Xalapa, Ver (AVC/Ana Mozo/Flavia Morales) “Reza dos Padres Nuestros y tres Ave Marías para que Dios te perdone”. Fue la respuesta que Fernando recibió cuando, a los 14 años, le confesó a un sacerdote que el cura de su parroquia lo violaba y lo tenía bajo amenaza. Hoy, más de dos décadas después, sigue buscando justicia frente a una estructura eclesiástica que, asegura, ha comprado silencios, encubierto casos y desplazado a sus víctimas.
Fue hasta la edad adulta, tras su tercer intento de suicidio y un diagnóstico de depresión severa en 2019, que Fernando, originario de Rinconada, Veracruz, reunió el valor para presentar una denuncia por abuso sexual en contra del sacerdote Carlos Carmona Montano, quien lo agredió a los 10 años cuando era monaguillo en la iglesia de su pueblo. El abuso persistió varios años más.
El sacerdote que lo agredió forma parte de la arquidiócesis e incluso ofició misa en la Catedral de Xalapa.
Fernando interpuso una demanda civil por daño moral en contra de la Arquidiócesis de Xalapa. Ganó el caso en un juzgado local en 2023. Sin embargo, la Iglesia se amparó, y un tribunal desechó la demanda.
Su caso es uno de los pocos que se hizo público con una sentencia civil favorable, lo que, según él, ha incomodado a estructuras dentro de la Iglesia: “No me les he doblegado, no pueden callarme.”
Para Fernando, la lucha por la justicia ha sido larga. Antes de la demanda, varias autoridades eclesiásticas de Xalapa lo recibieron, reconocieron el caso y le prometieron justicia, pero le pidieron guardar silencio. Después desestimaron y negaron su denuncia.
A pesar de las pruebas, su caso sigue impune:
“Dicen que soy un estafador, que lo que quiero es dinero. No, yo busco justicia, y a través de qué se me haga justicia, las víctimas que están en la misma situación van a poder hablar.”
Lamenta que, además de la revictimización por parte de la Iglesia y de funcionarios públicos, también se enfrenta al juicio y la estigmatización social:
“Muchas personas me critican o me señalan diciéndome que por qué hasta ahora. Lo que ellos no piensan o no quieren aceptar es que no todos corremos con la misma suerte. Todos, o al menos yo, para poder hablar tuve que caer a fondo”, dice en entrevista.
Su caso es similar al de otras víctimas sobrevivientes de abuso, quienes no denuncian por miedo o no quieren hacer públicas las agresiones.
Él asegura que su caso no es el único. Afirma que conoce a otra veintena de víctimas documentadas de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos en Veracruz: hombres y mujeres de su edad, algunos más jóvenes, incluidos exseminaristas.
Además, señala que al menos otras dos personas han identificado como su agresor a un sacerdote perteneciente a la Arquidiócesis de Xalapa, pero no han presentado denuncias por temor a represalias, aunque, asegura, existen fotografías y evidencia de los abusos.
Con la mano en la Biblia: abuso, silencio e impunidad
En 2021, como parte de su búsqueda de justicia, Fernando decidió alzar la voz y viajó en múltiples ocasiones a Xalapa para reunirse con autoridades eclesiásticas, con la esperanza de que se tomarían medidas. En su primera entrevista estuvó presentes el vicario general Salvador Morales.
Durante ese encuentro, Fernando entregó un relato escrito a mano sobre los abusos que sufrió por parte del sacerdote Carlos Carmona. Le pidiero no hacer público el caso.
La carta está firmada por el entonces vicario, Salvador Morales.
Con la mano sobre la Biblia y frente a una imagen religiosa, los representantes de la Iglesia le aseguraron que habría justicia:
“Vamos a investigar y haremos que Carlos Carmona Montano te repare el daño, porque esto no puede estar ocurriendo en la Iglesia”, le dijeron.
Durante ese mismo encuentro, un psicólogo solicitó al vicario que Fernando proporcionara su número de cuenta bancaria, con el fin de apoyarlo con medicamentos y cubrir necesidades básicas mientras avanzaba la investigación.
Poco después, Fernando fue entrevistado por el entonces obispo interino de Xalapa, José Trinidad Zapata Ortiz, ahora obispo de Papantla. Según su testimonio, Zapata Ortiz le dijo que había hablado directamente con Carlos Carmona, quien habría reconocido los señalamientos.
“Te pido perdón, porque en la Iglesia no puede estar pasando esto”, le expresó el obispo, quien también le prometió acompañamiento espiritual y psicológico, así como levantar una denuncia clerical para enviar el caso a Roma.
Las reuniones continuaron. Fernando y su madre fueron entrevistados por el área jurídica del clero, quien también les aseguró que su caso sería enviado al Vaticano.
