Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) marcharon este viernes 30 de octubre en Xalapa para exigir un incremento salarial del 10 por ciento, creación de plazas laborales, mejores condiciones de trabajo y la destitución del secretario general nacional del sindicato, Rafael Olivos Hernández.

La movilización recorrió calles de la ciudad y concluyó con una manifestación frente a las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), sección 9.

A nombre de los inconformes, Mario Mendoza Torres señaló que el incremento salarial autorizado del 8 por ciento resulta insuficiente, pues para algunos trabajadores representa menos de 200 pesos, cantidad que no alcanza para cubrir los gastos de la vida diaria.

Explicó que también demandan a la dirección general del IMSS renovar la infraestructura y el equipo médico de áreas como medicina especializada, enfermería y trabajo social.

Rechazan cambios al régimen de jubilaciones

Otra de las principales exigencias está relacionada con las modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones, que, señalaron, perjudican a los trabajadores al extender hasta 35 años el tiempo de servicio necesario para retirarse.

Mendoza Torres recordó que anteriormente podían jubilarse después de 28 años de servicio, mientras que ahora enfrentan incertidumbre sobre las condiciones en las que concluirán su trayectoria laboral.

Advirtió que prolongar los años de trabajo puede afectar especialmente a quienes realizan actividades médicas que requieren precisión, capacidad física y condiciones adecuadas para desempeñar sus funciones.

También cuestionó el sistema de Afores, al considerar que no ofrece garantías suficientes para los empleados y resta atractivo al IMSS como fuente de empleo.

Denuncian gastos por suplencias y falta de insumos

Los manifestantes también señalaron irregularidades en la contratación de personal para cubrir jornadas temporales.

Como ejemplo, expusieron que trabajadores de la región de Xalapa son enviados a hospitales del puerto de Veracruz para realizar suplencias de apenas un día, por vacaciones, incapacidades o interinatos.

Consideraron que este mecanismo afecta sus ingresos debido a los gastos de traslado y otras erogaciones que deben cubrir para cumplir con jornadas fuera de su lugar de residencia.

A estas inconformidades se suma el desabasto de medicamentos, material de curación y otros insumos hospitalarios.

Aunque reconocieron que recientemente recibieron materiales en sus áreas de trabajo y destacaron las gestiones de autoridades delegacionales y directivos hospitalarios, advirtieron que las existencias podrían agotarse en unas cuantas semanas.

Por ello, exigieron establecer un suministro continuo que permita garantizar la atención médica sin que el personal tenga que recurrir a nuevas manifestaciones para obtener los recursos necesarios.

Exigen democratizar el sindicato y destituir a su líder nacional

En el ámbito sindical, Mendoza Torres denunció que las modificaciones a los estatutos han limitado la posibilidad de que los trabajadores expresen inconformidades o exhiban posibles irregularidades.

Calificó estas disposiciones como una especie de “ley mordaza”, debido a las restricciones que, aseguró, imponen a la libertad de expresión de los integrantes de la organización.

Aclaró que el movimiento no busca crear un sindicato independiente ni separarse de la organización actual, sino impulsar su democratización y recuperar una representación que defienda los intereses de la base trabajadora.

Como parte de sus demandas, exigió la destitución del secretario general nacional, Rafael Olivos Hernández, a quien responsabilizó de no defender adecuadamente a los empleados durante las negociaciones salariales.

Recordó que inicialmente se habría aceptado un incremento de apenas 2.9 por ciento, propuesta que provocó el rechazo de los trabajadores y dio paso a manifestaciones constantes desde septiembre de 2026.

Finalmente, llamó a sus compañeros a mantenerse unidos, al advertir que las decisiones sobre salarios, jubilaciones y condiciones laborales afectarán a todo el personal, incluidos quienes actualmente están comisionados o desempeñan puestos de confianza.