Xalapa, Ver.- (AVC/Ana Mozo)   A diez años de las agresiones policiacas contra jubilados y pensionados que exigían el pago de pensiones y aguinaldos, integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) se manifestaron este lunes en el centro de Xalapa para exigir justicia, al cumplirse una década del desalojo violento del que fueron víctimas.

 Las y los jubilados realizaron un recorrido del Palacio Municipal a la Plaza Lerdo, donde entonaron La Rama como un acto simbólico de memoria y resistencia, con el propósito de que los hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2015 no queden en el olvido.

 Durante la protesta, reiteraron su solicitud al Congreso local para que esa fecha sea declarada el Día de la Dignidad de las Personas Jubiladas en Veracruz, como una forma de reconocimiento y reparación moral por las agresiones sufridas.  

Lo ocurrido hace 10 años 

En la concentración, el presidente de la Copipev, Sergio Téllez Galván, recordó que el desalojo se registró cuando el movimiento exigía de manera legítima el pago de pensiones y aguinaldos, luego de varios días de manifestaciones y mesas de diálogo con el gobierno estatal.

“Después de dos o tres días de estar exigiendo el pago y tener pláticas con el gobierno, ordenaron que la fuerza pública despejara la calle de una manera que resultó agresiva”, expresó.

Para las y los pensionados, ese operativo representó una agresión directa a la dignidad de las personas adultas mayores, particularmente de quienes dedicaron más de 30 años de servicio al Gobierno del Estado de Veracruz.

 Téllez Galván señaló que, pese al tiempo transcurrido, este año existe un escenario de relativo optimismo, luego de que un juez ordenó a la Fiscalía General del Estado reabrir y profundizar la investigación relacionada con la extracción de recursos de la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado en 2016, a fin de esclarecer que dichos recursos nunca fueron reintegrados.

Añadió que la segunda denuncia, correspondiente a las agresiones cometidas el día del desalojo, ya tuvo su primera audiencia, en la que un juez vinculó a proceso a tres mandos de distintas corporaciones de seguridad, quienes actualmente se encuentran bajo investigación.

Recordó que en su momento el entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, reconoció públicamente haber ordenado el uso de la fuerza, aunque subrayó que este hecho aún no ha sido determinado formalmente por la Fiscalía dentro de la carpeta de investigación.

 Finalmente, el dirigente confió en que los recientes cambios en la Fiscalía y en el Poder Judicial permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y poner fin a la impunidad, al tiempo que reiteró que la lucha del movimiento busca sentar un precedente en la defensa de los derechos de las personas jubiladas y de las y los trabajadores en activo.