Xalapa, Ver.- (AVC) La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que su gobierno presentó una iniciativa de ley ante el Congreso local para regular el funcionamiento de las tienditas escolares y garantizar que los recursos obtenidos se destinen exclusivamente al mantenimiento de los planteles.

Fondo escolar bajo control de padres y directivos

Nahle explicó que la propuesta legislativa busca establecer como obligatorio que el dinero generado por las tiendas escolares quede bajo resguardo conjunto de los comités de padres de familia y las direcciones escolares, con uso transparente y exclusivo para necesidades del plantel.

“Ese dinero debe quedarse en la escuela, para pintura, ventiladores, pago de luz u otras necesidades reales”, explicó.

Prohibición de comida chatarra y recuperación de recursos

La iniciativa también refuerza la prohibición de venta de productos no saludables dentro de los planteles, en cumplimiento con disposiciones federales.
Agregó que los fondos que hayan sido retenidos previamente deberán regresarse a las escuelas con claridad en su destino y comprobación del uso: “Aquí está el dinero, ¿qué se le iba a invertir? ¿Qué le vas a hacer?”, expresó.

Boletas de calificaciones y fallas en el sistema

Durante la misma intervención, Nahle reconoció problemas técnicos en el sistema de captura de calificaciones, especialmente en el primer grado de secundaria, lo cual ha generado retrasos en la entrega de boletas.

Según datos de la Secretaría de Educación, al 22 de julio la captura avanzaba así: educación especial 97%, preescolar 95%, secundarias 93% y educación indígena 68%. La gobernadora reconoció que será necesario invertir en un nuevo software para mejorar este proceso.

Faltan más de 20 mil horas clase en secundarias técnicas

Nahle también informó que Veracruz enfrenta un déficit de 20 mil horas clase, principalmente en asignaturas como matemáticas, español y educación física en 165 secundarias técnicas.
Indicó que su administración trabaja con sindicatos y autoridades educativas para reasignar plazas conforme a un decreto presidencial, priorizando la antigüedad del personal.