Xalapa, Ver.- (AVC/Ana Mozo) La organización civil Equifonía denunció que en Veracruz no existen registros claros ni desagregados sobre violencia sexual infantil, lo que impide dimensionar la magnitud del problema y deja en la impunidad casos de niñas víctimas de pederastia y embarazo infantil.
En conferencia de prensa, las integrantes Adriana Fuentes, Karina Soto y Araceli González Saavedra señalaron que en los 212 municipios de Veracruz hay niñas víctimas de violencia sexual, algunas de las cuales enfrentan embarazos forzados sin acceso a justicia ni protección.
Explicaron que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no incluye el delito de pedofilia en sus registros, y la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de estadísticas desagregadas que permitan conocer cuántas niñas menores de 15 años han sido afectadas.
“Este es un llamado no solo al Estado, sino también a la ciudadanía, porque las instituciones están fallando”, expresó Karina Soto.
Instituciones sin información ni respuestas
Equifonía denunció que la falta de datos oficiales genera un vacío institucional que obstaculiza la atención integral a las víctimas.
Al solicitar información a través del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la organización constató que la Fiscalía no cuenta con bases de datos que identifiquen los casos por edad, municipio o tipo de agresor, lo que impide el diseño de políticas públicas efectivas.
“Esas niñas están siendo obligadas a ser madres. Esto revela una falla sistemática en las instituciones que deberían protegerlas”, señaló Adriana Fuentes.
Llamado a visibilizar la violencia sexual infantil
Durante la conferencia, Araceli González subrayó que la violencia sexual contra niñas en contextos de pobreza y marginación no puede compararse con casos más visibles o mediáticos.
“La presidenta no está en las mismas condiciones que esas niñas. Ella puede presentar una denuncia con respaldo institucional, pero una niña de la periferia de Xalapa no tiene las mismas oportunidades”, afirmó.
Equifonía insistió en que el embarazo infantil es una consecuencia directa de la violencia sexual y un problema de salud pública que el Estado debe reconocer y atender con urgencia.
