|
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Abogados defensores denunciaron que una ingeniera petrolera fue detenida y torturada en 2012 y nuevamente en 2026 por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, pese a que no existen nuevas pruebas en su contra. En conferencia de prensa, la abogada Yessica Palafox y el abogado Fausto Torres informaron que el 1 de febrero de 2012 policías ministeriales irrumpieron en un domicilio donde se encontraban Zureyma González Martínez, entonces de 18 años, y su hermano Erik, de 23, para detenerlos por el presunto homicidio de un taxista ocurrido ese año. Los defensores señalaron que ambos fueron sometidos a tortura durante su detención y traslado, con el objetivo de obligarlos a confesar un delito. Al ser presentados ante un juez penal, no se acreditaron elementos suficientes para sostener la acusación. De acuerdo con la defensa, Erik González falleció en 2014 a consecuencia de lesiones internas que no recibieron atención médica. Los abogados indicaron que estas lesiones se originaron durante los actos de tortura sufridos en 2012. En 2024, la FGE solicitó nuevamente una orden de aprehensión con los mismos elementos integrados en la carpeta original. Zureyma fue detenida por segunda ocasión el 8 de enero de 2026, sin que se incorporaran nuevas diligencias o pruebas al expediente. Los abogados informaron que el Juez Primero de Primera Instancia en materia Penal Tradicional del Distrito Judicial de Coatzacoalcos dictó auto de formal prisión contra Zureyma González Martínez, hoy ingeniera petrolera de 34 años, por el presunto delito de homicidio doloso. Indicaron que la resolución se emitió pese a que en 2012 se decretó su libertad por falta de elementos, con la reserva de ley para continuar la investigación. La defensa solicitó la intervención de la fiscal general del estado, Aurelia Jiménez Aguirre; de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; de la gobernadora Rocío Nahle García; y de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que se revise el caso. Los abogados señalaron que buscarán instancias legales y de derechos humanos para que se analice la legalidad del proceso y las condiciones de detención, al considerar que se trata de un caso con antecedentes de tortura y revictimización.
|