|
Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) A tan solo unas horas de haberse dado a conocer la terna de aspirantes para encabezar la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle García oficializó el nombramiento de Lutgarda Madrigal Valdez como titular del organismo.
El documento de designación, fechado el 23 de junio de 2025, confirma que el Ejecutivo estatal otorgó el cargo con fundamento en lo establecido por la Constitución Política del Estado de Veracruz y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
En él se especifica que Madrigal Valdez ejercerá las funciones y atribuciones conferidas por la legislación vigente, en materia de búsqueda de personas desaparecidas.
“Extiendo a usted la confianza que me ha otorgado la ciudadanía de Veracruz, con la seguridad de que habrá de desempeñar la encomienda conferida dignamente”, se lee en el texto firmado por Nahle García.
Lutgarda Madrigal ya se desempeñaba como encargada de despacho de la Comisión, y su nombramiento se da en medio de un proceso que había sido cuestionado por colectivos de familias buscadoras, quienes exigían mayor transparencia y respeto a la metodología para la selección del perfil.
El nombramiento ocurre pocas horas después de que el Órgano Técnico de Consulta entregara el informe final con la terna de aspirantes, integrada por la actual encargada del organismo, Lutgarda Madrigal Valdez; el director de Búsqueda, Juan José Aguirre Hernández; y la también colaboradora de la Comisión, Tamara Gidi Vélez.
Sin embargo, el informe técnico entregado a la Secretaría de Gobierno carece de uno de los elementos más importantes del proceso: las calificaciones individualizadas de los perfiles, conforme a la metodología previamente establecida por el órgano técnico de consulta.
De acuerdo con las bases del proceso, la evaluación debía dividirse en cuatro rubros principales:
Conocimientos, capacidades técnicas y competencias (40%), que incluían la resolución de preguntas hechas por familiares de personas desaparecidas, experiencia en búsqueda y conocimientos especializados;
Plan de trabajo (30%), en el cual se debía identificar la problemática del estado, proponer soluciones viables e incorporar adecuadamente el marco normativo vigente;
Capacidad de relacionamiento (20%), para valorar la interacción con familias, autoridades y sociedad civil;
Probidad y calidad moral (10%), enfocada en la ética personal y profesional de las candidaturas.
Pese a ello, el documento entregado no presenta ninguna calificación ni ponderación numérica que permita conocer de forma objetiva cómo se evaluó a cada aspirante, lo cual contraviene los principios de transparencia y mérito establecidos para este proceso.
Entre los postulantes registrados se encuentran: Juan José Aguirre Hernández, Lutgarda Madrigal Valdez, Rafael Rosas Flores, Tamara Gidi Vélez, Vicente Romero Ortega, Juan Emmanuel Rodríguez Castillo y José Casas Chávez.
|
