríguez informó que se mantenía un litigio relacionado con el incumplimiento de las obligaciones de las empresas contratadas.

Las irregularidades también fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación, que revisó el contrato adjudicado directamente a Servicios Infraestructura y Tecnología Papantla, S. A. de C. V.

El acuerdo se firmó el 20 de julio de 2018 para concluir, equipar y poner en funcionamiento las instalaciones, además de prestar servicios auxiliares durante dos décadas.

La ASF observó que la empresa no acreditó contar con la capacidad financiera, técnica y operativa necesaria para cumplir sus obligaciones.

También cuestionó que las autoridades federales no justificaran la elección de esa compañía mediante adjudicación directa, sin evaluar otras alternativas.

La constructora no consiguió el financiamiento requerido y solicitó modificar los plazos, lo que retrasó nuevamente la conclusión del proyecto, inicialmente programada para diciembre de 2019 y posteriormente aplazada hasta noviembre de 2020.

¿Cómo es el penal federal de Papantla?

El complejo fue proyectado como un centro penitenciario de máxima seguridad con capacidad para 2 mil 160 internos.

Se localiza en la zona de los ejidos Ojital y Potrero, en el municipio de Papantla, al norte de Veracruz.

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, las instalaciones contemplan cuatro módulos de máxima seguridad, dos de mediana seguridad y uno de mínima seguridad, además de espacios de observación y vigilancia.

En una de las etapas de construcción se reportaron 17 edificios terminados y siete pendientes, entre ellos áreas de visitas, juzgados, unidad canina y espacios para seguridad penitenciaria.

Aunque durante distintos gobiernos se anunciaron avances e incluso inauguraciones, el penal no ha comenzado a recibir población penitenciaria.

Gobierno busca dejar atrás el modelo de asociación público-privada

La propuesta de Claudia Sheinbaum plantea un cambio respecto al modelo utilizado para intentar concluir el penal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Bajo el esquema de Asociación Público-Privada, una empresa podía encargarse de construir, equipar y prestar determinados servicios durante un periodo establecido, a cambio de pagos gubernamentales.

La presidenta busca que el complejo pase a ser propiedad del Estado y que su operación quede directamente bajo responsabilidad de las instituciones públicas.

Antes de tomar una decisión, el Gobierno federal deberá revisar los recursos previamente invertidos, determinar el valor del inmueble y negociar las condiciones de adquisición.

La revisión estará a cargo de Raquel Buenrostro y la Secretaría de Hacienda, por instrucción presidencial.

Por ahora, no se ha informado el monto que costaría la compra ni una fecha para la entrada en funcionamiento del penal.