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Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) La auditora general del Orfis, Delia González Cobos, informó que el organismo trabaja con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para ejecutar el cobro de 22 mil millones de pesos correspondientes a créditos fiscales derivados de resoluciones judiciales firmes.
González Cobos explicó que el Orfis no tiene facultades legales para realizar embargos o ejecuciones, por lo que la aplicación de los mecanismos de recuperación recae en Sefiplan.
“No tenemos la atribución en ley para iniciar un procedimiento administrativo de ejecución. Es un trabajo que corresponde a la Secretaría de Finanzas”, puntualizó.
Origen de los créditos fiscales
La funcionaria detalló que la mayoría de las resoluciones provienen de procesos iniciados durante administraciones pasadas, especialmente de las cuentas públicas 2015 y 2016, revisadas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
“Desde la administración anterior estuvimos recibiendo sentencias firmes donde los tribunales determinan créditos ya establecidos, y por esa razón los remitimos a Finanzas”, explicó.
Del total, 19 mil millones de pesos corresponden a sentencias firmes emitidas durante su gestión. Por ello, se establecieron mesas de trabajo con el titular de Sefiplan, Miguel Reyes Hernández, para dar seguimiento a los procedimientos de recuperación.
Sin recuperación de recursos aún
La auditora reconoció que, hasta ahora, no se ha logrado recuperar dinero en efectivo, aunque las sentencias permiten iniciar los procesos administrativos de cobro.
“Hemos tenido sentencias firmes, pero no quiere decir que estén cobradas. Por eso acordamos con Finanzas revisar los casos y ver los avances en la recuperación”, dijo.
Agregó que los exservidores públicos involucrados aparecen en las resoluciones judiciales —de acceso público— y que algunos han intentado prolongar los juicios, aunque las sentencias ya son definitivas.
“Han sido años en los que han estado defendiéndose, pero las sentencias están firmes y los condenan a pagar”, precisó.
Recursos para municipios y reserva legal
González Cobos señaló que los créditos vinculados con municipios deberán reintegrarse a las tesorerías locales, según el origen del daño patrimonial.
“Dependiendo de dónde haya salido el recurso, ahí se reintegra”, explicó.
Finalmente, enfatizó que el avance en la recuperación dependerá de la capacidad operativa de Sefiplan, que debe actuar con reserva por el carácter legal de los procedimientos.
“Cuando se lleva a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, no puede ponerse sobreaviso. Ellos tienen su programa de trabajo y nosotros estamos coordinados”, concluyó.
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