Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) A una década del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera y Alejandra Negrete, la impunidad sigue marcando el caso Narvarte.

En una conferencia realizada en la sede de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, la organización ARTICLE 19 y familiares de las víctimas denunciaron la falta de voluntad institucional para esclarecer el crimen y sancionar a los responsables.

“La Fiscalía no ha esclarecido el móvil ni ha identificado a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales”, señalaron, al advertir que las omisiones han sido constantes desde 2015.

Las declaraciones se realizaron al cumplirse diez años del multihomicidio que conmocionó al país y expuso la vulnerabilidad de periodistas y defensoras de derechos humanos, incluso en la capital del país.

Durante estos años, las familias y sus representantes legales han enfrentado dilaciones injustificadas, revictimización, filtraciones y una investigación fragmentada.

La organización subrayó que ha sido gracias a la presión de las víctimas y su equipo legal que se han logrado avances mínimos, como el acceso a copias de la averiguación previa y evidencia digital, obtenidas apenas en 2021 tras más de seis años de resistencia institucional.

El análisis de esa información reveló elementos que apuntan a una operación planeada con al menos 10 personas involucradas, uso de un segundo vehículo y posible encubrimiento dentro de las propias instituciones.

Sin embargo, la Fiscalía solo reconoció estos hallazgos luego de que se hicieran públicos en 2022.

Las líneas de investigación clave —vínculos con Veracruz, crimen organizado y trata de personas— siguen abiertas y sin resultados.

La institución tardó cuatro años en elaborar un plan formal de investigación, y hasta ahora no ha agotado ninguna de esas rutas ni ha esclarecido el trasfondo del crimen.

A esto se suma el deterioro de pruebas fundamentales, la omisión de sanciones a servidores públicos responsables de filtraciones y errores procesales, y el incumplimiento de la Recomendación 4/2017 emitida por la entonces CDHDF, que documenta violaciones a derechos humanos en la investigación.

Por ello, ARTICLE 19 y las familias exigieron públicamente que la Fiscalía realice todas las diligencias pendientes, sancione a los involucrados y a los funcionarios que encubrieron u obstaculizaron el proceso, y cumpla con la recomendación emitida por el organismo de derechos humanos.

“A diez años, en ausencia de verdad y justicia, la memoria se siembra en las calles. Y así florece”, concluyeron.