Xalapa, Ver.- (AVC) En la audiencia programada para este miércoles en el Reclusorio Norte, debe resolverse la solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, debido a que “no existe sustento para impedir su salida”, afirmó su abogado Pablo Campuzano.

El defensor señaló en entrevista con Ciro Gómez Leyva que han cumplido con todos los requisitos legales para acceder al beneficio. Explicó que ya se desahogaron pruebas, se presentaron acuerdos probatorios y se atendieron los planteamientos formulados por la Fiscalía.

 El abogado cuestionó que la Fiscalía utilice expedientes que previamente fueron desestimados por estar relacionados con actos de tortura.

“Me parece desleal que están usando casos que logramos tirar como defensa, por estar basados en actos de tortura, y hoy pretendan darles validez”, señaló. 

Añadió que esos mismos casos están vinculados al proceso que mantiene al exfiscal Jorge Winckler en prisión.

“Cómo puede la Fiscalía usar estos casos para impedir la salida de Javier Duarte y, al mismo tiempo, usarlos para tener adentro a Jorge Winckler”, cuestionó.

 Campuzano consideró necesario que la Fiscalía defina una postura sobre si existió o no tortura en los procesos utilizados como argumento.

“Tienen que tomar una postura firme… por la misma razón es que no nos preocupa”, afirmó.

 Sostuvo que los elementos aportados por la Fiscalía “no impiden que se conceda el beneficio”, por lo que confía en que la jueza de ejecución emita una resolución en el transcurso del día.

“Si la audiencia se resuelve conforme a principios de lealtad, no debería tomar mucho”, indicó.

El abogado reiteró que la salida de Duarte es jurídicamente viable y señaló que las prácticas dilatorias provienen de la parte acusadora. Señaló que la defensa está en condiciones de recibir resolución inmediata si el procedimiento avanza sin contratiempos.

La audiencia de este miércoles en el Reclusorio Norte definirá si el exgobernador de Veracruz Javier Duarte obtiene o no el beneficio de libertad anticipada, solicitado de acuerdo con lo previsto en la legislación penal vigente.