Xalapa, Ver.- (AVC) El 71 por ciento de las personas médicas residentes encuestadas en un estudio retomado por la CNDH trabajaba más de 80 horas semanales en Veracruz. 

El Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas médicas residentes en México, presentado en septiembre de 2026, reúne investigaciones sobre jornadas excesivas, violencia y dificultades para denunciar abusos durante la formación médica.

Para Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cita un informe del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos (OBEME) publicado en 2024, basado en una encuesta a mil 352 estudiantes de medicina. De ellos, mil 109 cursaban especialidades en unidades médicas receptoras ubicadas en el estado.

En ese grupo de residentes, el 71 por ciento reportó jornadas superiores a 80 horas por semana.  El documento señala que, entre 2017 y 2023, la proporción de residentes que trabajaba más de 100 horas semanales osciló entre 41 y 50 por ciento en las evaluaciones analizadas.

Las mejoras en sus condiciones fueron limitadas. Según la investigación la percepción del ejercicio del derecho a la educación avanzó un punto porcentual y la del trabajo digno mejoró cinco por ciento, mientras que la correspondiente a integridad y seguridad personal empeoró tres por ciento.

El informe también identifica diferencias entre hombres y mujeres. Los residentes hombres reportaron mejores condiciones en los tres derechos evaluados: educación, trabajo digno e integridad y seguridad personal.

En materia de violencia, la CNDH retoma otro estudio, realizado en 2014 en 16 unidades receptoras de Veracruz, en el que 87 por ciento de los participantes manifestó haber sufrido al menos un episodio de agresión durante su formación como especialista.

En esa investigación,  la violencia psicológica fue la más frecuente, con 50.46 por ciento, y las principales agresiones fueron atribuidas a jefaturas de servicio.

Como propuestas nacionales, la CNDH plantea reducir las guardias mayores a 24 horas, eliminar las posguardias y fortalecer los canales de denuncia. También considera necesario establecer mecanismos de supervisión conjunta entre universidades e instituciones de salud.