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Veracruz, Ver.- (AVC) La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y organizaciones civiles señalaron que el Gobierno de México insiste en avanzar con la ampliación del puerto de Veracruz.
El 23 de julio, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, informó que en septiembre comenzarán los trabajos de construcción de la escollera sur, con una longitud superior a 3 kilómetros, actualmente en proceso de licitación.
Riesgos ambientales identificados
De acuerdo con las organizaciones, lo anunciado implica un riesgo para los ecosistemas costeros y marinos, en particular los arrecifes del Sistema Arrecifal Veracruzano como La Gallega, además de manglares y especies marinas. También advirtieron sobre la falta de información relacionada con los sitios de extracción de piedra para la obra y la posibilidad de que se usen áreas naturales protegidas como bancos de materiales.
Antecedente judicial de la Suprema Corte
En marzo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 54/2022 interpuesto por ciudadanos y organizaciones, dejando sin efecto las autorizaciones ambientales otorgadas por la SEMARNAT desde 2004. La Corte concluyó que dichas autorizaciones eran inconstitucionales porque evaluaron el proyecto de manera fragmentada y sin la mejor ciencia disponible, lo que vulneró el derecho a un ambiente sano.
La sentencia ordenó una nueva evaluación ambiental integral que considere los impactos acumulados en arrecifes y humedales dentro de la zona de influencia del proyecto.
Llamado de las organizaciones
Las organizaciones subrayaron que la fragmentación de la evaluación ambiental impide dimensionar los impactos reales de la obra portuaria. Señalaron que la ausencia de información sobre los bancos de materiales constituye un nuevo incumplimiento de la sentencia de la Corte.
Pidieron a las autoridades mexicanas detener las obras de ampliación del puerto de Veracruz hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental holística, integral e independiente, en cumplimiento con lo ordenado por la SCJN.
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