Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval).- A nueve años de su detención, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, concluirá este 15 de abril su sentencia por lavado de dinero y asociación delictuosa; sin embargo, no recuperará la libertad debido a un nuevo proceso penal por peculado, por el que permanece en prisión preventiva.

 El exmandatario, recluido en el Reclusorio Norte, fue vinculado a proceso en febrero de 2026 por el presunto desvío de recursos públicos destinados al sector salud en 2012. El juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor determinó que el caso continúe abierto y fijó como plazo el 17 de agosto para el cierre de la investigación complementaria. 

La Fiscalía General de la República busca una pena de hasta 21 años de prisión por este nuevo delito. En tanto, la defensa impugnó la resolución judicial y obtuvo una suspensión que podría frenar temporalmente el avance del procedimiento. 

El cumplimiento de la condena original no modifica su situación jurídica. Duarte de Ochoa ya había sido rechazado para acceder a la libertad anticipada en noviembre de 2025, debido a que aún enfrenta procesos penales pendientes.

Además del caso por peculado, continúa abierto un proceso por desaparición forzada en agravio de un policía estatal en 2016. Aunque inicialmente no fue vinculado, la resolución fue impugnada, lo que mantiene vigente el expediente.

De la caída política al acuerdo judicial

La trayectoria judicial del exmandatario inició tras dejar el cargo en 2016, en medio de acusaciones por desvío de recursos públicos. Ese mismo año se libró una orden de aprehensión en su contra y meses después fue localizado en Guatemala.

En 2017 fue extraditado a México y, un año más tarde, aceptó los cargos mediante un procedimiento abreviado, lo que evitó un juicio público.

Como resultado, la acusación de delincuencia organizada fue reclasificada a asociación delictuosa, lo que derivó en una condena de nueve años de prisión y una multa económica. 

Señalamientos durante su administración

 Durante su gobierno (2010–2016), Duarte de Ochoa fue señalado por el uso irregular de recursos públicos destinados a salud, educación y programas sociales, así como por un esquema de empresas fantasma para el desvío de fondos federales.

Las investigaciones documentaron transferencias de dinero a cuentas alternas sin justificación, mientras que exfuncionarios señalaron el uso discrecional de estos recursos.

Su extesorero, Antonio Tarek Abdalá Saad, declaró en sede judicial que, por instrucciones directas del exgobernador, se transferían recursos de fondos federales a una “cuenta concentradora”. 

A estos señalamientos se sumaron casos como el suministro de medicamentos irregulares, la adquisición de insumos sin validez y el almacenamiento de productos caducos.

El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares denunció que a menores con cáncer se les habría suministrado un producto inerte en lugar de tratamientos oncológicos.

En paralelo, durante ese periodo, Veracruz se ubicó entre las entidades con mayores niveles de violencia contra periodistas, con múltiples casos documentados.

A casi una década de su detención, Javier Duarte de Ochoa permanecerá en prisión no solo por la condena que concluye, sino por los procesos penales vigentes que mantienen abierto su caso en el sistema judicial.