Más adelante, tras insistencia reiterada, Fernando logró reunirse con el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, quien recientemente había asumido el cargo.
Según relata, en esa reunión estuvo presente la abogada de la Iglesia, quien le aconsejó presentar una denuncia y le dijo que no se preocupara por los posibles daños a los sacerdotes implicados. También le ofrecieron terapia y asistencia espiritual.
“¿Cómo voy a ir con un psicólogo de la misma Iglesia si ustedes fueron los que me están dañando? ¿Cómo voy a ir a retiros espirituales con ustedes si de aquí viene el mal?”, respondió Fernando.
Ese mismo día interpuso la denuncia. De acuerdo con su testimonio, uno de los sacerdotes le advirtió: “Te estás metiendo con una culebra de siete cabezas.”
Sentencia civil, silencio eclesiástico
La sentencia en contra del sacerdote Carlos Carmona data del 23 de enero de 2023. Fue emitida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del distrito judicial de Xalapa y clasificada como “confidencial”, bajo el argumento de proteger datos personales y por la sensibilidad de la información contenida.
Según la resolución —de la cual se tiene copia—, durante el juicio civil por daño moral, Carlos Carmona no logró desvirtuar las acusaciones en su contra.
En su respuesta a la demanda, se limitó a declarar que los hechos eran falsos, sin presentar pruebas que respaldaran su versión. Incluso se desistió de una prueba confesional que él mismo había ofrecido, dejando pasar la oportunidad de interrogar directamente a Fernando durante la audiencia, a pesar de que el actor estuvo presente.
En su lugar, el sacerdote argumentó que, “en el supuesto sin conceder de que hubiera existido alguna causa legal para indemnizar daños”, estos ya estarían cubiertos por lo solicitado en la demanda. Esta declaración fue interpretada por el tribunal como una aceptación tácita de la posibilidad de indemnizar a la víctima, lo que reforzó la presunción de que los hechos sí ocurrieron.
Cuando el caso se hizo público, feligreses escribieron al párroco Carlos Carmona sobre las publicaciones que lo acusaban. Según las capturas de pantalla que entregó Fernando, el padre respondió:
“Es un intento de extorsión (…) Hay que seguir adelante, orar mucho para que el diablo no haga su obra.”
Lo que vino después
Tiempo después de que se probara la responsabilidad de Carlos Carmona y de la Arquidiócesis de Xalapa, y tras una sentencia favorable a Fernando en la demanda civil por daño moral, el fallo fue revocado. La reparación del daño que debía otorgársele nunca se concretó.
Fernando afirma que esta revocación se debió a la intervención de una magistrada cercana a la Iglesia. Además, advierte que la denuncia penal desapareció misteriosamente y que varios abogados que lo representaron habrían sido sobornados.
A partir de ese momento, el proceso se volvió aún más hostil. Fernando señala que la Iglesia habría intervenido para frenar el avance del caso. También ha documentado intentos de soborno a otras víctimas.
“Desde entonces han pasado dos años y nada se ha cumplido, porque estas mismas personas están pagando para que se retarde. Por eso ya no he regresado a seguir el proceso en la Fiscalía. Hasta la fecha sigo recibiendo amenazas”, asegura en entrevista.
Revictimización en el proceso y amenazas
Cuando Fernando decidió acudir a la Fiscalía para presentar una denuncia penal por abuso sexual, fue advertido de que probablemente no procedería.
Aun así, fue canalizado con el fiscal número 7, quien recibió su denuncia y lo envió con el perito médico en turno.
“Ok, doctora, revíseme”, le dijo Fernando, “aunque ya ha pasado mucho tiempo. Que yo sepa, esas revisiones se hacen cuando es una violación reciente”.
Tras la revisión, la médica forense emitió comentarios que, según Fernando, reflejan un sesgo institucional que minimiza el sufrimiento de las víctimas y reproduce una cultura de encubrimiento.
“Yo conozco a esos sacerdotes y no creo que hagan lo que tú estás diciendo. Y eso que estás haciendo tú está mal”, le dijo. Luego añadió: “Pero dime, además de que él te daba, ¿tú también le dabas?”
Para Fernando, esta frase evidencia cómo muchas instituciones siguen operando bajo una lógica de culpabilización hacia quienes denuncian abusos sexuales. Lo considera una forma de violencia institucional que, lejos de reparar, revictimiza.
En 2022, debido a amenazas de muerte, Fernando se vio obligado a dejar Xalapa y mudarse a otra ciudad.
“Fueron a donde yo vivía con mi mamá, a mi pueblo, a Rinconada. Fueron varias veces a amenazarme, relata.
Por otro lado, el abogado que llevaba su caso dentro de la Fiscalía lo acusó de haber vendido información sobre el expediente. Le informó que sacerdotes involucrados en el caso habían acudido directamente a la Fiscalía y “arreglado” la situación, lo que derivó en la desaparición de la denuncia.
