Xalapa, Ver.- (AVC/Ana Mozo) Entre enero de 2022 y septiembre de 2025, en Veracruz se registraron 354 juicios mercantiles en los que se ordenó el embargo precautorio de cuentas bancarias de personas usuarias del Banco del Bienestar, de acuerdo con información del Poder Judicial de Veracruz.

Del total de procedimientos, 54 juicios fueron promovidos por Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), es decir, por empresas financieras privadas 

Aunque las órdenes judiciales fueron emitidas, los datos muestran que el embargo precautorio se ejecutó efectivamente solo en cinco casos, mientras que cuatro procesos ya cuentan con sentencia. 

La información fue obtenida vía solicitudes de transparencia por El Barzón de Resistencia Civil de Veracruz, organización que desde hace varios años brinda acompañamiento legal a personas usuarias del sistema financiero. 

No obstante, el propio Banco del Bienestar informó, también vía transparencia, que no cuenta con registros estadísticosque permitan identificar cuántos embargos o inmovilizaciones han afectado directamente a personas beneficiarias de pensiones sociales, ni en específico a quienes reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Al respecto, Teresa Carbajal, dirigente del Barzón en Veracruz, señaló que estos embargos impactan directamente a las pensiones que reciben personas adultas mayores, a quienes calificó como población en situación de vulnerabilidad, ya que carecen de mecanismos de protección sobre los recursos depositados en sus cuentas.

De acuerdo con los registros documentados por la organización, en 2025 se abrieron 21 casos, mientras que en 2024 fueron 14, en 2023 nueve y en 2022 diez.

Además, del total de juicios mercantiles iniciados en el estado durante ese periodo, se reporta un caso promovido por particulares ajenos a las SOFOMES. En paralelo, el Poder Judicial confirmó la existencia de 83 juicios mercantiles adicionales en los que se ordenó el embargo de cuentas bancarias de personas demandadas, sin importar la institución financiera, dentro del mismo lapso.

Carbajal sostuvo que los programas sociales están siendo “secuestrados por financieras usureras que, mediante mentiras y deudas simuladas, le quitan su dinero a las personas adultas mayores”.

El caso Myrna

Un ejemplo de esta situación es el de Myrna, pensionada de 68 años y beneficiaria del Bienestar, quien en noviembre de 2024 acudió a retirar su pensión y descubrió que su cuenta estaba en ceros, debido a un proceso judicial del que no tenía conocimiento.

El embargo precautorio derivó de una demanda presentada por la financiera “Préstamo Feliz”, en la que se le atribuía una supuesta deuda superior a 242 mil pesos, que ella asegura nunca solicitó ni recibió.

Myrna explicó que inicialmente contrató un préstamo por 80 mil pesos, el cual pagó puntualmente hasta que gastos médicos durante la pandemia le impidieron continuar con los depósitos.

 Con el acompañamiento legal del Barzón de Resistencia Civil de Veracruz, se detectó que la financiera promovió una demanda sin notificación previa, sustentada en un pagaré firmado en blanco y en un supuesto depósito que nunca pudo comprobar, ni ante el juzgado ni ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Pese a la falta de pruebas, un juez ordenó el bloqueo de todas sus cuentas bancarias, incluida la del Bienestar, durante varios meses. Aunque su pensión fue finalmente liberada, Myrna consideró que su caso evidencia la vulnerabilidad legalde quienes dependen exclusivamente de este apoyo social.

“Yo pensaba que me iban a meter a la cárcel, pero con el apoyo del Barzón fui entendiendo que yo no cometí ningún fraude”, relató.

En el marco de este caso, el Barzón solicitó vía transparencia al Poder Judicial de Veracruz información jurisdiccional relacionada con la empresa “Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.”.

La autoridad judicial respondió que no es posible entregar dichos datos, ya que implicaría hacer públicos detalles de juicios mercantiles promovidos por una persona moral, lo que conllevaría la divulgación de información comercial protegida por la ley.

Precisó que la solicitud incluía conocer el número de demandas interpuestas por la financiera, con desglose por distrito judicial, edad y sexo de las personas demandadas, pero aclaró que este tipo de información no es susceptible de difusión, aun en caso de existir, debido a las restricciones legales en materia de protección de datos y procesos jurisdiccionales.

 Impulso a la “Ley Myrna”

El caso de Myrna se inscribe en la estrategia que el Barzón impulsa a nivel estatal y nacional para blindar legalmente la Pensión del Bienestar contra embargos judiciales, iniciativa conocida como la “Ley Myrna”.

De acuerdo con la organización, aunque la pensión está reconocida en el artículo 4° constitucional, actualmente no cuenta con un candado explícito de inembargabilidad, lo que ha permitido que financieras soliciten a jueces el bloqueo de estos recursos mediante deudas simuladas, pagarés irregulares y datos falsos.

Desde febrero de 2025, el Barzón ha sostenido acercamientos con el Senado de la República, el Congreso de Veracruzy la Delegación de Programas del Bienestar, con el objetivo de impulsar una reforma constitucional que establezca de manera explícita la inembargabilidad de los apoyos sociales, con perspectiva de género y de protección a personas adultas mayores.

 “Para asegurar que nadie pueda secuestrar los apoyos sociales en el país, solo así se garantizará que los grupos más desprotegidos tengan acceso a una vida digna y a un bienestar efectivo”, sostuvo Teresa Carbajal. 

Aunque en junio se logró cancelar de manera provisional el embargo sobre la pensión de Myrna, el caso permanece abierto y, según el Barzón, otros jueces en Puebla y Ciudad de México han ordenado el bloqueo de cuentas donde se depositan pensiones sociales

“Es de la máxima urgencia legislar para blindar la Pensión del Bienestar y que su protección sea realmente constitucional”, advirte Carvajal.

 Por su parte, Myrna llamó a otras personas que enfrenten situaciones similares a buscar apoyo legal y no firmar documentos bajo presión, y denunció prácticas de amedrentamiento por parte de financieras, como visitas domiciliarias y firmas obtenidas mediante intimidación.

 “Que no tengan miedo. Hay dónde acudir”, concluyó.