Xalapa, Ver.- (AVC/Sofía Quiñones) La instalación de granjas avícolas intensivas en Veracruz avanza aun en medio de denuncias por contaminación y afectaciones a comunidades rurales. De acuerdo con datos obtenidos de las gacetas oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre 2023 y 2025 hay al menos 32 expedientes abiertos para construir, ampliar u operar este tipo de establecimientos en distintos municipios del estado.

El municipio de Tierra Blanca concentra la mayor cantidad de proyectos —siete en total—, seguido de Manlio Fabio Altamirano, con cuatro. Otros puntos con presencia creciente son Coatepec, Hueyapan de Ocampo, Cotaxtla, Tres Valles, Ignacio de la Llave y Actopan, entre otros.

 Entre los principales promoventes destacan Jesuar Román Andrade, con siete proyectos; Héctor Jair Vázquez Gamboa, con tres; y Eugenio Dorantes Montero, con dos. La mayoría corresponde a instalaciones para engorda de pollos y crianza de gallinas ponedoras o reproductoras, promovidas por empresas como Granja Fortachón S.A. de C.V.y Granjas Ojai S.A. de C.V.

 Comunidades afectadas: el caso de La Mancha

 En el municipio de Actopan, habitantes de La Mancha denuncian la operación clandestina de una granja avícola que, aseguran, sigue funcionando pese a contar con una suspensión judicial permanente.

“Ya están sacando pollos y la pestilencia llega hasta nuestras casas, el olor es insoportable, sobre todo en las noches o cuando el viento sopla hacia acá. No podemos abrir las ventanas ni tender la ropa afuera”, dicen los pobladores. 

El conflicto inició cuando los vecinos detectaron maquinaria trabajando en un predio a dos kilómetros de Palmas de Abajo, colindante con el arroyo Coyolito, que desemboca en la Laguna de La Mancha, una zona reconocida por su biodiversidad.

“Primero nivelaron el terreno y luego colocaron planchas de concreto. Nadie nos informó nada. Cuando pedimos explicaciones, ya tenían los permisos y la obra casi terminada”, relatan los habitantes.

El ayuntamiento convocó a una reunión informativa, pero solo invitó a los vecinos de Palmas de Abajo, dejando fuera a La Mancha.

“Nos enteramos después de que ya estaba aprobada la construcción. En teoría, el proyecto estaba en regla, pero nunca nos mostraron el estudio de impacto ambiental”, señalan los ciudadanos.

 Una suspensión ignorada 

La comunidad logró obtener una suspensión judicial, primero temporal y luego permanente. Sin embargo, los pobladores afirman que la empresa nunca detuvo actividades.

“Pusieron sellos de clausura, pero a la semana ya estaban dentro otra vez. Lo vimos con nuestros propios ojos. En la noche se escuchan los ventiladores industriales y el movimiento de camiones”, narran los ciudadanos. 

El proceso judicial les permitió conocer cómo actuaron las autoridades involucradas.

“Demandamos a la PMA, Sedema, Conagua, Gobernación y al ayuntamiento. En los informes que entregaron, todos admiten haber autorizado el proyecto, aunque nosotros nunca recibimos notificación oficial”, explicó la comunidad.

Los pobladores también denuncian hostigamiento y amenazas por parte del personal que labora en la granja.

“Cuando intentamos documentar los olores o grabar videos desde la carretera, se nos acercan hombres en camionetas que nos gritan que nos vayamos. A varios los siguieron hasta sus casas”, aseguran.

 Preocupación por el agua y la laguna 

El mayor temor de los habitantes es que los desechos de la granja lleguen al arroyo Coyolito y de ahí a la laguna de La Mancha.

“La laguna no es solo paisaje, es nuestra vida. Aquí trabajan pescadores, llegan turistas, hay aves migratorias. Si la contaminan, se acaba todo”, expresaron los habitantes.

También comentan que investigadores del Instituto de Ecología (Inecol) detectaron inconsistencias en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado por la empresa, especialmente en los cálculos sobre el consumo de agua.

“El estudio reportó un uso de agua muy por debajo del real. Con simples cálculos demostraron que serían millones de litros al año”, explicaron los pobladores.

“Y lo peor es que Conagua aprobó todo con base en fotografías enviadas por la propia empresa, sin inspección alguna.”

Impactos ambientales y vacíos regulatorios

Para la doctora Miriam Lastiri Rito, egresada del Colegio de Postgraduados, las granjas avícolas intensivas representan una de las expresiones más graves de la devastación agroecosistémica provocada por el modelo agroindustrial.

“Estas granjas producen millones de toneladas de estiércol que superan con mucho la capacidad de los suelos para absorberlos. Los desechos terminan infiltrándose en cuerpos de agua y generando procesos de eutrofización y salinización”, explicó.

De acuerdo con Lastiri, el consumo de agua de estas instalaciones es también una fuente de conflicto, pues compiten con los recursos hídricos de las comunidades locales.

“El metabolismo aviar depende del consumo abundante y constante de agua limpia. En temporada de lluvias recurren al agua subterránea, lo que agrava la presión sobre los acuíferos”, detalló.

 La investigadora considera que las regulaciones actuales son insuficientes y poco efectivas.

“El arribo de la ganadería intensiva a países como México se aprovecha de vacíos regulatorios y de estructuras de gobierno corruptas. Las normas de descargas y emisiones no contemplan la mayoría de los contaminantes generados por esta industria”, añadió.

Economía concentrada y riesgos sociales

El sector avícola es uno de los más rentables del sistema agroalimentario, pero su concentración en pocas empresas transnacionales genera un doble riesgo: el desplazamiento de pequeños productores y la pérdida de soberanía alimentaria.

“La seguridad alimentaria está en riesgo porque la producción se concentra en unas cuantas manos. Se necesita revalorar la pequeña y mediana producción aviar, con controles sanitarios y ambientales rigurosos”, subrayó Lastiri.

Autoridades sin respuesta

 Pese a los señalamientos, los pobladores de La Mancha afirman que ni la Sedema ni la PMA han realizado nuevas inspecciones en el sitio.

“Hemos enviado fotos, videos y testimonios, pero no recibimos respuesta. Sedema nos dijo que los permisos fueron otorgados por la administración anterior, lo que nos dio a entender que ya no podía hacerse nada”, dijeron los pobladores.

El sentimiento predominante, coinciden los habitantes, es de impotencia.

“Nosotros no estamos contra el trabajo ni contra quien cría pollos, pero ¿por qué poner una granja de esa magnitud a metros de un arroyo y una laguna?”, cuestionan.

“Queremos que las autoridades vengan, que huelan lo que nosotros olemos y vean cómo vivimos.” 

Un modelo en expansión 

Los registros oficiales muestran que, en menos de tres años, el número de proyectos de granjas avícolas en Veracruz se ha triplicado. La tendencia refleja la expansión de un modelo intensivo que prioriza la producción y el abasto industrial sobre la sustentabilidad y la salud pública, señalan expertos. 

 Sin regulaciones específicas, monitoreo independiente ni participación social efectiva, el crecimiento de estas granjas plantea un dilema urgente: cómo equilibrar la demanda alimentaria con la protección de los ecosistemas y de las comunidades que los habitan, advierten acádemicos.