Xalapa, Ver.- (AVC) Guatemala autorizó a México a presentar nuevas imputaciones contra el exgobernador Javier Duarte. La FGR judicializó una carpeta por presuntos desvíos de recursos federales ejercidos durante su administración.

Autorización internacional para nuevos cargos

El gobierno de Guatemala otorgó a México el permiso necesario para formular nuevos señalamientos penales contra Javier Duarte de Ochoa. La autorización era indispensable debido a que el exgobernador fue extraditado desde ese país en 2017, y los acuerdos internacionales establecen que no puede enfrentar acusaciones adicionales sin el consentimiento expreso del Estado que realizó la entrega.

De acuerdo con autoridades federales, la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó hace una semana una nueva carpeta de investigación vinculada con presuntos desvíos de recursos federales aplicados entre 2010 y 2016. La audiencia inicial fue programada, pero no se llevó a cabo porque la defensa reportó que Duarte cursa covid-19.

Las denuncias que integran el expediente fueron presentadas desde 2016 e involucran fondos destinados a la adquisición de insumos para el sector salud y a obras públicas en Veracruz. 

Contexto de la extradición y situación legal 

Duarte fue declarado prófugo en octubre de 2016, días antes de concluir su mandato. El 15 de abril de 2017 fue detenido en un hotel de Panajachel, Guatemala, con base en una orden internacional de captura. La justicia guatemalteca autorizó su extradición el 17 de julio del mismo año, y desde entonces permanece en el Reclusorio Norte.

Desde que llegó a México, el exgobernador enfrenta procesos penales por delitos vinculados con corrupción y uso irregular de recursos públicos. La autorización reciente abre la puerta a que la FGR amplíe las imputaciones.

Solicitud de libertad vigilada y resolución judicial 

Semanas atrás, la defensa de Duarte solicitó que el exmandatario cumpliera en libertad vigilada los cuatro meses restantes de su sentencia. El recurso fue desechado por la jueza de control Ángela Zamorano Herrera, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

La jueza determinó que el beneficio no era procedente porque el exgobernador mantiene una causa penal abierta por desaparición forzada y no acreditó haber cumplido con el programa obligatorio de actividades educativas, culturales, recreativas o deportivas del centro penitenciario.