Xalapa, Ver.- (AVC) El presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) Luis Ramírez Baqueiro, aseguró que las medidas y acciones de protección al periodista Carlos Castro, asesinado el 8 de enero de 2026 en Poza Rica, le fueron retiradas porque en el mes de octubre de 2024 se perdió contacto con él.

Al comparecer ante el Congreso del Estado, el funcionario reconoció que la ciudad de Poza Rica presenta un número elevado de agresiones contra comunicadores, por "entes locales" y vinculantes con la policía municipal.

Expresó que se trata de roces de periodistas con elementos policiacos, razón por la cual se realizarán mesas de seguimiento con alcaldes y autoridades de seguridad pública para que entiendan que hay un binomio ahí que se requiere atender.

Cuestionado específicamente sobre el periodista Carlos Castro, relató que junto con dos periodistas tuvo un roce con elementos de la policía local de Poza Rica, en el mes de abril de 2024, en un cerco de seguridad.

Al reportarse el incidente, a los tres se les otorgaron medidas de protección y cámaras de vigilancia, sin embargo en octubre de 2024 el comunicador rompe "comunicación con la comisión" y no se le pudo dar más temporalidad a la vigencia de las medidas de protección "porque no teníamos contacto con él".

"Él sin reportarse a la comisión dedidió salir de Veracruz, volvimos a saber de su caso por el monirotreo que realizamos a raíz de las inundaciones de octubre, pero no hubo manera de localizarlo hasta el hecho ocurrido de las inundaciones de octubre en Poza Rica, si hubo acompañamiento, se le dieron sus medidas...".

Al día de hoy, Ramírez Baqueiro reconoció que se desconoce quienes fueron los autores instelectuales de este asesinato, señaló que por parte de la Ceapp no se puede fijar una postura de lo sucedido y exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que haga lo propio.

Agregó que la comisión no rechaza brindar atención a periodistas y a todo el que solicita apoyo, siempre y cuando cumpla con los procedimientos, pues las medidas y acciones de protección tienen una vigencia de seis meses.

En su mensaje inicial Ramírez Baqueiro hizo un exhorto enérgico para que las autoridades investiguen el "atentado criminal" del 8 de enero, ya que la "muerte del compañero" no debe quedar impune.