Xalapa, Ver.- (AVC) La Contraloría de Veracruz inhabilitó a 222 servidores públicos en 2025, dentro de un total de 288 sanciones administrativas. El contralor Ramón Santos Navarro presentó las cifras durante su comparecencia ante el Congreso local.
Santos Navarro detalló que las 288 sanciones aplicadas incluyen 222 inhabilitaciones temporales, nueve amonestaciones privadas y 57 amonestaciones públicas.
Agregó que el 14 de febrero se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunta responsabilidad penal relacionada con obras de la SIOP, actualmente en proceso de judicialización. También informó que en 2025 se remitieron 64 denuncias por faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa.
Ante inquietudes legislativas sobre el gasto y posibles subejercicios, el contralor explicó que los entes pueden comprometer recursos hasta el 31 de diciembre y ejecutarlos hasta el 31 de marzo del siguiente año, conforme a la Ley de Disciplina Financiera. Señaló que solo después de ese plazo podría determinarse un subejercicio y la necesidad de reintegrar recursos a la Tesorería.
Naturalia y permisos ambientales
Sobre el proyecto Naturalia, afirmó que la obra cuenta con las autorizaciones de impacto ambiental y licencias básicas. Explicó que la falta de algún documento administrativo no implica necesariamente daño patrimonial si la obra está concluida y es funcional, comparándolo con procesos de regularización de predios educativos.
Declaración patrimonial: 84% de cumplimiento
La Contraloría reportó un cumplimiento de 84.03% en la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses entre los 165 mil sujetos obligados, principalmente del sector educativo. Santos Navarro indicó que parte del rezago corresponde a personal ubicado en zonas rurales sin acceso a internet. Recordó que quienes perciben menos de 20 mil pesos mensuales están exentos por ley.
Auditorías y despachos externos
Para la revisión de entes descentralizados, el contralor justificó el uso de despachos externos ante la capacidad limitada de los 32 órganos internos de control. Señaló que se aplican filtros estrictos para evitar riesgos de corrupción: “El despacho no debe estar en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, dijo, en referencia a empresas factureras o simuladoras.
El contralor reiteró que la dependencia continuará con las acciones de fiscalización, atención de denuncias y seguimiento al ejercicio presupuestal, además de vigilar la operación de obras y el cumplimiento de obligaciones administrativas en 2025.