Fernando sostiene que el abogado fue sobornado, ya que nunca le proporcionó el número de carpeta, comenzó a ignorar sus llamadas y, en determinado momento, lo insultó.
El caso está resuelto: Arquidiócesis
El vocero de la arquidiócesis, Juan Beristaín de los Santos, aseguró en entrevista a un medio de comunicación que el caso estaba resuelto.
Aseguró que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia revocaron la resolución que se le había otorgado al denunciante, porque no había pruebas sobre el hecho, tras 30 años de que dijo que había ocurrido.
Se investigan otros abusos de sacerdotes en Veracruz
Joaquín Aguilar Méndez, director de la Red de Sobrevivientes de Abuso de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), también víctima de abuso sexual, ha señalado que en México actualmente se atienden 200 casos de pederastia, de los cuales 80 por ciento son niños.
La propia Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha informado que la Iglesia católica ha investigado a 271 sacerdotes por casos de abusos a menores en la última década.
Al menos 152 sacerdotes fueron suspendidos en los últimos nueve años por abusos sexuales a menores de edad en México.
AVC Noticias ha documentado en Veracruz algunos casos entre 2009 y 2023, con señalamientos que van desde abuso sexual de menores hasta la posesión y distribución de pornografía infantil por parte de miembros de la Iglesia.
Varios de estos casos han sido registrados por la organización internacional Bishop Accountability, que da seguimiento a clérigos acusados de abuso en diversas partes del mundo.
En 2023, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación contra el sacerdote José Miguel “N”, adscrito a la parroquia San Miguel Arcángel, en el municipio de Texistepec, tras ser acusado de abuso sexual en agravio de una menor de edad.
De acuerdo con testimonios de feligreses, el sacerdote huyó al enterarse de la denuncia presentada por los familiares de la niña, quien colaboraba con él en actividades parroquiales.
Ese mismo año, el pastor Sofonías “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de violación y abuso sexual en agravio de dos menores en el municipio de Zaragoza, al sur de Veracruz.
Entre 2014 y 2021, al menos seis casos de presunto abuso sexual a menores fueron investigados en iglesias de la Diócesis de Papantla. De ellos, tres fueron confirmados por las autoridades, según reconoció el obispo José Trinidad Zapata Ortiz en mayo de 2021.
En 2019, Vicente Condado Sánchez, sacerdote de 83 años conocido por construir el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio El Dique de Xalapa, fue investigado por presuntos abusos sexuales contra menores.
En 2016, el sacerdote veracruzano Leonel Virgen Zacarías fue acusado de sostener relaciones con feligresas y buscar a sus víctimas a través de redes sociales como Facebook, supuestamente con conocimiento y permisividad de sus superiores.
El denunciante, identificado como “Pablo”, reunió pruebas y acudió a una televisora para exponer la doble vida del sacerdote.
En 2009, la Iglesia católica en Veracruz suspendió al sacerdote José de Jesús Sandoval González, entonces de 73 años, tras ser acusado de abusar sexualmente de al menos cuatro menores en una casa hogar en Boca del Río.
Antes del arresto, autoridades municipales rescataron a 20 menores que se encontraban en el lugar, donde también se señalaba como agresora a una monja. La fiscalía estatal reunió pruebas y judicializó el caso ante un juez.
Ese mismo año, se descubrió que Rafael Muñiz López, sacerdote de Xalapa, era identificado como el principal proveedor de imágenes de menores para una red de pornografía infantil por internet, según revelaron investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Fue señalado como parte de una red internacional con operaciones en Argentina, Brasil y España. Aunque seis personas fueron consignadas al Reclusorio Norte, Muñiz negó los cargos.
La PGJDF lo describió como un hombre con trastornos sexuales y de personalidad, al que calificaron como “depredador de niños y mujeres” y “narcisista”. Se le atribuyeron relaciones con feligresas y, en su declaración, reconoció haber roto el voto de castidad:
“Soy un ser humano, soy heterosexual, y la carne es débil. Ése es el precio que tiene que pagar uno por ser guapo.”
Fiscalía y Poder Judicial sin información de casos
Para este reportaje se solicitó, vía transparencia, información a la Fiscalía de Veracruz y al Poder Judicial sobre las carpetas de investigación relacionadas con miembros de las arquidiócesis en la entidad. Sin embargo, ambas instituciones argumentaron que en la clasificación de los expedientes no se especifica este tipo de vinculación.
Cabe mencionar que, en otros estados, como Yucatán, donde se han documentado casos de abuso eclesiástico, la información fue proporcionada con base en las carpetas de investigación entregadas por la fiscalía.
Si viviste un caso similar o tienes una queja que desees compartir, puedes enviar tu testimonio de forma confidencial al correo:
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