Xalapa, Ver.- (AVC/Lavina García) A meses de que se defina la posible salida de prisión del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, proveedores del gobierno de Veracruz señalan que la deuda reconocida durante su administración no ha sido liquidada y que el daño patrimonial persiste.

Deuda reconocida sin reparación

El empresario Jesús Castañeda Nevares, integrante del grupo de empresas SOS, afirmó que varios proveedores afectados por el impago durante el sexenio de Duarte fallecieron sin recibir recursos. Señaló que existieron decretos donde se reconocía la deuda y se establecía un mecanismo de pago que no se cumplió.

Explicó que, tras la llegada de Miguel Ángel Yunes Linares, los adeudos fueron desconocidos bajo el argumento de empresas fantasma, lo que derivó en procesos para acreditar la legalidad de los proveedores.

Monto del adeudo

Castañeda Nevares recordó que, en conjunto, las empresas agrupadas reclamaban inicialmente alrededor de 400 millones de pesos, aunque la deuda reconocida durante la administración de Duarte superó los 11 mil millones de pesos.

Indicó que los acuerdos judiciales alcanzados por el ex gobernador no incluyeron la reparación del daño patrimonial a proveedores ni a jubilados y pensionados afectados.

Gobiernos posteriores

Durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, se realizaron pagos parciales a adeudos menores, mientras que los montos mayores sólo recibieron abonos. Posteriormente, el proceso quedó inconcluso.

Actualmente, los proveedores aseguran que no han sido convocados por la administración de Rocío Nahle García y que el pasivo no ha sido reconocido de forma oficial.

Revictimización y cierre de empresas

El grupo SOS obtuvo un acuerdo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el reconocimiento y reparación del daño; sin embargo, señalan que el incumplimiento ha derivado en una revictimización constante. Más del 80 por ciento de los proveedores cambió de actividad económica tras quedar fuera de contratos gubernamentales.

La condena de nueve años impuesta a Javier Duarte concluye en abril de 2026. Mientras se acerca esa fecha, los proveedores insisten en que el proceso judicial no resolvió el daño patrimonial ni garantizó la reparación a quienes resultaron afectados por el impago.