Ixhuatlán del Sureste, Ver. (AVC/Verónica Huerta) La presidenta del DIF municipal de Ixhuatlán del Sureste, Cinthya Celeste Álvarez Ramírez, denunció que elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron con violencia y utilizaron mazos para romper puertas y ventanas de una vivienda destinada al resguardo provisional de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 7 de noviembre, en la cabecera municipal, durante un operativo en el que participaron más de 12 policías ministeriales. De acuerdo con la funcionaria, la intervención también ocasionó daños en viviendas aledañas y alarmó a los vecinos.

Álvarez Ramírez aclaró que, al momento de la diligencia, los menores de edad se encontraban en las instalaciones del DIF municipal, por lo que no estaban dentro del inmueble intervenido.

“La forma en que se desarrolló el operativo me preocupa por su ejecución y el uso de la fuerza. Desconocemos si estas actuaciones se ajustaron a la autorización judicial; cualquier posible irregularidad deberá investigarse y, si se acredita alguna responsabilidad, deberán aplicarse las consecuencias correspondientes”, afirmó.

Posteriormente, cuatro niñas, niños y adolescentes fueron entregados al personal del DIF municipal de Coatzacoalcos, en cumplimiento de una determinación de la FGE. El procedimiento quedó asentado en un acta de entrega-recepción.

La presidenta explicó que, de acuerdo con ese documento, se trató de un cambio de institución responsable del resguardo provisional de los cuatro menores, no de una entrega a sus familiares ni de la conclusión de la medida de protección.

“Mi preocupación por su bienestar continúa. Su vida, integridad y cuidado también deben ser prioridad para todas las instituciones involucradas”, expresó.

La funcionaria mencionó los casos de Ángel, en Argentina, y de Vicentito, en Mexicali, Baja California, como ejemplos de situaciones que obligan a las autoridades a actuar con responsabilidad en la protección de la niñez. Aclaró que no equipara esos hechos con lo ocurrido en Ixhuatlán del Sureste.

Álvarez Ramírez anunció que solicitará, por las vías legales, que se dé seguimiento a las medidas de protección de los menores y que las autoridades documenten las condiciones de su cuidado y cualquier eventual proceso de reintegración familiar.

Señalamientos por presunta privación de la libertad

La presidenta del DIF municipal informó que, después de la entrega de los cuatro menores, tuvo conocimiento de un documento judicial que contiene señalamientos en su contra y contra Deborah Catalina Avendaño Jáuregui, por una presunta privación de la libertad relacionada con un niño que se encontraba bajo resguardo de la institución.

Al respecto, sostuvo que el resguardo del menor contaba con autorización de la Fiscal Cuarta de la Fiscalía Especializada de Coatzacoalcos y del Juzgado Segundo de lo Familiar.

Indicó que la documentación correspondiente será presentada por su defensa legal, a cargo del abogado Tomás Mundo Arriaza, y pidió que los hechos sean esclarecidos mediante una investigación objetiva, sin condenas anticipadas.

Denuncia presunta persecución política

En otro señalamiento, Cinthya Celeste Álvarez expresó que considera que existe una persecución política relacionada con su esposo, Raúl González Martínez, que también estaría dirigida contra ella para desacreditarlos y separarla de la dirección del DIF municipal.

“Esta es mi valoración”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que voltee la mirada hacia Ixhuatlán del Sureste y Veracruz, y solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Como mujer, hija, hermana, le pido que vuelva la mirada hacia Ixhuatlán del Sureste, que vuelva la mirada hacia Veracruz y vea lo que estamos viviendo”, expresó.

Dijo que teme por su seguridad, la de su esposo y la de su familia, ante el acoso que, aseguró, se ha mantenido durante varios meses.