Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) La magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre descartó que vaya a dejar su cargo para convertirse en la próxima titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), pese a que su nombre surgió recientemente como una de las posibles propuestas del Ejecutivo derivado de la reforma constitucional aprobada por el Congreso.

En breve entrevista realizada en el Congreso local, donde acudió a la comparecencia de la gobernadora Rocío Nahle García, la jurista reiteró que su compromiso está con la magistratura que asumió este año.

“Yo asumí el primero de septiembre y tomé protesta por nueve años para ser magistrada”, respondió cuando se le preguntó si está lista para llegar a la Fiscalía.

Ante el cuestionamiento directo sobre una eventual renuncia, la magistrada negó la posibilidad con un “no” y un gesto afirmativo que acompañó su respuesta.

La especulación sobre Jiménez Aguirre comenzó la semana pasada, luego de que el 25 de noviembre el Congreso del Estado aprobó, por mayoría de votos, una reforma que permite al Ejecutivo proponer y remover al titular de la Fiscalía General del Estado.

El dictamen modificó diversas disposiciones de la Constitución local y fue avalado con 42 votos a favor y cinco en contra, con ausencias de los panistas Fernando Yunes Márquez y Enrique Cambranis Torres, así como del priista Héctor Yunes Landa.

La reforma incorporó una propuesta del diputado morenista Diego Castañeda Aburto, presentada el 27 de noviembre de 2024, y otra del PT, impulsada por Elizabeth Morales García y Ramón Díaz Ávila desde junio.

Con los ajustes constitucionales, el gobernador o gobernadora podrá enviar directamente una propuesta al Congreso, el cual deberá resolver en un plazo de cinco días hábiles si aprueba o no el nombramiento, sin necesidad de mayoría calificada.

También se redefinió la duración del cargo: el titular de la FGE permanecerá cuatro años, con posibilidad de una sola ratificación para completar un máximo de ocho.

Esta es la segunda vez que el Congreso modifica la estructura constitucional de la Fiscalía.

La primera ocurrió el 9 de enero de 2015, cuando se publicó el Decreto 536 promovido por el entonces gobernador Javier Duarte, que convirtió la Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General del Estado como parte de la transición nacional hacia fiscalías autónomas.