Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisará los contratos adjudicados a dos empresas vinculadas con Fernando Bilbao, yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

El anuncio se dio tras la publicación de una investigación periodística de Animal Político, que señala que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgó contratos por más de mil millones de pesos a las compañías Ethomedical y Abastecedora de Medicinas y Materiales, presuntamente relacionadas con Bilbao y sus socios.

Cuestionada durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió:

“Sí hay algo que revisar, se revisa. Nosotros hacemos la revisión de si en efecto lo que están comentando fue así o no fue así, y a partir de ahí, que la Secretaría Anticorrupción vea”.

Agregó que no cuenta con información directa sobre los vínculos de Bilbao con las empresas señaladas:

“No sé si en efecto es socio esta persona o no. No puedo decir si es correcto o incorrecto si no hemos checado la información”.

Ante el señalamiento público, la gobernadora Rocío Nahle respondió a través de redes sociales que no conoce al empresario mencionado en el reportaje ni tiene relación alguna con las empresas involucradas:

“Repito, no conozco a la persona que la reportera de Animal Político refiere en la mañanera… socio, esposa, amigo del amigo de mi yerno, NO lo conozco. También repito: es mentira que se haya otorgado permiso de importación de hidrocarburos”.

Nahle también aclaró que en el año en que se adjudicaron los contratos, 2022, Fernando Bilbao aún no formaba parte de su familia.

La investigación periodística indica que los contratos del IMSS fueron asignados sin licitación pública, en condiciones opacas y con presuntos sobreprecios de hasta 885 % respecto al valor comercial. Entre los casos mencionados destaca la adquisición del medicamento Sitagliptina, vendido en más de 2 mil pesos por caja, pese a que su precio habitual es de entre 120 y 300 pesos, y aspirina ofertada hasta en 40 pesos, cuando suele costar entre 7 y 11 pesos.

Además, se advierte una falta de evidencia sobre la entrega efectiva de los medicamentos, lo que plantea dudas sobre la fiscalización del sistema de compras del sector salud.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la instancia encargada de revisar si los procedimientos se ajustaron a la ley. Hasta ahora, no se ha confirmado si se abrirá una investigación formal, pero el caso ha generado amplio debate sobre la transparencia en la adquisición de medicamentos en instituciones públicas.