Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval).– El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que no ha recibido quejas ni solicitudes formales relacionadas con la negativa de personal médico a practicar la interrupción legal del embarazo en la delegación norte de Veracruz.
La representante de la delegación norte del IMSS, Edith Jiménez Martínez, explicó que cuando algún profesional de la salud decide no participar en este tipo de procedimientos, se aplica la figura de la objeción de conciencia, contemplada en el marco normativo del sector salud.
Precisó que el IMSS, al tratarse de una institución federal, se rige por lineamientos nacionales y actúa conforme a las disposiciones generales que regulan a las dependencias federales en materia de derechos reproductivos.
“Nosotros como tal somos una dependencia federal y nos alineamos a los lineamientos generales para una dependencia federal”, señaló.
Sin solicitudes formales
Jiménez Martínez indicó que, pese a que la interrupción legal del embarazo es un tema vigente en la agenda pública y sanitaria, hasta el momento no se han presentado inconformidades internas ni solicitudes formales relacionadas con este servicio en la delegación norte.
“Hasta el momento no, no hemos tenido solicitudes”, afirmó.
La objeción de conciencia es un derecho del personal médico y de enfermería que les permite abstenerse de realizar determinados procedimientos por motivos éticos, morales o religiosos. Sin embargo, la legislación establece que las instituciones de salud deben garantizar que el servicio sea otorgado por otro profesional disponible, sin afectar el acceso de las pacientes.
En Veracruz, la interrupción legal del embarazo está despenalizada desde 2021 hasta las 12 semanas y media de gestación, lo que obliga a las instituciones públicas de salud a brindar este servicio como parte del derecho a la salud reproductiva.
Postura federal
En septiembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que en Veracruz y en el resto de las entidades donde la interrupción legal del embarazo ya es ley, las autoridades sanitarias deben asegurar su cumplimiento, ante los señalamientos de colectivos por obstáculos en el acceso y los registros de partos en niñas y adolescentes.
En ese contexto, llamó al IMSS Bienestar y a los sistemas de salud estatales a garantizar este derecho para mujeres y menores víctimas de abuso, reforzando la obligación institucional de ofrecer atención médica oportuna, aun cuando exista objeción de conciencia por parte de algunos profesionales.