Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) El secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, afirmó ante el Congreso local que el Gobierno de Veracruz decidió no contratar el seguro de desastres del gobierno anterior de Cuitláhuac García, porque “era un robo”, ya que el deducible y las condiciones hacían financieramente inviable su operación.
Sobre el fideicomiso de desastres y la supuesta obligación de contar con un seguro, Reyes sostuvo que existió una lectura equivocada.
“Era una mala interpretación de la ley porque se decía que la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Protección Civil dice que debemos tener un seguro, y no es cierto. Siempre van con el petate del muerto porque detrás de todo hay intereses de quienes se beneficiarían del pago de ese seguro”.
Cuestionó las condiciones del seguro previo, pues conforme aumentaron las declaratorias de emergencia también creció la siniestralidad, hasta llegar al 90 por ciento.
“Si estaban asegurados por 360 millones de pesos, teníamos que pagar 320 millones para hacerlo válido. ¿En qué cabeza cabe? Si se tratara de la pérdida total de un automóvil para hablarlo en palabras sencillas y que la diputada lo entienda porque o no le explicaron o no lo entiende, yo creo que hay un problema de comprensión básica”.
Y concluyó: “Si no contratamos el seguro es porque era un robo, nos iban a dar 28 millones de pesos, era un robo”.
El secretario sostuvo que la decisión de no renovar el seguro permitió al estado tener liquidez inmediata para emergencias:
“Hoy disponemos de inmediato de más de mil millones de pesos para atender desastres”, indicó.
Tras esa respuesta, la diputada Indira Rosales replicó desde su curul:
“Yo estuve donde usted está sentada. Lo que a usted le hace falta es tener la piel un poco más gruesa para aguantar estas comparecencias (…) No somos foquitas aplaudidoras. Yo represento a los veracruzanos que no votaron por ustedes”.
“No eran créditos, fue defraudación fiscal”: Reyes sobre adeudos del SAT
En otro momento, el secretario expuso que el adeudo heredado con el SAT, superior a 23 mil millones de pesos, no debería considerarse un crédito fiscal.
“Esto no es un crédito fiscal. Esto es defraudación fiscal”, afirmó.
Explicó que entre 2010 y 2015 el ISR retenido a maestras, maestros y trabajadores del estado no fue enterado ni pagado durante cinco años consecutivos.
“Cuando pasa una vez puede ser un error; cuando pasa cinco años, es un delito y un desvío generalizado de recursos”, señaló.
Añadió que el SAT consideró que la conducta excedía lo administrativo: “Si pasa más de una vez no es error, es un delito y desvío de recursos; era defraudación fiscal. Si se hubiera planteado así, se hubieran asignado responsabilidades y Veracruz no tenía esa deuda”.
Recordó que la deuda original era de 11 mil millones, pero con recargos y multas sumó más de 12 mil millones, y que 86 por ciento de esa cifra provenía de la SEV.
Reclamos de diputados marcan la comparecencia
La comparecencia del secretario estuvo marcada por cuestionamientos de diputados de oposición sobre la falta de transparencia en el fideicomiso para desastres, la operación de la aseguradora estatal, presuntos subregistros de deuda, nuevos impuestos y aumentos salariales.
La diputada Indira Rosales San Román criticó la falta de resultados del instrumento diseñado para atender emergencias naturales.
Afirmó que “La Aseguradora Veracruzana pareciera una buena idea si no viviéramos en un estado con desastres cada año”, y cuestionó la ausencia de información pública:
“¿Dónde está la aseguradora? No aparece en informes trimestrales, ni en la glosa, ni en el proyecto de egresos”.
También exigió conocer el estado de cuenta del fideicomiso y cuestionó por qué no se usó para atender las inundaciones en el norte del estado.
Mostró preocupación por la coordinación entre Finanzas y el Ejecutivo: “¿La gobernadora sabía de los nuevos impuestos o los ignoraba? ¿De quién fue el error? ¿El aumento de la gobernadora sí se va a quedar?”.
El diputado Héctor Yunes Landa insistió en aclarar los nuevos impuestos incluidos en el paquete económico y el presunto subregistro de adeudos al SAT y al ISSSTE.
Incluso pidió confirmar si “es verdad que Cuitláhuac García dejó 10 mil millones de pesos a esta administración”.
El diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, solicitó precisar el origen de los adeudos fiscales y preguntar si el estado podrá enfrentar contingencias sin contratar deuda nueva.
El legislador de MC, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, pidió que se deslinden responsabilidades: “Si no se hace sería un acto de impunidad”.
María Elena Córdova Molina, también de MC, pidió conocer cuántos proveedores han sido pagados y qué montos permanecen pendientes.
La diputada panista Montserrat Ortega cuestionó el aumento salarial a funcionarios de alto nivel: “¿En qué se basó para creer que esto era necesario?”.
El secretario defendió la estrategia financiera estatal y afirmó que continuará la regularización de adeudos y el uso de recursos directos para atender emergencias, en lugar de seguros con altos costos y baja utilidad.
