Xalapa, Ver.– (AVC) La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl víctima de violación sexual, tortura y muerte en 2007, obliga al Estado mexicano a reabrir la investigación y establece que aún es posible identificar a los responsables, afirmó Carmen Herrera, asociada de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos.
En entrevista, Herrera explicó que el fallo internacional reconoce de manera contundente el derecho a la verdad y desmonta la versión oficial sostenida durante años por autoridades federales. “La Corte creyó en la palabra de doña Ernestina y reconoció que se le negó el acceso a la justicia por razones de discriminación racial y lingüística”, señaló .
Este martes, el juez Rodrigo Mudrovitsch, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio lectura a la sentencia que declara responsable internacionalmente al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario, ocurrida en 2007 en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz a manos de soldados del Ejército Mexicano.
Reapertura del caso y posibles responsables
Carmen Herrera subrayó que uno de los puntos centrales de la sentencia es la obligación del Estado de investigar nuevamente los hechos, al considerar que las indagatorias previas fueron incompletas y deliberadamente archivadas. “El informe pericial presentado ante la Corte determinó que todavía es posible identificar a los responsables”, afirmó .
Recordó que, en su momento, existía material probatorio relevante, incluidas muestras biológicas, que no fueron debidamente analizadas. “Ese acervo probatorio fue desechado por decisiones políticas de las más altas autoridades del país”, dijo, al referirse al cierre del caso durante el sexenio de Felipe Calderón .
Investigación debe ser federal
La representante legal consideró indispensable que la reapertura del caso sea asumida por la Fiscalía General de la República (FGR) y no por autoridades estatales. “Rechazamos que la Fiscalía de Veracruz lleve esta investigación; no tiene las condiciones de independencia para llegar al fondo”, sostuvo .
Añadió que la sentencia también reconoce las afectaciones causadas a la familia de Ernestina Ascencio, a quien se le impidió impugnar el archivo del caso, lo que la Corte calificó como una forma de trato cruel y violación a la integridad personal.
Derecho a la verdad y cumplimiento de la sentencia
Herrera señaló que las organizaciones acompañantes ya solicitaron formalmente al Estado mexicano una hoja de ruta para el cumplimiento inmediato de la sentencia. “No hay razón para retrasar un año las acciones ordenadas por la Corte”, afirmó, al insistir en que el fallo debe traducirse en sanciones, reparación integral y cambios estructurales .
Finalmente, destacó que el caso de Ernestina Ascencio evidencia el racismo estructural y la violencia contra mujeres indígenas en México. “Esta sentencia debe servir como una herramienta de transformación para que el derecho a la verdad prevalezca y no vuelva a ser enterrado por el poder”, concluyó .
