Xalapa, Ver. (AVC).– El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, que alcanzó costas de Veracruz y Tabasco y se extendió por más de 650 kilómetros, era conocido por autoridades desde inicios de febrero, pero no fue contenido de forma efectiva ni se informó oportunamente a la población, denunciaron 36 organizaciones civiles.
De acuerdo con el análisis de imágenes satelitales, el vertido habría iniciado entre el 11 y el 17 de febrero en una embarcación cercana a la plataforma Abkatún, frente a las costas de Campeche, y llegó a cubrir hasta 50 km².
Las organizaciones señalaron que desde el 13 de febrero ya se observaban maniobras de contención con al menos cinco embarcaciones, lo que confirma que las autoridades tenían conocimiento temprano del incidente. Sin embargo, estas acciones resultaron insuficientes, lo que permitió la expansión de la mancha.
"El 14 de febrero, la mancha alcanzaba aproximadamente 50 km², equivalente a más de mil veces la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. El derrame continuó activo al menos hasta el 17 de febrero, dispersándose posteriormente por corrientes marinas y condiciones meteorológicas, lo que favoreció su llegada gradual a costas de Tabasco y Veracruz”, indicaron.
Las organizaciones acusaron que no hubo alerta pública oportuna sobre la magnitud del derrame ni sus riesgos, pese a que el Plan Nacional de Contingencia (PNC) obliga a notificar de inmediato y coordinar la respuesta interinstitucional.
También cuestionaron la falta de difusión de instrumentos técnicos como el Análisis de Beneficio Ambiental Neto (ABAN) y los mapas de sensibilidad, necesarios para evaluar la efectividad de las acciones implementadas.
Además, señalaron que a más de un mes del incidente no se ha identificado públicamente a la empresa responsable, ni se ha informado sobre el proceso de reparación de daños ambientales y a comunidades costeras.
Señalan omisiones en protocolo oficial
Las organizaciones firmantes denunciaron que el manejo del siniestro ha ignorado lineamientos del Plan Nacional de Contingencia, vigente desde 2023, el cual establece mecanismos obligatorios ante este tipo de emergencias.
Entre las principales omisiones, señalaron
Notificación inmediata: El protocolo obliga a informar de forma oportuna a autoridades y a la población. No obstante, pese a que había maniobras de contención desde el 13 de febrero, no se emitió ninguna alerta pública, lo que impidió a comunidades costeras tomar medidas preventivas.
Ante ello, hicieron un llamado a la Secretaría de Marina (Semar) para que informe:
Por qué no se activó el Nivel 3 de respuesta ante un derrame de esta magnitud.
Quién es la empresa responsable y el estado del proceso de compensación.
El informe técnico que debe emitir el Consejo del PNC tras la emergencia.
Advirtieron que este derrame se suma a otros incidentes vinculados con la actividad petrolera en el Golfo de México, en un contexto de expansión de la exploración en aguas profundas, lo que incrementa el riesgo de nuevos eventos.
Las organizaciones señalaron que estos hechos evidencian la necesidad de avanzar hacia una transición energética, ante los impactos ambientales y sociales asociados a la extracción y uso de hidrocarburos.
Fracking, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), CartoCrítica, A.C., el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México, Geocomunes y Nuestros Mares A.C.
También participan colectivos y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, Conexiones Climáticas, Defensa Verde Sonora, Espacio DESCA, Frente Yaqui Descentralizador, La Boca Nostra, Nuestro Futuro A.C., Planeteando, Sedepac Huasteca y Territorios Diversos Para la Vida (TerraVida), entre otras.
